Acusan a Superintendente de Valores por incumplimiento de deberes en caso Aldesa

(CRHoy.com) La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual acusó a la superintendente general de Valores, María Lucía Fernández​ Garita, por aparente incumplimiento de deberes en el caso popularmente conocido como Aldesa.

El trámite fue dado a conocer la mañana de este lunes durante la sesión de Corte Plena, al leerse una nota remitida por el fiscal general interino Warner Molina Ruiz, en respuesta a una crítica que hizo una de las víctimas de aparente estafa de la empresa, llamada Flora Fernández Amón.

A otros cinco funcionarios, señalados como altos directores de la entidad supervisora, también se les achacó ese presunto delito. Los apellidos no fueron detallados en el documento leído ni durante una intervención que hizo el jefe del Ministerio Público ante los magistrados.

Fernández Garita indicó ante consulta de CRHoy.com que no se refirá al fondo del asunto por estar en curso. "Me encuentro tranquila y confiada en nuestro sistema de administración de justicia, donde se verificará la verdad real de los hechos y que he actuado a derecho bajo las normas legales", comentó por escrito la superintendente, quien ocupa el cargo desde el 1° de diciembre de 2017 y hasta ese día en 2022.

El fiscal general explicó que ese caso (21-000054-0621-PE) se separó del expediente principal (19-000157-1220-PE), dado que las penas para el delito que se investigó y acusó son bajas y existía riesgo de que los hechos prescribieran. Con la pieza acusatoria, el plazo de extinción de la persecución penal se congeló.

"Dentro del caso teníamos también en investigación la función que debieron cumplir y que no cumplieron, a nuestro juicio, los funcionarios de la Superintendencia General de Valores, que es la entidad llamada a controlar y supervisar, e inclusive, autorizar, operaciones de algunos intermediarios bursátiles.

"En este caso nosotros encontramos elementos suficientes para determinar que la Sugeval no hizo el trabajo que le correspondía. Eso empezando desde la propia superintendente, hasta cinco directores importantes de esa institución. Y por eso se les acusó de incumplimiento de deberes", manifestó Molina Ruiz al explicar la acusación formulada.

A este lunes, esa sumaria estaba pendiente de señalamiento para la audiencia preliminar (en la que se decide sin una causa va a juicio o no) en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, mientras que el legajo medular se mantiene en la fase de investigación.

CRHoy.com mantiene en trámite una consulta sobre los detalles de la pesquisa que se siguió contra Fernández Garita y los demás servidores.

Expediente voluminoso

El oficio enviado a los magistrados por Warner Molina Ruiz responde a un escrito que remitió el 1° de julio anterior Flora Fernández Amón, en el que reclamó "la indiferencia que todas las autoridades han mostrado frente al caso del despojo de capital más grande en la historia del país", en referencia a la investigación de una presunta estafa de Aldesa.

Dada la "desinformación", el fiscal general interino hizo un reporte general de la pesquisa con el objetivo de hacer un balance. Entre los datos que compartió destacan, por ejemplo, que se ha efectuado la revisión de más de 120 cajas de evidencias físicas, que la apertura de dispositivos electrónicos se mantiene en curso y que el expediente se compone de 13 tomos de investigación -sin considerar los de denuncia- y 3.605 folios de documentación relevante.

A ello abonó los 12 allanamientos efectuados el 10 de mayo junio de 2019 en nueve casas de gerentes y directivos de Aldesa, así como las oficinas de esa compañía, las del Grupo Sama y las de la Superintendencia General de Valores. Asimismo, mencionó -sin ahondar en detalles- solicitudes de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los implicados así como la revisión de "miles" de correos de funcionarios de la supervisora y las empresas investigadas.

De igual manera, recordó que, a solicitud de la Fiscalía, el presidente del Aldesa Corporación de Inversiones, S.A., Javier Chaves Bolaños, descuenta las medidas cautelares de impedimento de salida del país, prohibición para establecer contacto con testigos del caso y obligación para firmar cada dos meses en sede judicial. Esas disposiciones fueron ratificadas por el defensor del empresario, Francisco Campos Aguilar, ante consulta de este medio. También se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de algunas de las compañías investigadas, a petición del Ministerio Público.

"Con esto se pretende desvirtuar la inexacta y, ciertamente injusta, afirmación de que ‘existe una indiferencia o inacción de las autoridades'", escribió la cabeza del Ministerio Público en su carta.

Agregó que el 19-000157-1220-PE registra 20 denunciantes, pero que varios de estos -incluida Fernández Amón-, no aportaron respaldos sobre sus inversiones en la compañía, lo que reiteradamente obligó a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a buscar la información entre la evidencia recopilada, provocando retrasos en la verificación de los datos.

Sobre la víctima, a quien señaló de promotora de una manifestación de ofendidos que se llevó a cabo el 8 de julio anterior en la sede del Poder Judicial, en San José, detalló que esta presentó su denuncia -en representación de la empresa Osmunda S.A.- hasta el 10 de mayo anterior, por lo que negó que en su caso, se haya incumplido con el principio de "justicia pronta y cumplida".

"El caso tiene un buen ritmo de investigación. Se ha trabajado intensamente. Por eso consideramos injustos los reclamos que se nos hacen", aseveró Molina Ruiz, no sin antes justificar que incluso en países avanzados, este tipo de pesquisa toma entre 5 y 10 años.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, dio a conocer que tiene pendiente de recibir un informe que solicitó a la Contraloría de Servicios, sobre la tramitación del expediente en cuestión.

Nota del redactor: Esta publicación fue ampliada a la 1:25 p.m. del 18 de julio de 2022.