48 % del personal docente destina más de la mitad de su salario a deudas

Cinco de cada diez docentes tienen más de la mitad de su salario comprometido en deudas. Así lo reveló el Estudio sobre las condiciones y desafíos de los docentes y del Magisterio Nacional, elaborado por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro).

El informe fue presentado la mañana del lunes 17 de noviembre como parte del primer estudio que contó con la participación de 9.398 colegiados, cuyas respuestas representan una muestra significativa de la diversidad del Magisterio Nacional.

Según los datos presentados, un 48 % de los docentes consultados reportó que deben utilizar más de la mitad de su salario mensual para cubrir compromisos financieros. Esta situación se extiende tanto a docentes interinos como a propietarios, lo que evidencia que la estabilidad laboral no garantiza estabilidad económica. Solo un 6 % de los consultados afirmó no tener deudas.

En el caso del personal en propiedad, el estudio muestra que un 85 % tiene deudas que superan el 25 % de sus ingresos mensuales. Más de la mitad de este grupo indicó que destina un 51 % o más de su salario al pago de obligaciones, lo que les deja un margen financiero mínimo para cubrir el costo de vida.

Además, un 43 % afirmó que estas condiciones económicas le motivan a considerar la opción de buscar otro empleo o renunciar, mientras que un 6 % ya contempla dejar el sistema educativo por completo.

Los resultados del estudio subrayan que el endeudamiento no es un problema aislado, sino una condición extendida entre el personal docente, que afecta directamente su motivación, estabilidad y bienestar.

La combinación de salarios percibidos como insuficientes y obligaciones financieras elevadas mantiene a gran parte del magisterio en una situación de vulnerabilidad económica que podría impactar el desempeño y la permanencia en el sistema educativo.

Insatisfacción salarial

El estudio también señaló que existe una marcada insatisfacción salarial entre el personal docente del país, la cual ha derivado en altos niveles de endeudamiento que presionan su bienestar y estabilidad económica.

De acuerdo con los resultados, solo un 11 % de los  participantes manifestó estar totalmente satisfecho con su salario, mientras que un 46 % dijo sentirse insatisfecho o solo parcialmente satisfecho (43 %) con la remuneración que recibe en relación con la carga laboral y las responsabilidades propias de la labor docente.

Un 79 % considera que el salario no corresponde al esfuerzo, a las horas laboradas ni al costo de vida actual.

Esta percepción negativa se vincula directamente con los niveles de endeudamiento reportados, los cuales evidencian la presión financiera que enfrenta una parte importante del magisterio y que condiciona su bienestar.

El estudio también analizó las diferencias en la satisfacción salarial según el tipo de régimen. Un 12 % de la muestra indicó encontrarse bajo el esquema de salario global, mientras que un 84 % percibe salario por componentes. El restante 4 % labora en centros educativos privados.

Los datos muestran que la mayor insatisfacción se concentra entre quienes reciben salario por componentes, mientras que quienes están bajo el régimen de salario global reportan niveles más altos de satisfacción. De acuerdo con el análisis, esta diferencia podría estar asociada a la estabilidad y previsibilidad que ofrece el sueldo global frente a la variabilidad del sistema tradicional.

En cuanto al porcentaje de aumento salarial que las personas participantes consideran necesario para satisfacer adecuadamente sus necesidades, un 41 % indicó requerir un incremento superior al 20 %, mientras que solo un 3 % manifestó estar conforme con un ajuste entre el 0 % y el 5 %. Este resultado refleja la percepción generalizada de que el salario actual no cubre de manera suficiente el costo de vida ni las demandas económicas cotidianas.

La Ley Marco de Empleo Público

La Ley n.º 10159, conocida como Ley Marco de Empleo Público, regula las relaciones laborales dentro del sector público y aplica únicamente a los funcionarios que ingresen a partir de su entrada en vigencia en instituciones sujetas a su cobertura. Las personas contratadas antes mantienen sus condiciones previas, incluido el salario por componentes.

El cambio más relevante es la implementación del salario global, un monto único que reconoce la totalidad de los servicios prestados al Estado, sin incentivos ni pluses adicionales. Para su aplicación, se diseñaron columnas salariales que indican los puestos y las remuneraciones correspondientes, las cuales deben publicarse en la Plataforma Integrada de Empleo Público.

Durante un periodo de transición de seis meses, los nuevos ingresos reciben un salario global temporal, que incluye el salario base más puntos por título académico, experiencia y otros factores, conforme al Servicio Civil. Una vez definidas las columnas definitivas, el salario se vuelve fijo e inmodificable.

La ley prohíbe negociar aumentos salariales o crear incentivos mediante convenciones colectivas y establece criterios estrictos de reclutamiento basados en la idoneidad del aspirante, prohibiendo el nepotismo y la contratación de personas inelegibles.

Además, los funcionarios bajo este esquema estarán sujetos a evaluaciones anuales de desempeño fundamentadas en metas individuales y productos concretos. No obstante, la ley no contempla el despido automático de funcionarios interinos, quienes conservarán su relación laboral y derechos adquiridos.