Estado de excepción en Ecuador: ¿Qué está pasando?
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- Ecuador activó un nuevo estado de excepción tras cerrar 2025 con cerca de 9.000 homicidios y una escalada de violencia atribuida a bandas criminales.
- El decreto suspende derechos como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia en provincias que concentran más del 90% de los crímenes, habilitando allanamientos sin orden judicial.
- El gobierno de Daniel Noboa apuesta por una estrategia de seguridad militarizada, aunque persisten dudas sobre su eficacia y riesgos de tensiones sociales y vulneraciones de derechos.
En la recta final de 2025, Ecuador volvió a activar el estado de excepción. El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 277 que amplia el régimen de excepcionalidad a nueve provincias del país, en respuesta a una escalada de violencia que desborda los controles estatales.
La decisión llega tras un año marcado por cifras récord de homicidios y por la expansión territorial de las bandas criminales, un escenario que coloca a Ecuador entre los países más violentos de la región.
¿Por qué Ecuador tomó esta medida justo ahora?
El estado de excepción por 60 días se sustenta en un deterioro acelerado de la seguridad durante las últimas semanas del año. Informes policiales y técnicos citados en el decreto señalan que, entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025, los asesinatos aumentaron un 18% en comparación con el mismo periodo de 2024.
La escalada dejó 1.232 muertes violentas solo en las zonas ahora intervenidas. El Ejecutivo reconoció que la criminalidad persiste y se expande a nuevos territorios.
Ecuador cerró el año cerca de los 9.000 homicidios. La cifra superó los récords de 2023 y 2024. El país alcanzó una tasa estimada de 52 muertes por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Latinoamérica.
¿Qué implica legalmente el estado de excepción?
Bajo la figura de "grave conmoción interna", el decreto suspende dos derechos fundamentales en los territorios afectados: la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia.
En la práctica, Policía y Fuerzas Armadas pueden ejecutar allanamientos inmediatos sin orden judicial previa. La intervención procede cuando existan indicios objetivos y razonables de la presencia de bandas criminales, armas, explosivos o sustancias ilícitas.
Las autoridades también pueden identificar y recopilar información privada que resulte pertinente para neutralizar amenazas. El decreto exige informes motivados para cada intervención, con el fin de prevenir abusos de poder.
¿Qué zonas de Ecuador están bajo este régimen?
El estado de excepción es focalizado, pero cubre las áreas que concentran el 92,1% de la violencia nacional. Las provincias incluidas son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos.
La medida también rige en cantones específicos como La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en Bolívar.
Guayas, Manabí y Los Ríos acumulan más de 550 días bajo distintos estados de excepción. El dato evidencia una crisis estructural que las medidas ordinarias no logran contener. En esta declaratoria se incorporaron Pichincha y Santo Domingo por una intensificación de hechos violentos de alto impacto.
¿Cuál es la respuesta y la estrategia del gobierno de Daniel Noboa?
El enfoque de Noboa parte de la tesis de un "conflicto armado interno". El Gobierno trata a las bandas criminales como estructuras terroristas.
Con el nuevo decreto, el mandatario ordenó al Bloque de Seguridad —integrado por militares y policías— una respuesta estatal integral y focalizada. El objetivo es recuperar el control de corredores logísticos clave para el narcotráfico.
La estrategia apunta a reducir homicidios y asegurar evidencias para la judicialización de los responsables. En ese marco, el Gobierno destacó la extradición desde Emiratos Árabes Unidos de alias Gerente, señalado por la muerte de militares. El mensaje oficial busca mostrar que los líderes criminales ya no son intocables.
¿Cuáles son las posibles consecuencias políticas y de seguridad para Ecuador?
El efecto inmediato es una mayor presencia militar en las calles. La medida pretende contener amenazas urgentes contra el orden público.
No obstante, la continuidad de la violencia pese a repetidos estados de excepción plantea dudas sobre su eficacia. El propio decreto admite que las dinámicas delictivas se interconectan entre varias zonas, lo que obliga a un monitoreo constante de los resultados.
En el plano social, el escenario es tenso. A la lucha contra el narcotráfico se suman conflictos por protestas indígenas ante el alza de combustibles. Episodios previos derivaron en estados de excepción y denuncias por vulneraciones de derechos humanos.
El impacto real de esta nueva declaratoria dependerá de su capacidad para desarticular las estructuras criminales. De lo contrario, podría convertirse en una contención temporal en un país que, por su ubicación estratégica, sigue siendo una ruta clave de salida de cocaína hacia mercados internacionales.