400 funcionarios judiciales buscan trasladarse a régimen del IVM

(CRHoy.com) Más de 400 funcionarios presentarán su renuncia al Fondo de Jubilaciones y Pensiones (FJP) del Poder Judicial, en un intento porque se les trasladen sus cuotas al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), lo que les daría acceso a un 9% de sus salarios, por la diferencia de aportes obreros entre sistemas.

Las gestiones fueron interpuestas en forma individual ante la Junta Administradora del Fondo, que de entrada consideró que tales solicitudes no tienen lugar; explicó a CRHoy.com la jueza Jennifer Arroyo Chacón, una de las administradoras del chat (puede suscribirse en este enlace) en el que se agrupan los interesados en la iniciativa.

Una de las gestiones -a la que este medio tuvo acceso- fue planteada el 23 de mayo. En ella, la servidora -cuya identidad se reservará- alega que, con motivo de su cargo, se le obliga a pertenecer a un régimen de pensiones "absolutamente desventajoso" en relación con el universal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La carta detalla que la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas le produjo un congelamiento salarial, a pesar de que la inflación o costo de la vida incrementó -e incrementará- el costo de los bienes y servicios. A ello abona que la variación en el cálculo de los componentes (al pasar de pluses porcentuales a montos nominales) de carrera profesional, prohibición y dedicación le generó una "considerable disminución" en la liquidez del salario.

Agrega que con la nueva Ley Marco de Empleo Público se pasó a todo el personal de un sistema de incentivos a uno de remuneración compuesta que permanece congelado de manera indefinida, al tiempo que para los funcionarios de nuevo ingreso se estableció un salario global "mucho menor" al que se ganaba en el mismo puesto.

Todo ello ocurre mientras los pensionados de la Corte Suprema de Justicia continúan recibiendo aumentos semestrales por costo de la vida; mismos que provienen del Fondo de Jubilaciones. Tal situación representa un "riesgo lógico" para el régimen, menciona la misiva.

Se tiene también que la Sala Constitucional estudia una acción de inconstitucionalidad contra el aporte que hace el Poder Judicial en las pensiones de sus servidores; la cual la Procuraduría General de la República (PGR) pidió fuera declarada con lugar en un informe dado a conocer el 18 de mayo por Delfino.cr.

Debe agregarse que la Asamblea Legislativa ya tiene en su corriente una propuesta para equiparar la carga de la Corte (14,36%) a su Fondo de Jubilaciones con el que hace el Estado (5,26%) en el de Invalidez, Vejez y Muerte.

"Con todo este panorama es claro que la situación de obligarnos a pertenecer a un fondo distinto al de la Caja Costarricense del Seguro Social, crea una desventaja y desmejora en nuestra calidad de vida, lo cual se traduce en una violación a los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad", expone la petición.

Para la solicitante, no existen razones para impedir un traslado de régimen, en el tanto que el de Invalidez, Vejez y Muerte tiene rango constitucional.

La gestión se fundamentó en el artículo 33 de la Constitución Política, de libertad de asociación. Sin embargo, además se aducen infracciones a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.

Se pide además que en cualquier proyecto de ley relacionado con el Fondo de Jubilaciones se incluya una norma ordinaria o transitoria que habilite a los funcionarios adscritos a elegir entre continuar en ese régimen o trasladarse de manera voluntaria al de la Caja de Seguro Social.

Rechazo inmediato

La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones señaló que las renuncias a su régimen no son legalmente posibles, como se extrae de la respuesta dada a otra servidora el 24 mayo; correo del cual CRHoy.com también tiene copia.

Esto en el tanto que el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los servidores de esa institución deberán conformar un fondo junto al Estado y la Corte; mientras que el numeral siguiente dispone que los trabajadores deben hacer un aporte equivalente al 13% del sueldo que devengan.

"La única forma de renunciar al fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es renunciando directamente a la institución y en el momento en que cuente con los requisitos para jubilación en el de Invalidez, Vejez y Muerte, solicitar el traslado respectivo del tiempo laborado para la Corte Suprema de Justicia", se lee en una de las respuestas dada por la Junta Administradora.

Sobre este particular, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Poder Judicial.

Origen y explosión

La juzgadora Jennifer Arroyo Chacón comentó en entrevista telefónica con este medio que, si bien la preocupación por la estabilidad del Fondo de Jubilaciones es de larga data, fue hasta hace dos semanas y media que un grupo considerable se empezó a organizar en procura de un cambio.

"Se han unido una serie de aspectos en su conjunto que generaron que el grupo creciera mucho en muy poco tiempo, porque surge la necesidad de, como funcionarios judiciales, nos organicemos para plantear las acciones que corresponden, porque queremos ir tanto a la vía administrativa como a la jurisdiccional, si es necesario, e incluso tener reuniones con diputados", explicó la representante del grupo.

La decisora insistió en que la intención es que al personal judicial se le brinden las mismas posibilidades que tuvieron los servidores de otras instituciones, como por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y el Magisterio Nacional.

De igual manera, recalcó que debe hacerse una diferenciación respecto a las altas pensiones que disfruta una minoría, frente a la que recibe el grueso de los 12.000 servidores de la Corte Suprema Judicial.