¿Qué son los “centros de deportación”? La polémica apuesta de la Unión Europea

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• La Unión Europea aprobó un reglamento que endurece su política migratoria y habilita centros de deportación en terceros países, donde se podrá trasladar a migrantes aunque no tengan ningún vínculo con esos territorios.
• El nuevo modelo elimina la exigencia de conexión previa, amplía los periodos de detención dentro de la UE y acelera las expulsiones, mientras fija una lista común de países "seguros" para rechazar solicitudes de asilo con mayor rapidez.
• España lidera la oposición al plan por motivos jurídicos y humanitarios, pero el avance de la derecha en la Eurocámara facilita su aprobación; la aplicación final dependerá de cada Estado, con países como Italia y Dinamarca listos para implementarlo.

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La Unión Europea avanza hacia un giro histórico en su política migratoria. Para muchos gobiernos, este cambio abre una nueva etapa en la gestión de la migración irregular. Para otros, implica un alejamiento de los valores y compromisos humanitarios que la UE afirma defender.

Tras meses de negociación, los ministros del Interior aprobaron un reglamento que acelera las expulsiones de migrantes en situación irregular y redefine los mecanismos de control.

La pieza más polémica del paquete son los "centros de deportación" ubicados fuera del territorio comunitario. Estos espacios permitirán trasladar a migrantes a terceros países mientras continúan sus procesos de retorno. Hasta ahora no existía un respaldo legal común que autorizara esa práctica.

¿Qué es un centro de deportación?

Un centro de deportación es un mecanismo que permite enviar migrantes irregulares a un país que no forma parte de la UE, aunque no sea su lugar de origen. El marco previo dirigía estas expulsiones al país natal o al último país de tránsito, pero el nuevo modelo habilita acuerdos con naciones que acepten centros de detención y procesamiento. La inspiración más clara proviene del pacto entre Italia y Albania, diseñado para gestionar solicitudes y retornos fuera del territorio italiano.

Estos centros funcionan de dos maneras. Pueden operar como estaciones de tránsito, donde los migrantes permanecen de forma temporal hasta su retorno final. También pueden convertirse en destino definitivo cuando el país tercero asume la responsabilidad permanente de la persona trasladada.

¿Cómo funcionarán legalmente?

El reglamento establece que para que un Estado miembro traslade a un migrante a un país tercero, debe existir primero un acuerdo formal. Ese documento define el procedimiento de transferencia, las condiciones de estancia, el proceso de retorno al país de origen y la responsabilidad del Estado receptor en caso de que el retorno final no sea posible. Sin ese acuerdo, el traslado carece de validez legal.

La normativa exige además que el país tercero respete estándares internacionales de derechos humanos y el principio de non-refoulement, que impide enviar a una persona a un lugar donde su vida o integridad estén en riesgo. Para vigilar el cumplimiento, los acuerdos deben incluir un mecanismo independiente de monitoreo.

Uno de los cambios más drásticos es la eliminación del requisito de vínculo. Antes, un migrante solo podía ser enviado a un país con el que tuviera relación previa, ya fuera por tránsito o residencia. Esa condición desaparece. Ahora, un Estado miembro puede trasladar a una persona a un país donde nunca estuvo y con el que no tiene ninguna conexión, siempre que exista un acuerdo que regule el proceso.

El reglamento introduce también límites estrictos para los grupos vulnerables. No permite el traslado de menores no acompañados ni de familias con hijos menores, una excepción establecida de forma explícita.

Endurecimiento dentro de la Unión Europea

El paquete aprobado no se limita a los centros externos. La UE endurece también su política interna de detención. El reglamento amplía los periodos de reclusión hasta un máximo de dos años, con posibilidad de extensión si existe riesgo de fuga o problemas de seguridad.

Al mismo tiempo, los Estados miembros adoptan una lista común de "países seguros". Las solicitudes de asilo de personas procedentes de esos lugares pasan a un trámite acelerado y suelen recibir una negativa. La lista incluye a los países candidatos a ingresar a la UE y a naciones como Colombia, Marruecos, Túnez, Bangladés, India y Egipto.

¿Por qué la Unión Europea impulsa estas reformas ahora?

La razón principal es la baja eficacia del sistema actual. El Consejo Europeo señala que solo el 20% de los migrantes con orden de expulsión abandona el territorio europeo y que la mayoría permanece pese al proceso abierto en su contra. Varios gobiernos defienden que esto genera presión interna y alimenta redes de tráfico de personas.

El reglamento busca acelerar los retornos, reducir la burocracia y obligar al migrante a colaborar bajo riesgo de sanciones. También pretende enviar un mensaje disuasorio a quienes intentan entrar de manera irregular y frenar los llamados movimientos secundarios, es decir, el desplazamiento de un país de la UE a otro pese a contar con una orden de expulsión. Con la nueva política, un Estado puede ejecutar la expulsión decretada por otro sin reiniciar el trámite.

La oposición

España quedó como uno de los pocos países que se opusieron al modelo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó dudas jurídicas, económicas y políticas sobre la externalización de los retornos.

El Gobierno español sostiene que el plan erosiona principios esenciales de derechos humanos, presenta un coste desproporcionado y no aborda las causas reales de la migración. También teme un deterioro en las relaciones con socios africanos clave en la gestión del fenómeno migratorio.

¿Qué viene ahora?

El acuerdo del Consejo tiene carácter político y aún no entra en vigor. El siguiente paso está en el Parlamento Europeo, que debe negociar el texto final. El avance de fuerzas de derecha en la Eurocámara reduce las probabilidades de un bloqueo.

La implementación dependerá de la voluntad de cada Estado. El modelo de "geometría variable" permite que países como Italia o Dinamarca avancen con sus centros de deportación, mientras que otros, como España, ya anunciaron que no participarán en este esquema.