(CRHoy.com) El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona se negó a responder las preguntas de los diputados, en torno a la investigación del caso Diamante en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Barahona se abstuvo de declarar alegando los derechos constitucionales que le permiten no responder, tras la investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía General y donde él es uno de los imputados.

Los legisladores aun así le hicieron preguntas sobre las presuntas irregularidades que se detallan en el informe de la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en torno a la destrucción de documentación en la municipalidad, a sobres encontrados con miles de dólares dentro, a armas en la oficina del alcalde y a órdenes de amedrentamiento que se dictaron por parte del alcalde.

Sobre el tema de las armas, el alcalde respondió que él tiene permisos de portación y que además participa activamente en los operativos de la policía municipal.

El jefe del gobierno local, quien lleva 12 años como alcalde de este cantón josefino, se rehusó a dar respuesta a estos temas.

Auditoría sin recursos

Antes de la audiencia con Barahona, la comisión tuvo en audiencia al auditor interno de la municipalidad, Erick Calderón Carvajal.

La diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, cuestionó si la auditoria realizó algún informe luego de que en el 2016, las contrataciones de obra pública de la municipalidad se concretaron para la empresa MECO, pasando del 30% hasta más del 80%.

Esta es una de las empresas constructoras en mira de la Fiscalía, por supuestamente haber entregado dádivas a alcaldes y otros funcionarios municipales a cambio de contratos de obra pública.

Sin embargo, Calderón explicó que él ingresó a la auditoría de la municipalidad en abril del 2018, y cuando asumió su esquema de trabajo se centró en auditorías al área contable, ya que el anterior auditor no auditó esta área.

Mencionó que a partir del 2022, y a luz de las investigaciones sobre la municipalidad, ha iniciado una investigación sobre los contratos de obra pública, en una etapa que es inicial recolectando la información.

También afirmó que le falta personal, ya que hoy solo cuenta con dos asistentes y le faltan dos más que se debían contratar desde febrero pasado.

Indicó que desde el 2019 ha solicitado al consejo municipal y a la alcaldía cuatro profesionales más que incluyen además un ingeniero para analizar técnicamente mucha de la información.

Pero indicó que la respuesta del alcalde fue que no podía contratar más personal.

Los diputados Eli Feinzaig y Vanessa Castro señalaron al auditor por la "lentitud" de sus acciones y apegarse a esquemas de trabajo rígidos que no le permite reaccionar ante circunstancias de urgencia como por ejemplo la del caso Diamante.