40 expedientes están en el limbo por falta de magistrados suplentes en la Sala Constitucional
Al menos 40 recursos de amparo, hábeas corpus y otros expedientes permanecen en el limbo, sin avance ni posibilidad de trámite, debido a la falta de nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Constitucional.
Así lo confirmó el presidente de ese alto tribunal, Fernando Castillo. Se trata de casos que ya fueron presentados y que, por algún motivo, los magistrados propietarios no pueden tramitar, esencialmente por inhibitorias o excusas.
Esto ocurre cuando alguno de los altos jueces se abstiene de decidir sobre el fondo de un asunto, por razones como haber conocido expedientes similares con anterioridad, para evitar afectar su imparcialidad o por eventuales conflictos de interés, por ejemplo.
Esta cuarentena de expedientes ha quedado estancada a la espera de que la Asamblea Legislativa —órgano que designa a los magistrados— proceda a llenar las vacantes.
"Al no existir suplentes y al darse el caso de algunas inhibitorias necesarias que han presentado magistrados o todo el pleno, esos asuntos no hay quien los resuelva. Habrá que esperar a que hayan los respectivos suplentes para darle el trámite. Mientras no hayan, no quedan suspendidos sino como en un limbo", señaló.
De acuerdo con Castillo, se han intentado algunas medidas paliativas, como sesionar con mayor frecuencia; sin embargo, aun así no dan abasto.
"La Sala ha hecho un gran esfuerzo. Hemos sesionado todos los días con dos excepciones por razones de salud de algunos compañeros, pero fuera de eso la Sala ha sesionado de forma rigurosa todos los días que corresponde", añadió.
Cada año aumenta la cantidad de expedientes: en 2025 se cerró con más de 40.000 recursos interpuestos por ciudadanos.
Esta Sala de la Corte Suprema de Justicia tiene a su cargo la protección contra actos u omisiones de autoridades o de particulares que violen derechos fundamentales como la salud, el trabajo, el medio ambiente, la educación, la igualdad y el libre tránsito.
También tiene a su cargo la revisión de leyes, decretos o actos sujetos al Derecho Público, cuando contravengan la Constitución Política o el Derecho Internacional. La decisión sobre los nombramientos recae en el Congreso, luego de que vencieran los periodos de los suplentes.
Días atrás, la diputada Alejandra Larios, presidenta de la Comisión de Nombramientos, aseguró que desde el momento en que ingresó el expediente de estas magistraturas se le ha dado un trámite expedito y que sería cuestión de semanas para proceder.
De momento, continúan con las entrevistas y otros pasos previos a la votación en el plenario.
Otras consecuencias
La falta de magistrados suplentes también afecta parte del trabajo de la Corte Plena, de la cual los magistrados constitucionales, propietarios y suplentes, forman parte.
Tal como dio a conocer CR Hoy el 12 de febrero, la designación pendiente de magistrados suplentes mantiene frenado el avance de la acusación penal que afrontan el mandatario Rodrigo Chaves Robles, el canciller Arnoldo André Tinoco, la diputada Pilar Cisneros Gallo y otros, por las irregularidades detectadas en el financiamiento de la campaña electoral de 2022.
Desde mediados de 2025, la Fiscalía General de la República presentó una acusación penal contra Chaves y seis miembros más de los Supremos Poderes por el caso conocido como Financiamiento Jaguar.
Aunque el Tribunal de la Corte Plena ha intentado conocer el expediente, se ha dificultado la conformación del pleno de magistrados para analizar la causa. Desde el 13 de octubre, el expediente permanece estancado en esta fase.
Carlo Díaz, fiscal general de la República —quien condujo la investigación y elevó la pieza acusatoria para análisis de la Corte— confirmó en entrevista la paralización.
"Al no nombrarse los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, todavía no se puede conformar el Tribunal de la Corte Plena para tomar la decisión. Ese es el atraso que existe en ese expediente", explicó.
La Corte ni siquiera ha podido comenzar a estudiar el expediente en el fondo. Algunos magistrados han presentado abstenciones o impedimentos para participar en el caso. Para la conformación del Tribunal se requiere la totalidad de las 22 magistraturas.
Según el Ministerio Público, los acusados habrían recurrido a dos estructuras paralelas para costear gastos electorales de 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en contravención del Código Electoral.
La pieza acusatoria fue remitida a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, ya que los imputados gozan de fuero especial de improcedibilidad —denominado inmunidad— que impide procesarlos por la vía judicial ordinaria.
Además del mandatario, fueron acusados el exvicepresidente Stephan Brunner Neibig y los diputados Paola Nájera Abarca, Waldo Agüero Sanabria y Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta fundadora del PPSD.
A los acusados se les aplica un procedimiento penal especial establecido en la Constitución Política, el cual impide su detención mientras conserven el fuero y exige la intervención de la Corte y del Congreso antes de iniciar cualquier proceso judicial formal.
Las indagaciones del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmaron la existencia de esquemas que, aunque no se declaraban explícitamente como tales, operaron como estructuras paralelas para inyectar recursos y pagar gastos de la contienda.
Uno de estos mecanismos fue un fideicomiso constituido el 25 de febrero de 2021 por la agrupación Costa Rica Próspera, cuyo objetivo declarado era apoyar las aspiraciones políticas de Rodrigo Chaves.
El informe del TSE —IDI-DFPP-007-2024— fue secuestrado por la Fiscalía a inicios de este año y dado a conocer al público por CR Hoy el 1.° de febrero.
La investigación reveló que, incluso antes de la ratificación de la candidatura presidencial de Chaves, ocurrida el 4 de julio de 2021, ya se estaban ejecutando gastos orientados a respaldar la acción política del grupo.
Entre el 2 de septiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022 se activó una segunda estructura de financiamiento paralelo en beneficio del partido oficialista.
Esta también respaldó la candidatura a diputado de Waldo Agüero Sanabria. Según el informe, en esa red participaron al menos el banquero Jack Loeb Casanova y Sofía Agüero Salazar, hija del actual legislador.
A través de ese esquema se gestionaron más de ₡12 millones y $208.844 en gastos de naturaleza político-electoral, sin ser reportados ni en los informes intermedios ni en los balances anuales del partido, como exige la ley.
Ellos dos y los demás implicados en las estructuras paralelas que no cuentan con inmunidad son investigados por separado en el expediente N.° 22-000210-0276-PE, bajo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La Fiscalía concluye que ambos esquemas operaron al margen del control del TSE y de la tesorería del partido, lo cual vulnera principios fundamentales como la legalidad, la transparencia y la publicidad en el financiamiento político.