Abogado de exdiputada respalda que se mantenga investigación en el Congreso contra Fabricio Alvarado

Los abogados de la exdiputada Marolin Azofeifa sostienen que la comisión legislativa creada para investigar las denuncias contra el diputado Fabricio Alvarado por acoso tiene la capacidad legal para continuar con las pesquisas contra el congresista de Nueva República pese a la existencia de una denuncia penal.

El legislador y excandidato presidencial pretende frenar una investigación en su contra en el Congreso por las recientes acusaciones públicas de acoso y agresiones de índole sexual, bajo el argumento de que la víctima lo denunció ante la Fiscalía y de que ambos procesos son incompatibles, según indicó en un escrito dirigido al órgano legislativo.

David Delgado, uno de los abogados de Azofeifa, dijo que la comisión parlamentaria sí tiene competencia para conocer la denuncia, porque el procedimiento que se tramita en el Congreso es meramente administrativo y de carácter disciplinario, regulado por el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas.

Ese procedimiento tiene como finalidad determinar si existió una falta administrativa y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en ese reglamento, como la amonestación ética pública. Por ende, es paralelo y separado de la causa penal que se abrió.

"La existencia de una investigación penal no elimina ni suspende la competencia administrativa. La apertura de una investigación penal ante la Fiscalía no impide que la Asamblea Legislativa ejerza su potestad disciplinaria.

Se trata de procedimientos distintos, con reglas, objetivos y consecuencias diferentes. El instrumento jurídico que aquí se utiliza es el Código Penal. Mientras el proceso penal busca determinar la eventual comisión de un delito, el procedimiento administrativo analiza una posible falta disciplinaria en el ejercicio de la función pública.

Hemos denunciado una serie de hechos por acoso sexual, pero también hemos denunciado hechos descritos como un delito de abuso sexual de una persona mayor de edad", detalló Delgado.

El abogado explicó que la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional ha señalado que es válido que se tramiten de forma independiente un proceso penal y un proceso disciplinario por los mismos hechos, precisamente porque cada uno resuelve responsabilidades distintas en sedes diferentes.

Esto, añadió, no violenta el principio constitucional de no juzgar o sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho.

"De igual forma, es importante hacer ver que la falta de contestación podría conllevar consecuencias procesales como tener por acreditados los hechos de la denuncia", añadió Delgado.

Fabricio alegó que, al presentar Marolin una denuncia ante la Fiscalía, él no puede defenderse en ambos procesos. Según el legislador, sus abogados le instruyeron no referirse al caso fuera de los tribunales de justicia y que será únicamente en la vía judicial donde se refiera a los hechos.

"La denunciante anunció que eligió actuar en la vía judicial sobre la presente vía administrativa, presentando una denuncia ante la Fiscalía General, la cual aún no conozco y de la cual no se me ha dado traslado. De esta manera me encuentro en un grave estado de indefensión.

Al elegir la vía jurisdiccional penal sobre la administrativa, me han instruido mis abogados acatar la incompetencia que sobrevino sobre el presente procedimiento, dado que ambos procesos (judicial y administrativo) son incompatibles simultáneamente en lo que respecta a mi ejercicio de los derechos de defensa y debido proceso", cita el documento presentado por Alvarado, al cual CR Hoy obtuvo acceso.