Advierten debilidades en CCSS y Conapam por violencia patrimonial contra adultas mayores
Un estudio de la Defensoría de los Habitantes reveló que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentan debilidades para detectar y atender casos de violencia patrimonial contra las personas adultas mayores.
La violencia patrimonial consiste en cualquier acción mediante la cual una persona se apropia, controla o perjudica los bienes, el dinero o el patrimonio de otra, generalmente una persona adulta mayor, sin su consentimiento. Con frecuencia, este tipo de violencia ocurre dentro del entorno familiar y resulta difícil de denunciar debido a la dependencia económica o emocional que la víctima mantiene con el agresor.
Algunos ejemplos de violencia patrimonial son:
- Obligar a una persona a firmar documentos para vender una propiedad.
- Apropiarse de su pensión o jubilación.
- Administrar su dinero sin autorización.
- Convencerla mediante engaños de ceder una vivienda, una cuenta bancaria u otros bienes.
- Impedirle disponer libremente de sus propios recursos económicos.
En uno de los casos analizados por la Defensoría no fue posible comprobar la existencia de violencia psicológica o patrimonial contra la persona adulta mayor. No obstante, la investigación permitió identificar deficiencias institucionales en la respuesta del CONAPAM y la CCSS ante posibles situaciones de este tipo.
El informe señala que el CONAPAM aún no cuenta con protocolos específicos para atender todas las modalidades de violencia contra las personas adultas mayores. Además, enfrenta limitaciones en recursos humanos, presupuesto e infraestructura. Por ello, la Defensoría recomendó elaborar y oficializar protocolos para la atención de todas las formas de violencia, definir un plan de capacitación para su personal y adaptar sus procedimientos al Código Procesal de Familia.
En el caso de la CCSS, la Defensoría indicó que la institución dispone de lineamientos para atender casos de violencia física y sexual, pero estos no contemplan de forma expresa la violencia patrimonial ni establecen mecanismos claros para detectarla y coordinar la atención con otras entidades.
Por esa razón, recomendó incorporar la violencia patrimonial dentro de sus protocolos de atención y fortalecer la coordinación con el CONAPAM, el Poder Judicial y las demás instituciones competentes.
