Alcalde de Talamanca solicitó a Fiscalía no allanar municipalidad durante pesquisas por caso Gandoca

Rugeli Morales Rodríguez, alcalde de Talamanca, buscó que el Ministerio Público no realizara un nuevo allanamiento en la municipalidad que dirige, al conocer que estaban en curso nuevas investigaciones por presunta tala ilegal dentro de la finca del empresario de apellidos Pacheco Dent en Manzanillo.

En un escrito de respuesta ante la solicitud que le envió la Fiscalía Adjunta Agraria Ambiental como parte de la investigación que se lleva a cabo en el expediente 24-000003-1851-PE, Morales pidió a ese despacho valorar la posibilidad de no hacer una nueva incursión en el inmueble municipal.

En esa causa se indagan varios delitos por la presunta tala ilegal en la propiedad de Pacheco, la cual tiene una parte del terreno dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, según peritajes hechos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) incluidos en el expediente al que tuvo acceso crhoy.

El fiscal Luis Diego Hernández Araya, solicitó el 3 de junio de este año, mediante el oficio 191-FAA-2024, un inventario certificado de calles públicas existentes en la costa, desde Playa Negra de Puerto Viejo hasta Gandoca Manzanillo (Regama), según consta en la prueba documental que se maneja en estrados judiciales y Morales respondió una semana después la petición del ente acusador aportando la documentación solicitada.

No obstante también le notificó a Hernández que a partir de ese momento el ayuntamiento figuraba como parte interesada en el proceso penal por lo que aportó a un abogado como representante para poder "revisar, solicitar y retirar fotocopias de la totalidad del expediente de referencia o cualquier archivo en formato digital".

Ante ese panorama puso a disposición toda la prueba documental necesaria que se encontrara dentro de la municipalidad, con el fin de que no se ejecutara un allanamiento en la sede del Gobierno local.

"Por este medio, hago saber al despacho judicial que, pongo a disposición según sea requerido, los archivos, expedientes, documentación y el personal de la institución que sea requerido con fines de la presente investigación, sin necesidad de que se gestione orden de allanamiento alguna de las instalaciones municipales, lo cual podrá ser facilitado de manera inmediata con solamente la indicación de los requerimientos del Ministerio Público, lo anterior con la finalidad de colaborar y apoyar en las diligencias de investigación y en la averiguación de la verdad real de los hechos que dentro de la presente causa se investigan", refirió Morales el 10 de junio pasado.

También solicitó en su condición de alcalde, ser notificado de todas las diligencias de investigación que se llevaran a cabo dentro de la causa o que estuvieran pendientes de realizarse tales como entrevistas de testigos, apertura de evidencia o cualquier otra que se practique con ocasión de la presente causa penal.

Intentamos contactar al alcalde, sin embargo, en la municipalidad indicaron que el funcionario estaba ocupado en sus labores; en un segundo intento nos brindaron el número de la secretaría, pero luego de hacer 5 intentos no contestaron las llamadas.

Al llamar a uno de los números registrados a su nombre, contestó uno de sus hijos, quien dijo que a su padre le decomisaron el celular en allanamientos recientes y no estaba autorizado a dar el otro número telefónico que estaba utilizando. Mientras tanto, el número que usualmente usaba Morales está desactivado.

Hubo más diligencias

A pesar de la solicitud del funcionario talamanqueño, la Fiscalía siguió el proceso de investigación y dirigió un allanamiento en 11 oficinas de la municipalidad, el pasado 20 de agosto en conjunto con varios despachos judiciales, pero relacionado con la causa 23-000250-1218-PE donde se indaga la posibilidad de que se cometieran presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

Este caso está vinculado con la presunta complicidad de intereses económicos dentro de la creación del Plan Regulador Costero de la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca, para el otorgamiento de permisos de construcción dentro de la zona restringida.

Antes de eso, el 21 de mayo las autoridades judiciales había realizado otro allanamiento en el municipio ligado a la investigación de los permisos otorgados a la finca de Pacheco Dent por el supuesto de delito de cambio de uso de suelo.

El terreno del empresario está ubicado dentro de 188 hectáreas de propiedades que formaban parte del Refugio, hasta que en 2014 se aprobó la ley 9223 con la que se modificó los límites de la zona protegida del Regama.

Pacheco fue detenido el 16 de julio junto a los funcionarios del Sistema de Áreas de Conservación (Sinac) de apellidos Campbell Lindo, Salas Rodríguez, Cruz Torres (regente forestal) y Camacho Calvo, como sospechosos de los presuntos delitos de cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.

El Sinac dio el permiso de tala en ese terreno el pasado 12 de abril, para el aprovechamiento de 29 árboles en pie, en un terreno de 12 hectáreas.

Pacheco donó terreno a municipalidad

Cuando el empresario estaba tramitando los permisos para la corta de árboles, el 12 de setiembre del 2023, envió una carta a los miembros del Concejo Municipal de Talamanca para solicitar que el gobierno local le aceptara como donación una franja de la finca donde estaba planteando derribar la vegetación.

Pacheco explicó en el escrito que como representante de Playa Manzanillo Sociedad Anónima, estaba dispuesto a regalar una parte de su propiedad para que posteriormente se declarara como camino público municipal ese espacio y así se incluyera en la lista de las rutas de la Red Vial Municipal del cantón de Talamanca.

"(…) se ocasionó un fuerte impacto sobre el ambiente, con la pérdida de los árboles en sí y de sus ecosistemas asociados, siendo la única intención, convertir el terreno mencionado en un potrero arbolado y que la Municipalidad de Talamanca emitiera la declaratoria de calle pública, como consta en el documento presentado ante el concejo Municipal donde pretendían donar una franja de terreno de las fincas aquí mencionadas para que se pudiera declarar como camino público e incluirla en la red vial  municipal", menciona la Fiscalía en su relación de hechos presentada al Juzgado.

El documento lo señala como un plan premeditado con el objetivo de urbanizar la zona y vender a particulares en altas sumas dinerarias los lotes que pretendía hacer.

El informe pericial DCF: 2024-00525-ING del OIJ destacó que el lugar inspeccionado como parte de las pericias donde se ubicaron los mojones (troncos cortados) se  encuentra fuera de la delimitación del Regama, pero dentro del área que fue contemplada en la Ley 9223 y en la cual se ordenó que se tiene que realizar estudio para determinación de los espacios de bosque-humedal.

Fue en esa zona donde se construyó el camino que está bajo investigaciones, del que en esta mismo dictamen se describe como "un segmento de 225 metros dentro de la zona marítimo-terrestre"

"El espacio del terreno indicado con el numeral 2, se encuentra dentro de la zona marítimo-terrestre y presentaba socola de vegetación menor", indica el informe.

 

 

Esa tesis es reforzada con el peritaje DCF: 2024-00801-BIO, donde se explica que el valor de cobertura vegetal promedio de las parcelas dentro de la finca de Dent es de 88,66% tomando en cuenta todas las parcelas muestreadas; mientras que el valor mínimo aceptado por la ley es de 70%.

Tomando en cuenta estos datos y la cantidad promedio de 125 árboles por hectárea en la propiedad, superando por mucho los 60 árboles mínimo que exige la ley para ser tomado en cuenta como bosque, se determinó que efectivamente se trata de una intervención de tala en zona boscosa.