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Informe de EEUU revela las zonas más vulnerables a trata de personas en Costa Rica

El gobierno informó que no financió programas de prevención y concientización debido a la austeridad financiera.

Por Carlos Castro | 19 de Jul. 2023 | 9:01 am

(CRHoy.com) El Informe sobre Trata de Personas 2023 publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos revela que Costa Rica mantiene el nivel 2 en ese estudio, lo cual lo perfila, como un país vulnerable pero con relativo control sobre este delito.

El estudio señala que al igual que en los últimos cinco años, los traficantes de personas "explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Costa Rica, y los traficantes explotan a víctimas de Costa Rica en el extranjero", por lo que el flagelo perpetrado por personas del país trasciende fronteras.

"El Gobierno de Costa Rica no cumple en su totalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. El gobierno demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior, considerando el impacto de la pandemia de COVID-19 en su capacidad contra la trata; por lo tanto, Costa Rica permaneció en el Nivel 2", argumentó la oficina gubernamental estadounidense.

El documento revelado hace dos semanas menciona que los traficantes someten a mujeres y niños costarricenses a la trata sexual dentro del país, siendo dos regiones en particular las más expuestas a este tipo de ataques contra la integridad de las personas.

"(…) siendo particularmente vulnerables aquellos que viven en las zonas costeras del Pacífico y cerca de las fronteras norte y sur; la normalización de las situaciones de explotación, incluida la trata sexual de niños, en estas comunidades aumentó la vulnerabilidad de las mujeres y los niños a la trata", explican.

Pese a que se tienen identificados grupos criminales dedicados a este negocio ilícito, los funcionarios del gobierno informaron a Estados Unidos que los traficantes a menudo operan de forma independiente, "sin conexión con el crimen organizado, para explotar a las víctimas costarricenses".

Incluso añaden que muchas víctimas están emparentadas o conocen a sus traficantes, por lo que su vulnerabilidad es mayor.

Por esa razón, emitieron una serie de recomendaciones puntuales y prioritarias para mejorar en esta materia:

  • Aumentar la identificación y derivación de víctimas, particularmente en coordinación y colaboración con socios locales, interinstitucionales y de la sociedad civil.
  • Aumentar la financiación de los servicios para las víctimas y proporcionar alojamiento y servicios especializados para las víctimas de la trata en asociación con las organizaciones de la sociedad civil.
  • Capacitar a los fiscales locales para que reconozcan los casos de trata y busquen el apoyo del fiscal nacional.
  • Intensificar los esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de trata, incluidos el trabajo forzoso y el turismo sexual infantil, y buscar penas adecuadas para los traficantes condenados, que deberían implicar penas de prisión significativas.
  • Reducir los obstáculos burocráticos para el desembolso de los fondos asignados a los esfuerzos contra la trata.
  • Financiar e implementar el plan de acción judicial para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los casos de trata.
  • Reducir aún más la acumulación de casos de trata en el sistema judicial.
  • Llevar a cabo investigaciones penales exhaustivas y transparentes y enjuiciar a los funcionarios gubernamentales cómplices de los delitos de trata.
  • Aumentar la capacitación contra la trata de personas para policías, jueces y funcionarios municipales.
  • Mejorar la recopilación de datos sobre los esfuerzos judiciales, policiales y de protección de víctimas.

Faltan programas de prevención

Sobre la prevención realiza valoran que la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Migrantes, presidida por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), mantiene reuniones y subcomisiones enfocadas en atención a víctimas, prevención, justicia, investigación y análisis, y gestión de proyectos.

A través del Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, el gobierno reportó un total de 1.120 millones de colones ($1,9 millones) en gastos contra la trata, un aumento significativo sobre los gastos informados de 107 millones de colones ($180.940) en 2021 y 620,45 millones de colones ($1,05 millones) en fondos del FONATT en 2020.

Señalan que pese a contar con estos fondos para disuadir la actividad delictiva organizada, incluida la trata, los impedimentos burocráticos obstaculizaron el uso de estos fondos.

Eso sí, el gobierno no asignó fondos para esfuerzos de prevención en 2022, marcando el tercer año consecutivo sin programas de prevención, en comparación con la asignación de 171,5 millones de colones ($290.010) para programas de prevención y 1.370 millones de colones ($2,3 millones) para otros eventos y proyectos contra la trata en 2019.

"El gobierno informó que no financió programas de prevención y concientización debido a la austeridad financiera y las limitaciones de recursos en todo el gobierno. Como consecuencia, los programas de sensibilización siguieron siendo limitados, aunque los funcionarios encargados de la lucha contra la trata continuaron promoviendo la concienciación sobre la trata a través de publicaciones de bajo costo en las redes sociales. El gobierno no hizo asignaciones específicas de trata a la DGME, el Ministerio de Educación Pública u otras agencias en 2022", señalan.

No obstante, enlistaron los rubros en los que sí hubo colaboración:

  • OIJ operó dos líneas directas de emergencia para recibir informes de todos los delitos, incluido el tráfico. Se recibieron 34 llamadas en comparación con las 153 del año anterior.
  • La Policía Judicial también operó una línea directa 9-1-1 disponible para denuncias generales de delitos, pero no informó cuántas llamadas relacionadas con la línea directa que recibió esta línea directa.
  • El gobierno trabajó con una organización internacional para capacitar a los reclutadores de mano de obra de 35 empresas sobre la contratación laboral ética y las consecuencias de violar las normas contra la trata.
  • Se promovió un código de conducta internacional relacionado con la explotación sexual comercial en la industria de viajes y turismo.
  • El gobierno colaboró con la sociedad civil para ofrecer sesiones de capacitación para el personal del sector turístico sobre la identificación y derivación de las víctimas de la trata.
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