Acuerdan vía rápida a plan para aplazar entrada en vigencia de ley de contratación pública
(CRHoy.com) -La Asamblea Legislativa acordó este jueves tramitar por medio de una vía rápida un proyecto de ley para aplazar por un año la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública.
Un total de 40 diputados aprobaron una moción para dispensar de todo trámite, excepto el de publicación, a la iniciativa impulsada por la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La propuesta, que se tramita bajo el expediente 23.471, consiste en una modificación a esa normativa, aprobada el 18 de mayo de 2021, para posponer por un año la fecha de rige de la ley establecida para el próximo 1 de diciembre.
La ley obliga a todas las instituciones públicas a usar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y cumplir una serie de parámetros de transparencia.
También incluye la simplificación de trámites para la gestión de las compras públicas mediante tres tipos de procedimientos ordinarios (licitación mayor, licitación menor y licitación reducida).
Asimismo, plantea la optimización del régimen recursivo para brindar mayor eficiencia y seguridad jurídica a los operadores.
De acuerdo con estudios económicos sobre el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aumentar la contratación pública puede generar importantes ahorros fiscales.
Estimaciones de la Contraloría General de la República apuntan que al digitalizar los procedimientos para la adquisición de obras, bienes y servicios públicos, el Estado podría ahorrarse cerca del 1,55% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, poco más de ¢541 mil millones.
Quienes avalan la decisión de aplazar la entrada en vigencia de la ley sostienen que algunas entidades no están listas para los cambios y que el Ministerio de Hacienda aún trabaja en el reglamento que establecerá el modelo tarifario del Sicop.
Legisladores que han cuestionado la propuesta han argumentado que hubo suficiente tiempo para alistar la reglamentación a la ley y que aplazar su entrada en vigencia sería un incumplimiento a los compromisos adquiridos con la OCDE.

