¿Quién es Johel Zelaya y qué hay detrás de su destitución como fiscal general en Honduras?

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• El Congreso de Honduras destituyó al fiscal general Johel Zelaya y nombró de inmediato a su reemplazo, en una decisión que reconfigura el equilibrio de poder institucional.
• La salida se basó en acusaciones de injerencia electoral, justicia selectiva y uso político del Ministerio Público, en medio de un proceso marcado por tensiones y confrontación en el Congreso.
• El caso genera alertas sobre concentración de poder y debilidades del juicio político, un mecanismo cuestionado por permitir destituciones con criterios amplios y sin posibilidad de apelación.

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El Congreso Nacional de Honduras destituyó al fiscal general, Johel Zelaya, mediante un juicio político que reconfigura el equilibrio de poderes en el país. Con 93 votos de una alianza de cuatro bancadas, el Parlamento no solo removió a la máxima figura del Ministerio Público, sino que juramentó de inmediato a su sustituto, Pablo Emilio Reyes Theodore.

La salida de Zelaya, a quien acusan de usar su cargo para favorecer al anterior gobierno de izquierda, encendió alertas sobre una posible purga política bajo la administración del presidente Nasry Asfura.

El ascenso de Johel Zelaya y los primeros roces

Nacido en 1979 y formado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Zelaya llegó a la cúpula del Ministerio Público en medio de tensiones.

Tras fracasar en su intento por convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia, una Comisión Permanente del Congreso lo juramentó como fiscal general interino en noviembre de 2023.

El Congreso lo ratificó en febrero de 2024 con el voto de 110 diputados. Desde ese momento, la oposición denunció que el acuerdo respondía a negociaciones irregulares con el oficialismo.

Las dudas sobre su independencia aparecieron pronto. En octubre de 2024 reabrió una causa penal contra el actual presidente, Nasry Asfura, y utilizó cadenas televisivas para exponer las acusaciones. Varios sectores calificaron esa decisión como un espectáculo político más que un acto de justicia.

Su credibilidad recibió otro golpe tras la difusión de un "narcovideo" que involucraba al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. La falta de acciones judiciales concretas volvió a poner en entredicho su gestión.

Las acusaciones: injerencia electoral y justicia selectiva

El juicio político se sustentó en un informe de una Comisión Especial del Congreso que detalla supuestas faltas graves y actuaciones contrarias a la Constitución.

Según ese documento, el Ministerio Público operó con criterios políticos: impulsó procesos contra figuras opositoras y dejó de lado expedientes sensibles.

El punto más delicado se centra en su actuación durante el proceso electoral de 2025. Legisladores lo acusaron de vulnerar la autonomía del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral.

De acuerdo con las pruebas presentadas, el Ministerio Público citó de forma reiterada a consejeras electorales en momentos clave, intervino sedes institucionales y promovió requerimientos contra magistrados por supuesto prevaricato. Todo esto generó un ambiente de presión.

También divulgó audios sin peritaje técnico ni cadena de custodia y atribuyó responsabilidades sin respaldo judicial previo. Esto aumentó la desconfianza en los resultados oficiales de los comicios.

Dentro de la institución, fiscales denunciaron presiones, traslados y degradaciones por negarse a alterar expedientes, incluido el caso de un exalcalde vinculado a corrupción. La comisión concluyó que Zelaya concentró el poder en un círculo cercano, debilitó áreas clave y consolidó un esquema de justicia selectiva.

Un desenlace caótico en el Congreso

La destitución se concretó en una sesión marcada por gritos, empujones y desorden entre diputados oficialistas y opositores.

Mientras legisladores del partido Libertad y Refundación (Libre) protestaban e intentaban tomar la mesa principal, la alianza de los partidos Nacional, Liberal, Pinu-SD y Democracia Cristiana logró reunir los 93 votos necesarios.

Zelaya no compareció ante el pleno. En una carta y en redes sociales afirmó que lo "juzgaron y prácticamente condenaron de forma anticipada" en un proceso que, según dijo, violó sus garantías.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la legalidad de la decisión. Aseguró que se trató de un control constitucional legítimo y que el exfuncionario renunció a ejercer su derecho de audiencia.

Tras la votación, el Congreso juramentó a Pablo Emilio Reyes Theodore, quien completará el mandato hasta febrero de 2029.