645 jubilados conservarán pensiones de ¢2,5 a ¢9 millones

Un exclusivo grupo de 645 exempleados o sus herederos seguirán recibiendo mes a mes los millonarios montos de sus jubilaciones o pensiones. Esto a pesar de los cambios que hagan los diputados en los próximos meses al régimen de jubilaciones del Poder Judicial.

Entre estas 646 personas, consumen -por año- ¢27.000 millones de colones de dicho fondo entre jubilación, pensión mensual y aguinaldo. En este régimen, "jubilación" se entiende como el beneficio que reciben las personas que trabajaron y aportaron para el fondo y "pensión" es el beneficio que reciben los herederos de los jubilados cuando estos mueren. Tienen derecho a heredar el 100% del monto de la jubilación.

La base de datos del fondo de jubilaciones del Poder Judicial, de la cual CRHoy.com tiene copia, muestra enormes diferencias entre los montos de jubilación y pensiones de este selecto grupo a las del resto de los 2.958 beneficiarios y los salarios de los cotizantes que aportan a dicho fondo.

Ese desbalance entre ingresos moderados y gastos exagerados genera incertidumbre en el futuro del régimen, preocupación que ha sido reiterada por la Superintendencia de Pensiones (Supen) que insiste en que si este fondo entra en problemas, en el futuro se convertirá en una carga monetaria para el Gobierno.

Dentro de ese exclusivo grupo existe una jerarquía mayor que logró las 35 jubilaciones (pensiones) más altas de la entidad, estas superan los ¢5 millones mensuales y en su mayoría corresponden a exmagistrados de la Corte o a sus parejas, que heredaron el 100% del beneficio tras su fallecimiento y que lo mantendrán de por vida.

Actualmente la pensión más alta la recibe la viuda de un exmagistrado de apellido Mora, cuyo beneficio supera los ¢9.1 millones de colones al mes, solo ésta persona consume ¢118.3 millones del fondo cada año.

Este monto anual lo recibe desde el 2013 y algunos críticos del fondo cuestionan que lograra la herencia del 100% del monto de la jubilación de su marido difunto, ya que no es una costumbre en otros regímenes de pensiones y además no se hizo un estudio socioeconómico para determinar la necesidad del mismo.

Le siguen varias pensiones que rondan los ¢8 millones de colones al mes, entre ellas la del exmagistrado que era el presidente de la Sala IV en 2010, cuando dicho órgano eliminó el tope al monto de las pensiones del Poder Judicial.

El magistrado se jubiló pocos días después de la polémica decisión que disparó las pensiones millonarias en el fondo, ya que antes de esa fecha el monto máximo del beneficio era de ¢2,5 millones (equivalente al salario de un diputado de la época). Dicha decisión terminó beneficiando al exmagistrado quien recibe desde entonces ¢7,5 millones al mes.

Otro miembro del exclusivo grupo es el exmagistrado Víquez, quien trabajó y aportó al fondo durante 29 años con un salario menor a los ¢2.3 millones como juez en San Ramón, pero en 2010 fue nombrado magistrado de la Sala Tercera y tras siete meses en el puesto se acogió a su jubilación, logrando triplicar el monto a ¢6.8 millones al mes.

Varios diputados concuerdan en que reducir los montos de estas jubilaciones es una tarea casi imposible y que el fondo está condenado a seguir pagando las jubilaciones millonarias hasta que mueran los beneficiarios y sus herederos, ya que se consideran derechos adquiridos. Entre las opciones para para reducir dichas pensiones están las cotizaciones escalonadas, pero todo dependerá de los acuerdos que se logren dentro de la comisión que analiza los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Un régimen de desigualdades

Además de los altos montos de algunas pensiones, otros dos problemas preocupan en este sistema: el porcentaje del aporte que hacen los empleados y la edad de retiro.

Los empleados del Poder Judicial cotizan cuatro veces más a su fondo de pensiones que un trabajador del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues hacen un aporte que alcanza el 11% del salario. Sin embargo, las estimaciones de la Supen no demuestran que esto permita que el sistema sea sostenible a futuro, especialmente en el caso de las jubilaciones que superan los ¢5 millones mensuales.

De los 12.938 cotizantes actuales al régimen, menos de 2.500 lo hacen en base a salarios superiores a los ¢2,5 millones de colones y más de 7.000 empleados tienen salarios menores al millón de colones, es decir, el grueso de los cotizantes aportan poco dinero a un régimen que gasta ¢27 mil millones de colones anuales en pensiones millonarias de 645 exempleados. Esto eleva alertas en cuanto a la sostenibilidad del sistema y el riesgo de su eventual recargo a las finanzas del Estado.

Otro dato que arroja la base datos del régimen de jubilaciones del Poder Judicial es que, al menos 13 de las 50 personas con pensiones superiores a los ¢5 millones de colones no superan los 65 años, muchos se pensionaron con 55 años de edad y 30 de servicio. Según la Supen, este es uno de los puntos que inevitablemente- deben modificarse, sobre todo porque en Costa Rica la expectativa de vida ronda los 80 años.

Recorte que une a la Asamblea

Pareciera que el único proyecto de ley que unirá a los diputados para inicios del 2017 serán las reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial. Los jefes de fracción coinciden que en un año preelectoral y con las dificultades que vienen en abril con la lucha por la presidencia de la Asamblea, las modificaciones a las jubilaciones sería el único logro relevante en el plenario durante el primer trimestre del año.

Los diputados esperan un informe actuarial que presentaran los profesionales de la Universidad de Costa Rica para afinar la propuesta que se estudia en comisión y que fue presentada por los gremios del Poder Judicial.

"En Liberación Nacional estamos dispuestos a acabar con los beneficios odiosos y groseros y yo creo que será una prioridad cuando volvamos a plenario", explicó Maureen Clarke del PLN. En la misma línea opinan Franklin Corella de Acción Ciudadana y Edgardo Araya del Frente Amplio.

Otto Guevara no ve un panorama optimista a lo interno de la Asamblea en cuanto a acuerdos se refiere;  insiste en que los cambios al régimen de pensiones deben ser profundos y acabar con todo tipo de abusos. "Se deben acabar esas pensiones millonarias; los magistrados no son una clase superior, ellos no cotizan lo suficiente para esas pensiones y lo que va a pasar es que dentro de unos años el Gobierno -con nuestros impuestos- va a pagarles sus pensiones de lujo".

El Gobierno es el jefe en el Poder Judicial, ya que se financia con el presupuesto que aporte el Poder Ejecutivo y el régimen está garantizado por el Estado, por lo que las reformas son necesarias para garantizar la salud del sistema.

"Es un proyecto urgente que se ha atrasado muchísimo, vamos a esperar qué sale de la comisión para que lo votemos los diputados, ojalá en febrero mismo. Definitivamente el proyecto debe bajar ese régimen de pensiones a tierra, los empleados del Poder Judicial no pueden mantener pensiones millonarias. Si quieren esos montos, deben empezar a cotizar el 96% de su salario y obviamente no lo van a hacer… Hay que establecer topes realistas y cotizaciones mayores y además subir la edad a la que adquieren el beneficio", explicó Mario Redondo del partido Alianza Demócrata Cristiana.

"No hay forma de evitar el problema"

Álvaro Ramos, Superindentende de Pensiones, se refiere así al tema.

¿Qué debe modificarse en el régimen de pensiones del Poder Judicial?
"Primero, en la Supen pensamos que las reformas a la edad, beneficios y aportes deben estar fundamentados en un estudio actuarial técnico e independiente del Poder Judicial, no lo que ellos decidan internamente.

Segundo, creemos que el fondo de jubilaciones necesita un gobierno corporativo independiente de la administración del Poder Judicial. El día a día del Poder Judicial está pegado y mezclado a la administración del fondo y eso no es saludable. Debería existir una junta administradora del fondo de pensiones, tal y como existe en el Magisterio Nacional. Esa Junta podría tomar decisiones independientes, sin involucrar a los magistrados y a la directora ejecutiva, que actualmente tienen muchas otras responsabilidades y además toman decisiones económicas del fondo siendo ellos abogados.

Es necesario que la junta esté integrada por personas que entiendan bien la materia económica, con especialidad en pensiones, para que puedan velar por la salud del fondo. Actualmente no existe nadie que pueda dar un balance actuarial y que tenga experticia en dicha materia".

¿Cuáles son los riesgos de no reformar el fondo de jubilaciones ahora?

"Muchos. Ya han pasado cosas malas anteriormente. Por ejemplo, se han tomado decisiones que han puesto en riesgo el fondo, esto porque se han extendido beneficios para los que no se estaba preparado a largo plazo. Recordemos que el Estado -como patrono y como garante en el Poder Judicial- tiene doble responsabilidad y si colapsa, el dinero saldrá del Gobierno… Siempre se está hablando de fondos públicos, porque la institución no genera recursos.

También existe el riesgo de seguir creando condiciones favorables para un grupo específico y creando desigualdad."

¿La Supen va a sugerir parámetros específicos a los diputados para que incluyan en el proyecto de ley?

"La Asamblea nos ha pedido consejo en más de una oportunidad y ya hemos dado nuestro criterio y es muy difícil que las cosas salgan bien si no se toman todas las recomendaciones. Le hemos dicho a los diputados que no existe una forma de evitar este problema, lo que hay que buscar es una forma de enfrentarlo, transparentarlo y solucionarlo. No vamos a sugerir tasas de cotización ni edad de jubilación, pero hay cálculos matemáticos edad-aporte-beneficio que indican cuál es la fórmula adecuada".

"Queremos ponerle tope a las pensiones millonarias"

Adriana Orocú, Presidente de la Asociación de la Judicatura, del Poder Judicial, asegura que el gremio de trabajadores está de acuerdo con que se implementen reformas al ssistema.

¿Están de acuerdo en que los diputados reformen su régimen de jubilaciones?

"Sí, los gremios de trabajadores del Poder Judicial estamos de acuerdo en que se discuta y se aprueben reformas al régimen de jubilacione. De hecho, el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa fue el que nosotros escribimos con sustento técnico, con la opinión y los estudios de economistas y actuarios que proyectaron un sistemas saludable y sostenible sin afectar la economía del fondo y mucho menos sin necesitar la ayuda del Estado".

¿En qué beneficios están dispuestos a ceder y cuáles no se pueden tocar?

"Nosotros estamos conscientes que hay cosas qué modificar para tener un fondo saludable. Lo primero que establecemos fue un tope a las pensiones altas y por eso fijamos como máximo un techo de 12 salarios base. Esto por el tipo de cotización que hacemos que actualmente alcanza el 11% del salario. De este modo, las jubilaciones no excederían los ¢4.7 millones al mes.

Para las jubilaciones que ya están otorgadas y que superaran ese tope, tendrían que aportar un 20% del excedente al fondo como cotización especial.

En el caso de la herencia, proponemos que no se herede el 100% en caso de muerte, sino que se haga un estudio socioeconómico primero y que se establezca como monto máximo un 80% para los cónyuges o hijos solteros que estén estudiando.

Queremos que se haga una reforma para que se pueda invertir en préstamos y obra pública, para que genere mayores intereses y además modificar la forma de administrar el fondo para que tenga una junta administradora con participación de los trabajadores, de las personas pensionadas y de los miembros de la Corte, con soporte técnico.

No vamos a ceder en cambios antojadizos o políticos  que no tengan soporte técnico".

¿Por qué permiten que continúen pensiones altas?

"La cifra de ¢4,7 millones al mes no es un invento, sale de una sugerencia actuarial que establece un rango de 8 a 12 salarios base y consideramos que debe ser el techo. Los trabajadores del Poder Judicial cotizan el 11% al fondo de pensiones, eso es cuatro veces que lo que cotiza un trabajador del IVM".

¿Les da temor que este proyecto una a los diputados en época preelectoral?

"Nos causa suspicacia que este tema sea el más importante del país en este momento. Es un año preelectoral, hay muchos intereses y de acuerdo a los intereses de algún diputado así va a ser su posición… Nos preocupa el ruido que se ha hecho con respecto a los fondos de pensiones, porque refleja direcciones ideológicas del manejo de las cuestiones públicas. Ahí se podrían dar apadrinamientos, sin embargo estamos confiados en la responsabilidad de los diputados y en que se van a seguir los criterios técnicos.

Este fondo existe antes que el de la CCSS y nunca ha necesitado del financiamiento del Estado y así lo queremos mantener. No es un fondo de lujo, el 68% de los jubilados reciben pensiones que van desde los ¢175.000 a ¢1.500.000".

¿Las pensiones millonarias son un abuso al fondo?

"Son una inconveniencia actuarial para el fondo, porque lo legal lo permite y las personas se acomodan a esas condiciones. Sin embargo tenemos claro que nosotros tenemos que estar topados".