Municipalidad de Naranjo acudió a tribunales por intervención con policías de gobierno en acueducto local
La Municipalidad de Naranjo presentó un recurso legal contra el actuar del Gobierno, que ejecutó un operativo con cerca de 50 oficiales de la Fuerza Pública y funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para realizar una conexión en el acueducto municipal de esa localidad. Así lo confirmó el alcalde Randall Vega a CR Hoy.
"Considero que se violaron varios principios constitucionales: el principio del debido proceso; el principio de defensa y el principio de autonomía municipal. Al respecto se interpuso un amparo de legalidad", señaló el jerarca local.
Esta herramienta es un procedimiento sumario ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sin audiencias, mediante el cual se resuelven peticiones a la Administración que deben recibir respuesta dentro de un plazo legalmente determinado.
Es decir, un juez deberá determinar si el accionar del Poder Ejecutivo fue adecuado o si se incumplió alguna norma o ley que otorga independencia a los gobiernos locales. La mañana del sábado anterior, funcionarios del AyA tomaron control del acueducto con apoyo de policías.
El operativo buscaba asegurar la conexión de un proyecto de vivienda llamado La Esperanza, pese a que ya existe un recurso en la Sala Constitucional y un expediente en el Tribunal Contencioso Administrativo pendientes de resolución sobre el mismo tema.
En redes sociales, la Municipalidad calificó la actuación del Ejecutivo como "una grave violación a la autonomía municipal, al derecho constitucional, al debido proceso y al derecho de defensa".
La intervención dañó la calle cantonal, el pavimento y la infraestructura de la calzada, además de emplear maquinaria no autorizada para perforar e interconectarse a la nueva tubería municipal, según indicó el ayuntamiento.
No obstante, el AyA aseguró que su actuación estuvo "apegada a la norma" y sustentada en un análisis técnico que garantiza que los 12.000 habitantes del casco central del cantón no se verán afectados.
La acción ocurrió dos días después de que la Junta Directiva del AyA acordara "instruir" al alcalde de ejecutar la interconexión al proyecto de vivienda La Esperanza, o bien que la realizara directamente la institución.
Ni el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, ni la propia institución han explicado por qué autorizaron la utilización de la Fuerza Pública para esta maniobra, pese a las consultas de este medio.
En el último mes se ha producido una escalada de tensión entre el Gobierno y el municipio, encabezada por el presidente Rodrigo Chaves, quien ha arremetido contra el alcalde Vega, destituido años atrás por esta misma administración cuando era viceministro de Seguridad.
Tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) como diputadas oriundas de Occidente se han manifestado en contra del accionar del Gobierno por la fuerza.
"Creo que es una una muestra de matonismo del presidente (Chaves). Creo que sienta un precedente nunca antes visto, porque si bien el AyA puede tomar la administración de un acueducto municipal, eso lleva un proceso, no es así a la brava ni porque ellos dicen", indicó la congresista Priscilla Vindas, del Frente Amplio.
"La autonomía de los gobiernos locales no puede ser vulnerada por decisiones centralizadas que, lejos de dar soluciones sostenibles, generan conflicto y ponen en riesgo la confianza ciudadana en nuestras instituciones", señaló, por su parte, la liberacionista Montserrat Ruiz.