36 diputados aprueban reforma para combatir “capitales emergentes”
La diputada Gloria Navas defendió la propuesta.
Este martes 36 diputados aprobaron en primer debate el expediente 22.834, que busca atacar los llamados capitales emergentes, como casas, carros o propiedades, que se generan de actividades ilícitas, generalmente del lavado de dinero y el narcotráfico.
La iniciativa es una reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa que propone secuestrar capitales sin un origen lícito aparente y llegó a la corriente legislativa desde el gobierno de Carlos Alvarado.
El proyecto no establece un umbral para investigar a los capitales emergentes.
El Ministerio Público tendrá la facultad de solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la adopción de una medida cautelar anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés.
Dice el texto aprobado:
La autoridad jurisdiccional podrá autorizar la medida cautelar anticipada y provisional que considere adecuada, cuando hubiere elementos suficientes para determinar, con grado de probabilidad, que los bienes y productos financieros de interés pueden ser distraídos u ocultados.
Una vez adoptada la medida se concederá audiencia a las partes por tres días hábiles sin efectos suspensivos. Transcurrido el plazo indicado, el juez podrá hacer una valoración de los alegatos y las pruebas aportadas, para mantener, modificar o revocar la medida cautelar anticipada y provisional.
Concedida la medida cautelar anticipada y provisional, el Ministerio Público, deberá en el plazo de un mes interponer la denuncia respectiva. Este plazo correrá a partir del día de la notificación del auto que ordena la medida cautelar anticipada y provisional.
En contra
La fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) votó en contra de la iniciativa, así como las diputadas Vanessa Castro y Dinorah Barquero.
El diputado del PLP, Eli Feinzaig calificó la decisión de la mayoría como un error, ya que nada garantiza que esta ley persiga únicamente a personas que realicen actividades ilícitas.
Afirmó que cualquier persona que esté en la informalidad, y que tenga un incremento patrimonial, podría verse inmersa en una investigación.
Insistió que el proyecto lo que hace es revertir la carga de la prueba y que en el fondo lo que se está aprobando es una extinción de dominio solapada.
La Fiscalía General de la República había solicitado que no se estableciera un umbral para poder investigar los capitales emergentes.