¿Por qué continúan las protestas en Guatemala?
Indígenas guatemaltecos participan en una manifestación en el centro histórico de Ciudad de Guatemala para exigir medidas ante el aumento del precio de los combustibles.
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- El aumento de los combustibles detonó las protestas en Guatemala, pero transportistas y organizaciones indígenas también reclaman por el costo de vida, las extorsiones y la inseguridad.
- El Congreso aprobó una medida temporal para contener el precio de los combustibles, con un mecanismo de compensación que busca aliviar el impacto del aumento sobre consumidores y transportistas.
- Las protestas continúan porque la medida no resuelve todos los reclamos del sector transporte. Los manifestantes también exigen acciones contra las extorsiones y la inseguridad que afectan a los conductores.
El aumento en el precio de los combustibles se convirtió en el principal detonante de las movilizaciones, pero no es el único reclamo. Transportistas y organizaciones indígenas también cuestionan el impacto del alza en el costo de vida, las extorsiones y la inseguridad.
Guatemala depende ampliamente del transporte terrestre para movilizar productos, por lo que un aumento en el precio del diésel eleva los costos de traslado y termina repercutiendo en el precio de los alimentos y otros bienes.
A esto se suma el incremento internacional de los precios de los combustibles, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
¿Por qué el aumento del combustible provoca más problemas?
El precio del combustible, que pasó de cerca de $5,70 a $6,22 por galón durante el último semestre, genera un efecto en cadena sobre otros precios y actividades económicas.
Cuando sube el diésel, también aumentan los costos de los camiones que trasladan productos desde las zonas de producción hacia los mercados. Las empresas pueden trasladar parte de ese incremento al precio final y, con ello, presionar todavía más el costo de vida.
Por eso, el reclamo de los sectores movilizados no se limita al precio de la gasolina o el diésel. También está relacionado con el impacto que el encarecimiento del transporte puede tener sobre los alimentos, los servicios y la economía de las familias.
Los transportistas tienen otro reclamo: la inseguridad
Mientras el precio de los combustibles reduce los márgenes de los transportistas, las extorsiones y los ataques contra conductores representan otro de los principales problemas del sector.
Las gremiales denuncian que empresas de buses urbanos, extraurbanos y mototaxis son blanco de estructuras criminales que exigen pagos a cambio de permitirles operar.
La negativa a pagar puede terminar en amenazas y ataques armados. Según la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), 37 choferes han sido asesinados en lo que va de 2026. El sector reclama al Gobierno acciones concretas para proteger a los conductores y combatir las extorsiones.
¿Qué han hecho el Gobierno y el Congreso?
Ante la presión de las protestas, el Congreso aprobó de urgencia nacional el Decreto 21-2026, denominado Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.
La iniciativa recibió 130 votos y establece un mecanismo temporal para contener el precio de los combustibles. El diésel y la gasolina regular tendrán un precio máximo de referencia de US$5,10 por galón, mientras que la gasolina superior quedará en US$5,36.
La medida contempla hasta US$326,8 millones para financiar el mecanismo de compensación y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, una vez que se complete el proceso necesario para su aplicación.
El presidente Bernardo Arévalo respaldó la aprobación y aseguró que el Ejecutivo trabaja en los pasos legales y técnicos necesarios para ponerla en marcha.
Entonces, ¿por qué continúan las protestas?
La aprobación de la ley no resolvió todos los reclamos de los sectores movilizados.
Los transportistas cuestionan que la respuesta se concentre en el precio de los combustibles, mientras continúan pendientes sus exigencias de seguridad y acciones contra las extorsiones.
Además, persisten dudas sobre el financiamiento de la medida y sobre su alcance para aliviar otros costos que ya afectan a la población. Por eso, pese a la aprobación del decreto, las manifestaciones y los bloqueos continuaron en distintos puntos del país.
El siguiente paso será la implementación de la nueva ley. El Ejecutivo debe completar el proceso reglamentario para que el mecanismo de compensación pueda comenzar a aplicarse. Si la medida logra reducir efectivamente el precio que pagan los consumidores, podría disminuir parte de la presión de los sectores movilizados.
Sin embargo, si los transportistas consideran insuficiente la respuesta o si continúan los problemas de inseguridad y extorsiones, las protestas podrían mantenerse o incluso aumentar.