Más de 50 religiosos han sido desterrados de Nicaragua desde 2018
Se denunció que las iglesias atraviesan "la mayor persecución" en la historia nicaragüense
La represión de las libertades en Nicaragua no solo ocurre en los ciudadanos, sino también se extiende a las iglesias, sacerdotes, personal religioso, instituciones vinculadas a las religiones, entre otros.
El régimen nicaragüense ha utilizado diferentes formas de ataque, desde agresión física hasta el destierro y expulsión y despojo de la nacionalidad.
Un informe del Colectivo Nicaragua Nunca Más, publicado el 30 de octubre de 2024, señala que, desde 2018 se han desterrado más de 50 religiosos, entre ellos 43 curas.
Asimismo, las autoridades nicaragüenses han prohibido el ingreso de 200 clérigos.
El colectivo señaló que la represión de la libertad religiosa se agravó en 2018, cuando los obispos y sacerdotes fueron amenazados de muerte durante las protestas contra la reforma del sistema de salud y de pensiones.
Los activistas nicaragüenses calificaron el año 2018 como el año en que la iglesia se "divorció" del Estado.
El régimen ha realizado campañas de estigmatización y descalificación en contra de los sacerdotes, monjas y personas religiosas o laicas.
Asimismo, han cerrado organizaciones no gubernamentales vinculadas a la Iglesia Católica, así como universidades y medios de comunicación.
El colectivo también responsabilizó al régimen de realizar atentados contra los templos. Por ejemplo, en 2020 se reportó un incendio que destruyó la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua.
También se han registrado 5.571 organizaciones que fueron clausuradas desde el año 2018. De ellas, al menos el 20% eran de iglesias católicas, evangélicas y moravas.
Represión contra sacerdotes y otras figuras
En 2018 se reportaron agresiones físicas contra el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo José Brenes; su Obispo Auxiliar, Monseñor Silvio José Baez; y el Nuncio Apostólico, Monseñor Waldemar Sommertag.
Asimismo, en ese año las fuerzas policiales y paramilitares atacaron con armas de grueso calibre contra la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, donde se encontraban refugiados jóvenes.
Cuatro años después, el monseñor Rolando Álvarez decidió protestar contra la represión, haciendo una huelga de hambre. Esto ocurrió después de que la policía impidió a los feligreses acercarse a la iglesia Santo Cristo de Esquipulas en Managua.
En respuesta a la huelga del monseñor, el régimen ordenó que se suspendiera la transmisión del Canal 51, operado por la iglesia.
Un año después, las policías lo arrestaron, así como un diácono, 3 sacerdotes, 2 seminaristas y 2 colaboradores.
Él fue trasladado a un centro penitenciario y fue condenado a 26 años por propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravada y desacato a la autoridad en perjuicio del Estado de Nicaragua. Una jueza lo consideró como "traidor de la patria". Este año Álvarez fue desterrado a Roma y le despojaron su nacionalidad.
Las fuerzas de seguridad escoltaron a 18 monjas de la Asociación Misioneras de la Caridad a la frontera con Costa Rica, donde tuvieron que cruzar a pie en 2022. Ellas fueron expulsadas de Nicaragua tras la visita de la Madre Teresa de Calcuta.
Además, debido al acoso que estaban viviendo, decenas de clérigos abandonaron el país.
Por otra parte, se prohibieron todas las actividades religiosas públicas. De acuerdo con Nicaragua Nunca Más, se registraron 3.176 procesiones que fueron restringidas durante la Semana Santa en 2023.
El colectivo denunció que el régimen ha perseguido, hostigado y agredido física y verbalmente a los sacerdotes. También señaló que ha realizado campañas de difamación, prohibido las celebraciones religiosas, confiscado bienes y cuentas bancarias y desaparecido de manera forzosa a los eclesiásticos.
"Las Iglesias en Nicaragua atraviesan la mayor persecución en la historia nicaragüense", indicó el colectivo en el documento.
Los activistas temen que haya una significativa disminución en la formación de nuevos pastores, sacerdotes, monjas y más que atiendan a Nicaragua.
Medios de comunicación afectados
El acoso también se ve en los medios de comunicación que están vinculados con diferentes religiones, entre ellas la católica y la evangélica.
Más de 56 medios fueron cerrados por orden de las autoridades nicaragüenses. Además, se ha registrado que el régimen solicitó la cancelación de permisos de transmisión, confiscación de equipos y la detención de periodistas.
Desde 2018 las autoridades han cerrado varios medios. Por ejemplo, en 2021 se clausuraron los medios evangélicos Canal 21 y Radio Nexos.
La emisora con enfoque católico, Radio Mi Voz, ha sido víctima de hostigamiento, agresiones y censuras. Incluso, el régimen cerró esta estación.
Otros medios que también se vieron afectados con la clausura son: Periódico "Voz Católica" y las radios Católica de Sébaco, Hermanos de Matagalpa, Santa Lucía de Ciudad Darío, Nuestra Señora de Lourdes de La Dalia, San José de Matiguás y San Francisco de Asís de Rancho Grande.
Por otro lado, en 2022 se tomó el Canal Católico para transmitir informaciones a favor del régimen y la señal fue entregada a Nicarao TV.
El colectivo señaló que el régimen reutiliza los medios para hacer propaganda.
Además de los medios de comunicación, se ha reportado la persecución a las universidades.
Por ejemplo, en 2023 se clausuraron la Asociación Universidad Juan Pablo II, la Asociación Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) y la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King (Uenic-MLK).
Los activistas denunciaron que los activos de las organizaciones canceladas, incluyendo universidades, pasan a ser patrimonio del Estado. Debido a esto, las autoridades de las escuelas no puede liquidar al personal.