(CRHoy.com) -Cuatro acciones impulsadas por el Gobierno en los primeros tres meses de mandato de Rodrigo Chaves contradicen la promesa de contener el gasto público que el hoy Presidente de la República hizo como candidato en su campaña política.

Del 2008 al 2020, el gasto público en Costa Rica aumentó un 87% y los gobernantes lo administran como si fuese el dinero de nadie. Nosotros prometemos rendirlo al máximo.

Con esas palabras, Chaves ofreció, en su plan de gobierno, disciplina con el gasto público. Incluso, agregó que la primera acción para lograrlo era: "Aplicar la reforma fiscal, sin excepciones".

Sin embargo, cuatro acciones del Gobierno, tres de ellas impulsadas directamente por Chaves, dejan en el aire esas palabras.

Una de las decisiones más contundentes en ese sentido fue el decreto que el Presidente firmó el pasado 23 de junio para aflojar la regla fiscal creada por la Asamblea Legislativa en 2018 para fijar un tope al crecimiento del gasto público de acuerdo con la situación del país.

La decisión presidencial motivó a la Contraloría General de la República (CGR) a presentar una acción judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo para suspender la aplicación del decreto.

La entidad fiscalizadora alegó que esa medida (el decreto) permitirá aumentar el gasto público y provocará efectos negativos "inmediatos e irreversibles" sobre el déficit fiscal, el endeudamiento del Gobierno y los objetivos del país para alcanzar la sostenibilidad financiera.

La modificación a la norma, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, permitirá al Gobierno aumentar el gasto público, especialmente el corriente, que incluye salarios, intereses y servicios.

Algunas estimaciones indican que la flexibilización de la regla fiscal permitirá al Gobierno elevar el gasto público en más de ¢400 mil millones en 2022.

El 23 de junio anterior, también quedó en firme la decisión de Chaves de aumentar en un 100% los salarios de los ministros y viceministros. En el caso de los primeros, subió de ¢1,3 millones a ¢2,6 millones por mes el salario base y en el caso de los segundos, de ¢1,3 millones a ¢2,5 millones por mes el salario base.

En ese momento, la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, sostuvo que el decreto podría afectar la prestación de servicios públicos porque el Gobierno podría hacer ajustes entre partidas presupuestarias de manera antojadiza a lo interno de cada de cada ministerio para financiar el costo del alza salarial a los jerarcas.

Plazas y subsidios

Semanas después, el 12 de julio, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) autorizó la creación de 1.200 plazas este año para servicios de salud.

Esa decisión implica aumentar casi al doble el límite anual de creación de nuevos puestos en la institución, que se había establecido en 670, aproximadamente.

El costo previsto para remuneraciones y cargas sociales de esos 1.200 puestos, según estimaciones de la Caja, será de ¢26.000 millones anuales.

Aunque todavía requiere aprobación legislativa, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el pasado 18 de julio un proyecto de ley para otorgar subsidios, mediante un pago directo, a 400 productores de arroz para mitigar los efectos de dos medidas firmadas por Chaves: la flexibilización en el esquema de precios del producto y la disminución de aranceles para la importación del grano.

La medida beneficiaría a aquellos productores que hayan sembrado 100 hectáreas o menos en los últimos tres periodos (2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022), según el registro de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

De acuerdo con el texto, el monto que se transferirá a cada productor estará en función de la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo del arroz y oscilará entre ¢50 mil y ¢300 mil por hectárea. Sería de ¢3 millones para quienes hayan cultivado hasta 10 hectáreas en los últimos periodos.

La propuesta busca ayudar a los pequeños y medianos productores para que se preparen frente al escenario de la desregulación del precio del arroz.

Sin señales

Diputadas como Kattia Rivera, jefa de la fracción parlamentaria del PLN, y Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reconocen que las decisiones tomadas por el Gobierno no dan señales de una voluntad para contener el gasto público.

Con el tema del gasto público, definitivamente yo no veo ninguna línea en esa sostenibilidad. Primero, y que me preocupa muchísimo, es por la decisión de ver cómo se afloja la regla fiscal con el señalamiento de que se requieren plazas para educación y salud, a pesar de que no se encuentran dentro de la afectación de la regla fiscal, porque son servicios esenciales.

Indicó que, además, cuando se escuchan solicitudes de plazas adicionales en entidades del sector público y se toma nota del incremento del 100% a los salarios de los ministros y viceministros se observa que lo dicho por Chaves en campaña no es acorde con ciertas decisiones del Gobierno.

"No me concuerda en nada el discurso utilizado en campaña al utilizado un par de meses después, ya en Gobierno. Yo no veo que la intención sea la contención del gasto público en ningún escenario", agregó Rivera.

Mientras, Castro también dudó de la voluntad del Gobierno para contener el gasto público, tomando en consideración algunas medidas adoptadas en estos tres primeros meses de gestión de Chaves.

Si analizamos estos tres meses, podemos ver que no se percibe la voluntad del Gobierno para realizar las acciones de contención del gasto necesarias. Más bien, las señales, generando plazas en ciertos sectores o subiendo los salarios a los ministros, nos dan percepciones contrarias.

La socialcristiana aseguró que las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo le generan preocupación e instó al Gobierno a que de señales concretas para la contención del gasto público.