Agresores reincidentes no podrán acceder a beneficios penitenciarios
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa pretende aumentar las penas de prisión para quienes desacaten medidas de protección dictadas por los tribunales, especialmente en casos de violencia contra las mujeres.
Actualmente, la ley impone penas de 6 meses a 2 años por incumplir estas medidas, lo que permite a los agresores evitar la cárcel mediante beneficios como la ejecución condicional. La nueva propuesta eleva la pena de 2 a 4 años de prisión y excluye a los reincidentes del acceso a beneficios penitenciarios.
Además, plantea una reforma al artículo 59 del Código Penal para eliminar la posibilidad de que los jueces otorguen libertades anticipadas a personas que desobedezcan órdenes judiciales de alejamiento.
La diputada proponente del proyecto, la socialcristiana María Marta Carballo Arce, citó el caso de Valentina Elizondo Moscoso, una joven embarazada de 21 años asesinada por su expareja, quien tenía medidas de protección vigentes.
"Cada vez que una mujer es asesinada después de haber denunciado a su agresor, el sistema falla. Las medidas de protección no pueden seguir siendo simples papeles sin un valor real", afirmó Carballo.
Según datos del Poder Judicial, solo en 2023, de las 1.179 personas sentenciadas por incumplir medidas de protección, a 440 se les otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena, a 9 se les impuso una medida de seguridad y a 61 una pena alterna.
En lo que va del primer semestre de 2025, el país ha registrado 17 femicidios, varios de ellos con antecedentes de violencia y órdenes de alejamiento que fueron desobedecidas.
"La impunidad y la falta de consecuencias claras alimentan la violencia. Este proyecto busca romper ese ciclo. Una orden de protección debe ser un escudo, no una ilusión", concluyó la legisladora.