Acusación contra expresidente Alvarado regresa a investigación

(CRHoy.com).- Carlo Díaz, Fiscal General de la República, confirmó a CRHoy.com, en una entrevista, que la acusación que se había presentado contra el expresidente Carlos Alvarado, en el llamado "Caso UPAD" regresaría a la etapa de investigación y esto podría incluir la prueba que sea encontrada en los teléfonos y computadoras que fueron decomisadas al exmandatario en Casa Presidencial.

¿Por qué es importante? Porque la acusación presentada por el Exfiscal General a.i., Warner Molina, el 2 de febrero del 2022 pasado, no incluía ninguna de las posibles pruebas que se puedan extraer de los dispositivos electrónicos decomisados, tanto a Alvarado como a los demás investigados en este caso.

Precisamente, Molina respondió a CRHoy.com, el 17 de febrero del 2022, que presentó, en aquel momento, la acusación contra Alvarado ante el impedimento de abrir los dos teléfonos y una computadora del exmandatario.

"En el expediente 20-005434-0042-PE se investigan varios hechos presuntamente delictivos, relacionados con la violación a los derechos constitucionales y legales de la intimidad y autodeterminación informativa de la ciudadanía costarricense. En ese proceso se ha pretendido, de manera infructuosa, la apertura de los dispositivos electrónicos (celulares, computadoras, USBs, etc.), sin que a la fecha haya sido posible, debido a múltiples gestiones de las partes, especialmente de la defensa de algunos imputados. Sin embargo, dado el poco avance obtenido, a finales del año pasado se tomó la decisión de separar los hechos denunciados que no dependieran de la prueba informática. Es así como, se generó el nuevo expediente 22-000006-0033-PE, como un testimonio de piezas del expediente 20-005434-0042-PE, únicamente por los hechos relacionados con la redacción, firma y publicación del decreto ejecutivo 41996-MP-MIDEPLAN ‘Creación de la Unidad de Análisis de Datos (UPAD)'. En la emisión y publicación del citado decreto, participaron únicamente el Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia, quienes aún conservan su respectiva condición como miembros de los supremos poderes", respondió Molina Ruiz en ese momento.

Ahora, el actual Fiscal General, Carlos Díaz, aseguró que al dejar de ser el expresidente Alvarado, miembro de los Supremos Podres, su caso pasa a la vía ordinaria, específicamente a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la cual debe tramitar el caso ante el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

"Ahí se van a readecuar los procedimientos (en la Fiscalía de Probidad), se va a unir a las causas que se llevaban ahí mismo contra otras personas que no eran miembros de los Supremos Poderes y en ese proceso está, tiene que readecuarse el procedimiento", dijo Díaz.

¿Qué pasa con la prueba, específicamente con la que pueda ser extraída de celulares o dispositivos electrónicos?

-La prueba va a ser analizada por los fiscales, y de lo que ahí derive, ellos tomaran la decisión que corresponda con objetividad, y ellos decidirán si la prueba da para una eventual acusación, o si no da tendrán que tomar la decisión de desestimar o sobreseer la causa.

¿Lo cierto es que el prevaricato contra el expresidente Alvarado se devuelve de la acusación a estado de investigación?

-Exactamente.

Los abogados del expresidente, Rodolfo Brenes y Róger Guevara, indicaron que como la Fiscalía fracasó en el primer objetivo, cuando acusó hace un año a Alvarado Quesada, pretende hacer de nuevo la acusación, argumentando de que al pasar el caso a la etapa ordinaria porque ya no es presidente, debe modificarse la pieza acusatoria, lo que a criterio de los abogados es ilegal, incorrecto y falso.

"Para que se entienda claramente, una acusación describe hechos que se consideran delictivos y que según la Fiscalía puede probar ante un tribunal. Esos hechos no cambian porque el acusado haya dejado de ser funcionario público con fuero de especial, o porque se le juzgue por un proceso distinto.

Los hechos investigados y acusados son los mismos y no cambian, independientemente de la condición del acusado. Así que, si la acusación se hizo conforme a la ley, lo que procede es que el Ministerio Público la sostenga y la promueva, como solicitamos formalmente a la Fiscalía. Y si la acusación se hizo de manera arbitraria, sin que tuviera fundamento alguno, lo que procede es que la Fiscalía, actuando de manera objetiva y leal, lo reconozca y ordene la desestimación de la causa", indicaron por medio de un comunicado de prensa.

Tanto Brenes como Guevara manifestaron que maniobras jurídicas indebidas, como la anunciada de hacer acusaciones nuevas que no proceden, le hacen daño a la institucionalidad democrática, no solo al acusado. "Por eso no deben permitirse ni tolerarse y debe prevalecer la legalidad de los procedimientos. Como hemos dicho y reiterado, don Carlos Alvarado enfrentará este proceso y dará todas las explicaciones que correspondan, seguro de que no cometió ningún delito. Pero, como sus abogados, velaremos porque el proceso se lleve adelante respetando el Estado de Derecho, el debido proceso y sus derechos legales y constitucionales", manifestaron.

CRHoy.com dio a conocer el caso el 21 de febrero del 2020, cuando denunció la publicación del decreto 41.996-MP-Mideplan que establecía la creación de la UPAD y que le daba a dicha organización la potestad para el manejo de datos personales de cada costarricense.

En ese momento, el Ministerio Público le asignó el número de expediente 20-005433-0042-PE donde además del Expresidente y del exdiputado Víctor Morales Mora, son investigados otros exfuncionarios de Casa Presidencial encargados de la recolección de la información para la UPAD.

Sin embargo, el Exgiscal General a.i. decidió separar el expediente por medio de lo que se llama un "testimonio de piezas" bajo el número 22-000006-0033-PE, para acusar a Alvarado Quesada y Morales Mora.

Dicha acusación se hizo sin que todavía se haya podido obtener prueba de los teléfonos, computadoras o correos electrónicos que demuestren que el Presidente había leído el decreto 41.996-MP-Mideplan y había autorizado su publicación.

Precisamente, el 10 de febrero del 2021, en una comparecencia ante la Asamblea Legislativa, el mandatario negó haber leído el decreto y dijo que solamente había constatado que estuvieran las firmas de los jerarcas, en este caso el Ministro de la Presidencia y del Ministerio de Planificación.