Abogado de Meco: “A nadie le interesa que esto dure 50 años”; esta es la lista de audiencias suspendidas

A ninguna de las partes le conviene que el Caso Cochinilla se prolongue durante décadas. Así lo afirmó el abogado Erick Ramos, quien sostiene que la inmovilización de las empresas investigadas desde 2021 ha generado un impacto financiero "gigantesco", lo que —según dijo— descarta cualquier intención de la defensa de dilatar el proceso.

El representante legal explicó que, bajo la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, el patrimonio de las compañías permanece congelado y cualquier movimiento requiere autorización judicial, lo que ha implicado costos económicos significativos y exigencias adicionales de acreedores.

Según detalló, desde 2021 el juez ordenó la inmovilización de personas jurídicas, lo que implica que el patrimonio de las compañías queda completamente congelado y cualquier movimiento financiero requiere autorización judicial.

"Esa inmovilización significa que el patrimonio de la empresa queda absolutamente congelado y solo con anuencia del juez se pueden hacer movimientos", indicó.

Ramos agregó que la medida también alcanza a la junta directiva, de modo que cualquier modificación en los estatutos o cambios societarios debe contar con autorización del juez penal, previa audiencia a las partes.

"Aquí nadie puede darse el lujo de que esto dure cinco, diez o quince años, a nadie le sirve especialmente a mis clientes. El costo es altísimo y eso la Fiscalía lo conoce", afirmó.

Consideró que atribuir a la defensa los atrasos del proceso responde a la presión pública generada en torno al caso, pero insistió en que las empresas tienen interés en que el expediente avance y se resuelva conforme a derecho.

"El año pasado se hizo la reforma en los artículos 35 y siguientes del Código Penal y al artículo 62 de la Ley Anticorrupción, y el plazo de prescripción de los delitos funcionales es de 30 años, con una circunstancia adicional que este caso está declarado crimen organizado, entonces aplican todas las causales de interrupción de prescripción. Entonces, aquí ningún asunto se va a resolver por prescripción, a nadie le interesa que dure 50 años o 40 o 20", añadió el abogado.

Informe de audiencias en cinco años

Un recuento de audiencias solicitado por CR Hoy al Ministerio Público detalla que, al menos en 14 ocasiones, entre el 13 de julio de 2021 y febrero de 2026, no se han podido realizar audiencias debido a la interposición de recursos de apelación o a choques de agenda de los abogados defensores.

Según el informe remitido, en varios casos las audiencias fueron señaladas y suspendidas minutos antes de su inicio. En otros casos, durante el propio desarrollo de la diligencia se presentaron gestiones de la defensa que obligaron a reprogramarlas a la espera de una resolución judicial. También se registraron suspensiones por alegatos de conflictos de agenda o incapacidades médicas de los representantes legales.

En el expediente del Caso Cochinilla se han registrado múltiples suspensiones y reprogramaciones de audiencias desde el año 2021, producto de recursos legales, conflictos de agenda, incapacidades médicas y gestiones tanto de la defensa como del propio Ministerio Público.

El 13 de julio de 2021 se interpusieron recursos de apelación junto con seis adhesiones, lo que marcó el inicio de una serie de reprogramaciones. Posteriormente, el 23 de agosto de ese mismo año se señaló vista para setiembre; sin embargo, el 8 de setiembre fue dejada sin efecto a solicitud de la defensa por choque de agendas.

El 21 de octubre de 2021 se fijó nueva vista para noviembre, pero nuevamente se suspendió por conflicto de agenda alegado por la defensa. Situación similar ocurrió el 12 de abril de 2022, cuando se programó audiencia para mayo y luego fue cancelada a petición de la defensa.

El 23 de mayo de 2022 se señaló vista para junio de ese año, pero en esa ocasión fue suspendida por imposibilidad del Tribunal. Más adelante, el 27 de octubre de 2022 se fijó audiencia para diciembre, la cual también se suspendió a solicitud de la defensa debido a una incapacidad médica.

En 2023 continuaron las reprogramaciones. El 25 de abril se suspendió una audiencia destinada a citar a un testigo que se encontraba fuera del país. El 6 de julio se programó vista para setiembre, pero fue dejada sin efecto por incapacidad de un juez. Luego, el 4 de setiembre se fijó nueva fecha para octubre; no obstante, la diligencia se suspendió debido a una recusación planteada por la defensa contra la jueza.

El 20 de noviembre de 2023 se volvió a señalar audiencia para diciembre, pero fue suspendida por choque de agenda e incapacidad médica. El 29 de noviembre se intentó nuevamente fijar fecha para ese mismo mes, aunque otra vez fue dejada sin efecto a solicitud de la defensa.

Para el 16 de agosto de 2024 se programó vista para octubre; sin embargo, el Ministerio Público solicitó que se dejara sin efecto lo actuado por el primer juez, quien ya no formaba parte del Tribunal, y pidió acumular nuevos recursos que se encontraban en trámite.

El 7 de enero de 2025 se señaló nuevamente audiencia para ese mes, pero el Tribunal Penal la dejó sin efecto por trámites internos del despacho. Posteriormente, el 4 de julio de 2025 la Fiscalía reiteró su solicitud de anular lo actuado por el primer juez y que se fijara una nueva fecha.

En 2026 las suspensiones continuaron: el 12 de enero la audiencia fue suspendida por la interposición de una apelación y, en febrero, se canceló nuevamente por falta de notificación a las partes.

En el caso Cochinilla figuran 69 imputados y 28 empresas permanecen inmovilizadas, en el marco de una investigación que atribuye un supuesto perjuicio económico al Estado por ₡78 mil millones, cifra que ha sido cuestionada tanto por informes técnicos como por las defensas de los imputados.