6 funcionarios de BCR SAFI intervinieron para que “grupo criminal” de exdiputado ganara $54 millones, según expediente

Una supuesta organización criminal integrada por el exdiputado Humberto Vargas Corrales, su hijo Humberto Óscar Vargas Sotres y los socios Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Giovanni Barrantes Marín, según detalla la orden de allanamiento del caso BCR SAFI, habría tenido injerencia en una sociedad anónima que adquirió en $16 millones el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para luego vendérselo a la subsidiaria del Banco de Costa Rica en $70 millones con la colaboración de al menos 6 funcionarios de la entidad bancaria.

El documento que sustentó las 16 diligencias realizadas este jueves, por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) se elaboró con el propósito de ubicar evidencia documental y electrónica relevante para la investigación del expediente 21-000209-1218-PE.

Este caso está ligado a la presunta compra con sobreprecio de al menos nueve propiedades por parte del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIND), administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), a sociedades anónimas vinculadas al exlegislador.

El Parque Empresarial del Pacífico es un complejo de bodegas ubicado en Esparza, Puntarenas, con una extensión de 540.400 m². El FIND lo adquirió el 20 de febrero del 2020 en $70 millones bajo una negociación que estipuló un pago inicial de $42,8 millones y el resto mediante la entrega de tres inmuebles valorados en $15.488.000. Como parte del acuerdo, BCR SAFI retuvo $8.800.000 por obras pendientes en las edificaciones.

El contrato se gestionó directamente con la sociedad 3-101-746316 S. A., constituida el 31 de julio de 2018 por Saray Hernández Vega y Kimberly Ramírez Arley. El 12 de setiembre de ese año, Manrique Gutiérrez Loría y Giovanni Barrantes Marín asumieron como representantes y adquirieron el PEP por $16 millones.

"Sin determinar fecha exacta pero sí durante octubre de 2019, el proyecto de negocio fue presentado en forma directa por el grupo vendedor (sin la intermediación de ningún tercero) a BCR SAFI S.A. y les fue suministrado un dispositivo de almacenamiento USB con un único documento de información general sobre el proyecto, en formato PDF denominado 'Polo Desarrollo del Pacífico', en el cual se incluyó información general del inmueble y algunas fotografías del sitio del proyecto en proceso de construcción para octubre 2019", detalla la orden.

Funcionarios registraron detalles falsos

A partir de ese momento intervinieron los primeros funcionarios del Banco de Costa Rica, muchos de los cuales ahora figuran como imputados en la causa por supuestas faltas a su deber de probidad al favorecer al Grupo Económico de Interés de Vargas Corrales, al que el expediente señala como organización criminal.

"El Ing. Marco Carbajal Soto, Supervisor Unidad de Ingeniería, Ing. Luis Carlos Gutiérrez Chaves, Ingeniero Unidad de Ingeniería y Natalia Garro Acuña, Jefatura de Proyectos y Adquisiciones a.i. emitieron el informe UII-010-2019 de nombre 'Resumen de Estimación del Valor de Inmuebles', en el cual indicaron que se realizó una visita al inmueble en octubre de 2019, definieron el tipo de cambio al día 17 de octubre de 2019 y registraron falsamente un detalle de las edificaciones y áreas valoradas, determinando falsamente un valor mínimo de $65.643.670,00 y un valor máximo de $72.553.530,00. Resultado que, según los imputados, se obtuvo al utilizar el método de costos y el estado aparente de lo que observaron en la visita".

El documento añade que estos funcionarios influyeron en el procedimiento de adquisición al asignar al Parque Empresarial del Pacífico un valor superior al real mediante la inserción de información falsa en la estimación de valor, uno de los dos pilares sobre los que se basó el procedimiento de compra de bienes de BCR SAFI.

El 8 de noviembre, el Analista Financiero de Proyectos y el Administrador de Proyectos de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, en apariencia utilizaron la información del grupo vendedor para elaborar el análisis financiero y determinar el valor del activo a partir de su capacidad de generar rentabilidad. Para ello tomaron en cuenta flujos de arrendamiento inexistentes en ese momento y fijaron de manera incorrecta un valor de US$91.239.199,00.

"De esta manera impulsaron el cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el procedimiento de adquisición de bienes influyendo, dirigieron y condicionando en razón de su cargo, para que se produjera un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública al darle al PEP un valor superior al real mediante la utilización de información falsa para la elaboración de la Valoración Financiera, el cual constituye la otra piedra angular sobre la cual se basa el procedimiento de adquisición de bienes de BCR SAFI S.A."

Ese mismo día se realizó la sesión 07-19 del Comité de Inversiones de BCR SAFI. Natalia Garro Acuña, entonces jefa de Proyectos y Adquisiciones a. i., participó y presentó el proyecto de compra del Parque pese a que, según la orden, incumplió el deber de probidad y el principio de legalidad.

"El proyecto consta de tres naves que se utilizarán como bodegas, así como de patios de almacenamiento de equipo de construcción y contenedores. Actualmente es una sola finca la cual está en desarrollo y se adquirirá conforme sea colocado con una ocupación del 100 %", dijo en el comité.

Ese órgano lo integraban Álvaro Camacho de la O, subgerente general a. i. del BCR; David Brenes Ramírez, gerente general de BCR Seguros; Freddy Morera Zumbado, gerente regional de Análisis de Crédito del BCR; Juan Carlos Bolaños, gerente de Negocios de Banca Corporativa, y Luis Guillermo Corrales Zúñiga, miembro externo. También asistieron Rosnnie Díaz Méndez, gerente a. i. de BCR SAFI, y Marlon Sequeira Gamboa, gerente de Negocios de BCR SAFI a. i.

La orden detalla que Garro influyó para que el proyecto del Parque avanzara a la siguiente etapa del procedimiento sin que se atendieran los aspectos que revelaban un valor superior al real.

Camacho, Brenes, Morera, Bolaños y Corrales, "apartados del deber de probidad, cuidado y lealtad", acordaron por unanimidad dar por conocido el perfil del proyecto sin profundizar en dudas financieras u operativas y autorizaron continuar con una iniciativa que no cumplía los requisitos para ser adquirida.

Tres contratos previos

Al concretarse la venta, la sociedad vinculada al presunto grupo criminal ofreció un contrato de garantía por salida anticipada de los arrendamientos de los inquilinos Albosa S. A., Almacén Fiscal PC S. A. y 3-102-791282 SRL (Rhino Waste Management Corp.).

Además, se firmó un contrato de prestación de servicios con Aguram S. A., que asumiría de manera gratuita la administración y mantenimiento del Parque Empresarial del Pacífico.

"De manera tal que, mediante la ejecución de todos estos actos de comercio se produjo un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés público al pagarse un precio superior al valor real del inmueble objeto de la negociación", señaló la Fiscalía.

Tras los allanamientos de este jueves, el fiscal a cargo, Carlos Benítez, confirmó que la causa cuenta con 14 imputados. Hasta ahora figuran:

• Humberto Vargas Corrales.
• Humberto Vargas Sotres.
• Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Barrantes Marín, socios de Vargas.
• Rosnnie Díaz Méndez, exgerente de BCR-SAFI durante la compra del PEP.
• Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Banca Corporativa del BCR.
• Álvaro Camacho de la O, exsubgerente de Banca Corporativa del BCR.
• Marlon Sequeira Gamboa, exgerente de Negocios y Proyectos a. i. de BCR-SAFI.
• Natalia Garro Acuña, exjefa de Proyectos a. i. de BCR-SAFI.
• Álvaro Jiménez Villegas, exabogado de la SAFI.
• Un arquitecto y un ingeniero de la SAFI, de apellidos Carvajal y Gutiérrez.
• Dos arquitectos externos.