4 partidos señalan al PLN y a fabricistas por retrasar plan que declara al país libre de explotación de petróleo y gas
Audiencia de ministro y representante de empresarios se había aprobado desde octubre, también al momento en que plan estaba listo para votar en comisión
Diputados de 4 fracciones legislativas señalaron "maniobras" y "tácticas dilatorias" por parte de las bancadas de Liberación Nacional (PLN) y de Nueva República (PNR) para impedir que el proyecto de ley que pretende declarar a Costa Rica como un país libre de exploración y explotación de petróleo y gas avanzara en su trámite en comisión y pasará a discutirse al plenario legislativo para su votación.
Este martes en la mañana en la Comisión de Ambiente del Congreso estaban convocados en audiencia para referirse a este expediente legislativo el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach y el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), José Álvaro Jenkins.
Hay que mencionar que estas 2 audiencias se habían aprobado desde el 31 de octubre del año pasado, justamente el día en que el proyecto de ley se iba a someter a votación en la comisión para que pasara al plenario.
Sin embargo, este martes tanto Tattenbach como Jenkins se ausentaron de la audiencia con la comisión y pidieron que se les reprogramara para las próximas semanas, retrasando así, una vez más, la votación del proyecto en la comisión.
Tras la cancelación de Tattenbach y Jenkins, el oficialista y proponente del proyecto, Manuel Morales, presentó una moción para dejar sin efecto estas audiencias y poder avanzar con la votación del proyecto, la cual que se viene arrastrando desde octubre.
Morales apeló que durante las consultas a los distintos sectores sobre el proyecto a lo largo del año pasado ya el Minae y la Uccaep habían dejado clara su oposición al texto. Mencionó que se podía prescindir de estas audiencias para que el plan lograra avanzar.
La Uccaep, como parte de su propuesta energética aboga por "la explotación sostenible" de gas natural y petróleo, entre tanto en enero pasado la actual Administración Rodrigo Chaves Robles reiteró el interés en que Costa Rica consiga suficientes datos para determinar si es viable explorar y explotar gas natural y petróleo.
La moción para dejar sin efecto estas audiencias y poder dictaminar el plan este martes -para que pasara al plenario- fue votada en contra por los liberacionistas Óscar Izquierdo (jefe de fracción), Gilbert Jiménez y Katherine Moreira junto con los fabricistas David Segura y Rosalía Brown, quienes dijeron que era "prudente" conocer la posición del Ejecutivo y de los empresarios, a pesar de que ya se habían recibido sus opiniones.
A favor de la moción para desconvocar las audiencias de Tattenbach y Jenkins votaron Morales-proponente-; la socialcristiana, Daniela Rojas y el frenteamplista, Ariel Robles. Los 3 legisladores cuestionaron a los liberacionistas y a los fabricistas por insistir con estas audiencias y señalaron que eran parte de una estrategia dilatoria para impedir el avance del proyecto.
La diputada del Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero, no votó esta moción, pero señaló estar de acuerdo con darle audiencia a Tattenbach y Jenkins la semana entrante y que, de no presentarse, si desconvocarlos y votar el proyecto en la comisión.
Hay que mencionar, además, que el plazo de este expediente en la Comisión de Ambiente venció desde el pasado 17 de octubre.
Durante la pasada campaña electoral de 2022, el hoy diputado y entonces candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, defendió la exploración y explotación de petróleo en el país frente a sus rivales por ganar la Presidencia de la República. Alvarado dijo que esta práctica, a la que se oponían el resto de excandidatos por su impacto ambiental, podría generar desarrollo y combatir problemas como la pobreza.
Así lo aseguró el exaspirante presidencial y hoy legislador en el debate presidencial organizado por Noticias Monumental el 1 de febrero de 2022.
En el país, la exploración y explotación de petróleo se encuentra vetada hasta 2050 por medio de un decreto y de moratorias firmadas desde el 2002 por los gobiernos de Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada.
Sin embargo, este podría ser revocado por cualquier mandatario que lo considere oportuno.
