Acción legal intenta frenar nuevos permisos de tala en Manzanillo

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de la Hacienda tramita una solicitud para detener cualquier tala de árboles en Manzanillo y en sus sectores alrededor, con el fin de proteger los bosques y humedales, y conservar la vida silvestre y especies en peligro, ante el aparente cambio de uso de suelo e irregularidades con la extracción de madera.

Se trata de una medida cautelar que pretende ordenar al Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) suspender cualquier autorización de deforestación en territorio que sea patrimonio natural.

Propiamente, la petición de la cual crhoy.com tiene copia pretende:

Se ordene al SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN la suspensión del otorgamiento de cualquier permiso de corta de árboles, que se encuentre en trámite en las propiedades inscritas y futuras a inscribirse, identificadas por el Estado en sectores de cobertura boscosa, provenientes de la finca número 39050 del Partido de Limón, por tratarse de una zona considerada como bosque, humedales, manglares y Patrimonio Natural del Estado (PNE), actuaciones que generan o poseen un alto impacto a zonas de alta fragilidad ambiental, según los oficios SINAC-SE-IRT-211-2020 y SINAC-SE-IRT-015-2021, ambos emitidos por SINAC. 

Walter Brenes, abogado especializado en derecho ambiental fue quien hizo la solicitud ante los Tribunales. Para el jurista, es fundamental que una orden judicial detenga futuras concesiones de explotación forestal, mientras se recuperan los terrenos que pertenecen al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, que actualmente están en manos privadas.

Este caso guarda una relvancia importantísima porque va a dejar en evidencia que a pesar de que se trata de parte del Refugio Gandoca – Manzanillo, el SINAC ha venido otorgando permisos de corta, presuntamente en terrenos que no son propiedad privada, sino propiedad estatal. 

Ante una omisión marcada por parte del INDER y en una forma realmente preocupante por parte del SINAC, se han venido aprovechando recursos forestales que nunca debieron hacerse aprovechado.

Esperamos que esto marque un antes y un después, y que ya de una vez por todas se puedan detener declaraciones tan peligrosas como las de un presidente de la República indicando que por ser propiedad privada, aunque sea bosque se puede explotar. 

Aún más delicado, un ministro de Ambiente que realmente no ha demostrado que sus raíces que antes se le conoció en principio como un ecologista, ahora realmente se ha cambiado completamente de bando y ahora se dedica a explotar de una forma desordenada y sin ningún tipo de medida los recursos naturales de Costa Rica. 

La jueza a cargo del expediente, no avaló de forma inmediata la suspensión, sino que le dio tres días a la representación del SINAC y del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), para que contesten de forma escrita y ofrezcan la prueba que estimen conveniente.

Este medio consultó a ambas instituciones su posición mediante los encargados de prensa. MINAE manifestó que aún no han sido notificados y al cierre de la nota no hemos obtenido respuesta del INDER. También se consultó al Poder Judicial sobre el avance del expediente desde el 6 de julio en adelante, pero dicha gestión está en trámite.

El Tribunal Contencioso también ordenó notificar a la Procuraduría General de la República, institución que funciona como abogado del Estado, para que manifiesten si se apersonarán como interesados. Crhoy.com consultó a la entidad si se apersonarán, pero señalaron que no han sido notificados.

¿Por qué la petición?

De acuerdo con la solicitud de medida cautelar, el proyecto de titulación Limón- BIRF 2764, nació a partir del Decreto No. 18220 del 15 de marzo de 1988, que generó la finca No. 39050 del Partido de Limón, la cual estuvo inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y fue cerrada en enero del 2009.

Posteriormente, la Sala Constitucional ordenó al SINAC en julio del 2019, que en un plazo de 12 meses delimitara correctamente el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo. Esto tras resolver una acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la Ley No. 9223, que redujo la superficie de esta área protegida.

Además, el 7 de marzo del 2022, mediante oficio DAA-OFI-370-2022 emitido por la Procuraduría General de la República, se enlistaron los terrenos inscritos, identificados por el SINAC en sectores de cobertura boscosa, provenientes de la finca 39050, Partido de Limón.

Son alrededor de 137 propiedades que la Procuraduría encomendó al INDER devolver al Patrimonio Natural del Estado, pero hoy en día se siguen otorgando permisos de corta de árboles, totalmente prohibidos para esta zona, según indica la petición de medida cautelar.

De acuerdo con la petición, las obras de construcción en las propiedades señaladas ha generado un evidente cambio de uso del suelo, a pesar de existir una prohibición en la Ley Forestal, lo cual constituye una infracción seria.

Con esta acción judicial, también se pretende que el Tribunal Contencioso Administrativo ordene generar un plan para la recuperación del bosque, en resguardo, vigilancia y fiscalización del mismo SINAC, apegado a las características biofísicas, ecológicas y legales de Gandoca Manzanillo.

Además se alega, que tanto la Ley de Ambiente como las convenciones internacionales, obligan a Costa Rica a proteger los humedales, como es el caso del ecosistema Gandoca – Manzanillo, y que por ende existe una amenaza de daños graves ante la corta de árboles y la construcción de edificaciones que son parte de una zona de bosque.

Otro aspecto es que existen en esta zona especies que habitan en esa zona de Limón, que están en peligro o riesgo de extinción y es obligación del Estado, conservar esta vida silvestre.

Finalmente, advierte la petición del abogado Walter Brenes que el freno a nuevos permisos es necesario  porque el riesgo de la tardanza o demora del proceso principal, podría traducirse en daños marginales que suceden por la dilación de obtener una sentencia definitiva. Cita la solicitud:

En ese sentido, el grave daño está sucediendo por otorgar permisos de corta de árboles, a pesar de la prohibición de cambiar el uso del suelo y establecer plantaciones forestales en terrenos cubiertos de bosque, que son Patrimonio Natural del Estado, afectando la conservación ambiental. Esta medida, busca preservar los bosques y especies, reflejando el compromiso de salvaguardar la biodiversidad y servicios ecosistémicos cruciales en el país.

La petición de la medida cautelar bajo el expediente 24-004400-1027-CA es un proceso legal paralelo y separado al expediente penal que persigue la Fiscalía Ambiental y la Fiscalía Anticorrupción, sobre las supuestas irregularidades en el otorgamiento de un permiso forestal a un empresario de apellidos Pacheco Dent.

 

Nota del editor: publicación actualizada a la 1:30 p.m. con la réplica de MINAE.