¿Democracia o control político? 10 claves de la polémica elección de jueces en México

El 1 de junio, México vivió un hecho inédito: la elección directa de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante el voto popular.

Esta transformación radical, impulsada por una reforma constitucional del expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, desató un intenso debate sobre sus implicaciones para la democracia, la independencia judicial y el Estado de derecho.

Estas son 10 claves para entender la controversia:

1. Reforma sin precedentes

La reforma, aprobada en setiembre de 2024, se aplicará en dos fases. La primera, realizada el domingo, incluyó la elección de 2.680 cargos judiciales, entre ellos los 9 ministros de la Suprema Corte, así como magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial. La segunda etapa está prevista para 2027, cuando se elegirán cerca de 4.000 cargos adicionales.

La modificación constitucional redujo de 11 a 9 el número de ministros de la Corte, estableció mandatos de 8 u 11 años según el caudal de votos obtenidos, e instauró una presidencia rotativa cada 2 años. Jueces y magistrados tendrán periodos de 9 años, con posibilidad de reelección. Todo el proceso es supervisado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

2. Participación baja

Pese a la magnitud de la reforma, la participación fue muy limitada: solo entre el 12,57% y el 13,32% del padrón —de unos 100 millones de electores— acudió a las urnas, muy por debajo del 60% registrado en las presidenciales de 2024.

El alto abstencionismo ha sido interpretado como una señal de desconfianza, desinterés o confusión ante un proceso nuevo, complejo y poco comprendido. La oposición promovió activamente el abstencionismo como forma de cuestionar la legitimidad del ejercicio.

3. Confusión generalizada

Muchos votantes admitieron no saber cómo votar ni a quién elegir. Con 2.680 cargos en juego y hasta 9 candidatos por puesto, la sobrecarga de nombres en las boletas convirtió el ejercicio en una tarea abrumadora.

La escasa información pública y la ausencia de campañas informativas claras dejaron a la ciudadanía sin herramientas para tomar decisiones fundamentadas, lo que abonó al desinterés y debilitó la legitimidad del proceso.

4. Boicot de la oposición

Partidos como el PAN y el PRI calificaron la elección de "farsa" y promovieron abiertamente la abstención. Denunciaron que la reforma podría politizar al Poder Judicial y socavar su independencia.

El líder del PRI, Alejandro Moreno, fue tajante al afirmar que el proceso carecía de legitimidad, mientras que Marko Cortés (PAN) anunció que impugnarían los resultados.

5. Apoyo oficialista

Desde el oficialismo, Morena celebró el proceso como un hito histórico. La presidenta Sheinbaum lo describió como "algo extraordinario" y aseguró que México es ahora "el país más democrático del mundo".

Para el Gobierno, la votación representa la culminación del proyecto de "democratización" del Poder Judicial iniciado por López Obrador.

6. Alertas sobre la independencia judicial

Desde que López Obrador presentó la iniciativa, organizaciones internacionales y expertos en derechos humanos advirtieron que la elección popular de jueces puede poner en riesgo la imparcialidad del sistema judicial.

Además, varios análisis académicos concluyeron que la reforma vulnera estándares internacionales sobre independencia judicial.

7. Rediseño institucional

Además de reducir el número de ministros y modificar la duración de sus mandatos, la reforma elimina las 2 Salas de la Suprema Corte. En adelante, todos los casos serán resueltos en el Pleno, lo que cambia de forma sustancial el funcionamiento del máximo tribunal.

La creación del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración Judicial introduce nuevos actores con poder institucional, aunque su coordinación con el resto del sistema aún genera incertidumbre.

8. Candidatos vinculados al crimen organizado

Una de las mayores preocupaciones alrededor de la elección fue la presencia de candidatos presuntamente ligados al narcotráfico. Diversas organizaciones y medios de comunicación denunciaron que no existen mecanismos sólidos para verificar antecedentes penales, lo que permitió la postulación de personas con historial criminal.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó al menos 6 casos de aspirantes investigados por lavado de dinero o vínculos con cárteles. Aunque las investigaciones no prosperaron o fueron archivadas, el riesgo de cooptación criminal quedó sobre la mesa.

La ONG Defensorxs también identificó una veintena de candidatos "riesgosos", entre ellos:

• Silvia Delgado, aspirante a jueza en Ciudad Juárez, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán.
• Fernando Escamilla, exabogado de Miguel Ángel Treviño, líder del extinto cártel de Los Zetas.
• Leopoldo Chávez, aspirante en Durango, quien estuvo preso casi 6 años en EE. UU. por tráfico de metanfetaminas.

9. Comparaciones internacionales

Aunque sin precedentes a nivel nacional, existen antecedentes de elección parcial de jueces en Bolivia, Estados Unidos y algunas provincias de Argentina.

En EE.UU., algunos jueces estatales se eligen en votaciones locales bajo marcos regulados. En Bolivia, el modelo ha sido ampliamente criticado: participación bajísima, fuerte control del oficialismo y serios cuestionamientos a la independencia judicial.

Expertos como Catalina Botero (exrelatora de la CIDH) y Diego García-Sayán (exrelator de la ONU) advierten que modelos como el mexicano podrían fomentar el clientelismo, el populismo judicial y una pérdida de profesionalización.

10. Escenarios futuros

Con las nuevas autoridades judiciales electas, México entra en una etapa de incertidumbre. Los retos son múltiples: consolidar las nuevas estructuras, garantizar su coordinación, evitar duplicidades y, sobre todo, asegurar su legitimidad.

El Tribunal de Disciplina deberá vigilar la conducta de los jueces, pero también enfrenta cuestionamientos por haber sido electo bajo las mismas reglas. Organizaciones de derechos humanos ya exigen la creación de observatorios ciudadanos para fiscalizar al nuevo sistema, promover la transparencia y prevenir el uso político de las resoluciones judiciales.

El INE, por su parte, deberá evaluar su capacidad para organizar un proceso aún más grande en 2027.