Sin concursos ni pruebas: auditoría revela nombramientos irregulares en el Congreso

Un total de 119 funcionarios recibieron nombramientos interinos en puestos de carrera administrativa en la Asamblea Legislativa sin pruebas psicométricas, concursos ni entrevistas entre 2023 y 2025, en contravención de la Ley Marco de Empleo Público, según reveló una auditoría interna publicada el 16 de abril.

Algunos de estos incumplimientos se originaron en acuerdos sobre movimientos de personal y contrataciones adoptados por el Directorio Legislativo, integrado por Rodrigo Arias (presidente); Vanessa Castro, del PUSC (vicepresidenta); Carlos Felipe García, del PUSC (primer secretario); Gloria Navas, independiente (segunda secretaria); Luz Mary Alpízar, del PPSD; y Geison Valverde, del PLN.

Según la auditoría, a los funcionarios tampoco se les aplicaron pruebas de conocimiento, entrevistas, convocatorias abiertas ni se conformaron listas de elegibles para los puestos.

Riesgo en cargo de esposo de diputada

El informe alerta sobre un posible conflicto de interés en el nombramiento interino de Henry Salazar Quesada como subgerente del Departamento de Comisiones. Al momento de su designación, en noviembre de 2023, Salazar ocupaba un cargo de confianza en una fracción política y era esposo de María Marta Carballo, diputada del PUSC que entonces fungía como primera secretaria del Directorio Legislativo.

El cargo de la Primera Secretaría tiene, entre sus funciones, colaborar con la Presidencia del Directorio en la toma de decisiones y en los nombramientos.

En el Congreso también labora la hermana de Carballo. 

CR Hoy consultó a Carballo sobre el nombramiento interino de quien hoy es su cónyuge; sin embargo, se está a la espera de una respuesta.

De confianza a administrativos

El documento de auditoría incluye a 56 funcionarios en puestos de confianza, entre asesores políticos y especializados de diputados salientes, que obtuvieron plazas administrativas interinas; así como 38 casos adicionales de personas que ingresaron a cargos administrativos sin haber tenido previamente una relación laboral formal con el Congreso, aunque mantenían vínculos "ad honorem" con bancadas legislativas o el Directorio.

En estos casos, según el informe, tampoco se realizaron concursos ni se comprobó formalmente la idoneidad de los nombrados. Según la Auditoría, esto evidencia que los procesos de contratación no garantizaron que las personas elegidas fueran las más calificadas, sino que se basaron en criterios poco transparentes.

El informe concluye que el Directorio Legislativo realizó acuerdos que facilitaron nombramientos sin verificación, lo que permitió movimientos de personal con carácter discrecional y generó un acceso de privilegio a ciertos puestos.

Además, el proceder podría configurar una desviación en el ejercicio de la potestad administrativa, al desplazar injustificadamente a funcionarios de carrera y sustituir criterios objetivos por decisiones subjetivas, en contravención de la Ley Marco de Empleo Público.

Nombramientos concretos

El informe también expone ejemplos específicos que reflejan estas prácticas. Uno de ellos corresponde al de un funcionario que, siendo subjefe de seguridad, se le designó como gerente del Departamento de Seguridad y Vigilancia, también sin un proceso competitivo.

Otro caso señalado es el de una funcionaria que pasó de ser asesora en la Oficina de la Presidencia del Directorio Legislativo a ocupar un cargo gerencial en el Instituto de Formación e Investigación del Congreso, sin concurso de por medio.

Además, se le permitió mantener simultáneamente funciones de asesoría política y gerenciales, lo cual contraviene las normas que exigen dedicación exclusiva para ciertos cargos.

Asamblea no cuenta con procesos adecuados de reclutamiento

La revisión de las actas de nombramientos revela que la Asamblea Legislativa carece de procesos adecuados de planificación, reclutamiento y selección de personal.

Se identificaron prácticas recurrentes en los procesos de nombramiento, ascenso y provisión de cargos que se apartan de mecanismos formales de evaluación, entre ellas el uso de figuras como la asignación de funciones, la reasignación de puestos y ajustes en perfiles académicos.

También se expone que al menos 30 plazas de jefaturas y niveles gerenciales se consolidaron mediante la figura de asignación de funciones y posteriores reasignaciones.

Estas condiciones han facilitado la ocupación de plazas de carrera, incluso en niveles de jefatura y gerenciales, sin concursos ni evaluación técnica, lo que limita la acreditación objetiva del mérito y debilita el régimen de carrera administrativa institucional.

Advertencias al Congreso

De acuerdo con la Auditoría, los hallazgos generan riesgos de conflicto de interés, afectan la probidad en los nombramientos, comprometen la objetividad del Directorio Legislativo y apuntan a un posible tráfico de influencias.

Finalmente, el informe recomendó a la Administración de la Asamblea Legislativa ejecutar una reforma integral al sistema de empleo público institucional, que incluya la actualización de la normativa interna y la suspensión inmediata de nombramientos o reasignaciones sin pruebas de idoneidad técnica.

CR Hoy consultó al Directorio Legislativo sobre los acuerdos y nombramientos realizados; sin embargo, indicaron que no se referirán al tema y que será la Gerencia General la encargada de comunicar una postura.

A esta instancia también se le realizaron las consultas y se está a la espera de una respuesta.