A 15 días de elecciones, Ramos apuesta por alivio crediticio como gancho de campaña
Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), busca persuadir a los electores con un plan que pretende "quitar las manchas crediticias" de los ciudadanos.
Se trata de una estrategia de alivio crediticio que contempla la reducción de las tasas de interés y la creación de esquemas de refinanciamiento que "les devuelvan oxígeno a los hogares y permitan a las familias volver a ponerse de pie", dijo el aspirante verdiblanco.
La propuesta ha sido mencionada por el liberacionista en los recientes debates en los que ha participado. Sin embargo, este viernes el candidato y su campaña convocaron a una conferencia de prensa y realizaron un despliegue mediático con la intención de posicionar el plan entre los electores, a 15 días de la elección del 1.º de febrero.
"Costa Rica: el costo de la vida se ha vuelto insostenible. Muchas personas trabajan duro todos los días y, aun así, no logran llegar a fin de mes ni ver un horizonte de tranquilidad. Esta realidad ha empujado a miles de familias a endeudarse para sobrevivir, acumulando deudas que hoy ya no pueden pagar", dijo Ramos.
El aspirante explicó que el planteamiento conlleva una serie de reformas legislativas orientadas al alivio crediticio, la educación financiera y el denominado "derecho al olvido financiero".
Mencionó que el plan resulta urgente luego de que, tras la pandemia de la COVID-19, los sectores productivos no lograran recuperarse y, por el contrario, se vieran afectados por las políticas económicas impulsadas por la actual Administración.
Añadió que su eventual administración buscaría el apoyo del sector financiero para poner en marcha la propuesta. En ese sentido, señaló que existen instrumentos como los fondos de avales y los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo para "compensar" al sector bancario.
Según datos aportados por la campaña liberacionista, en el país actualmente un 62 % de las causas judiciales obedecen a deudas financieras. La problemática, señalaron, afecta a unas 700 mil familias sometidas a cobros judiciales.
También se indicó que un 40 % de los trabajadores activos se encuentra excluido del financiamiento.