(VIDEO) Hoy entra en vigor la polémica Ley de Agentes Extranjeros de Bukele: Le explicamos de qué trata
Este sábado 7 de junio entra en vigor la polémica Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele.
La ley no solo apunta a organizaciones y medios de comunicación que reciben financiamiento internacional. También se extiende a personas individuales que obtengan cualquier tipo de fondos provenientes del extranjero. Esto incluye donaciones, apoyos económicos o contratos financiados por gobiernos, partidos políticos, agencias de cooperación, organismos internacionales o incluso empresas privadas.
Uno de los pilares de la ley es la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Todas las personas u organizaciones que reciban fondos del exterior deberán inscribirse obligatoriamente en este registro.
El RAEX tendrá amplias facultades:
- Aprobar o rechazar inscripciones.
- Solicitar información adicional sobre las fuentes de financiamiento.
- Supervisar el uso de fondos y aplicar sanciones.
- Elaborar informes sobre posibles casos de lavado de dinero.
Quienes no se inscriban en el RAEX se arriesgan a que sus actividades sean bloqueadas legalmente.
Además, la ley impone restricciones específicas sobre lo que pueden hacer los llamados "agentes extranjeros". Por ejemplo, prohíbe:
- Realizar actividades sin estar debidamente registrados.
- Utilizar fondos para fines no declarados.
- Alterar el orden público o poner en riesgo la "estabilidad social".
- Difundir materiales impresos o digitales sin informar que fueron financiados desde el exterior.
Todas las personas y organizaciones afectadas tendrán un plazo máximo de 90 días para registrarse.
La ley impone un impuesto del 30% sobre todo ingreso o donación que provenga del extranjero. Además, establece multas que oscilan entre los $100.000 y $200.000 por incumplimientos.
Aunque no menciona expresamente penas de cárcel, sí abre la puerta a procesos penales por lavado de dinero, que según la legislación vigente en El Salvador, pueden acarrear condenas de entre 8 y 20 años de prisión.
