Cuando vender libros se vuelve delito: La escalada represiva en Hong Kong

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• Hong Kong arrestó a libreros por "sedición", en una señal de que la represión ya alcanza a ciudadanos y pequeños negocios, no solo a figuras políticas.

• El caso evidencia un mayor control sobre contenidos: libros críticos como la biografía de Jimmy Lai y las librerías independientes están bajo creciente presión.

• Nuevas leyes de seguridad amplían el poder estatal para censurar, detener y vigilar, lo que alimenta críticas sobre el fin de libertades en la ciudad.

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La policía de Hong Kong detuvo esta semana al dueño de la librería independiente Book Punch y a tres de sus empleadas. Las autoridades acusan a Pong Yat-ming y a su equipo de vender publicaciones con "intención sediciosa".

Entre los títulos cuestionados aparece una biografía del magnate de medios y activista prodemocracia Jimmy Lai, actualmente en prisión. El caso refleja un giro en la aplicación de las leyes de seguridad: ya no apunta solo a figuras políticas o grandes medios, sino también a ciudadanos y pequeños negocios que difunden contenidos.

El libro de la polémica

En el centro de la controversia está el libro "El alborotador: cómo Jimmy Lai se convirtió en multimillonario, el mayor disidente de Hong Kong y el crítico más temido de China". Lo escribió Mark Clifford, exdirectivo de Next Digital, grupo propietario del desaparecido Apple Daily, periódico fundado por Lai.

Lai, de 78 años, llegó desde China continental y levantó en Hong Kong un imperio mediático con una línea crítica hacia el gobierno local y Pekín. Tras un juicio seguido de cerca por la comunidad internacional, en febrero lo condenaron a 20 años de cárcel por sedición y colusión con fuerzas extranjeras.

El cerco a las librerías independientes

Lo ocurrido con Book Punch no es un hecho aislado. Se inscribe en una presión creciente sobre las librerías independientes.

Estos espacios funcionan como puntos de acceso a libros políticos y sociales poco habituales en grandes cadenas, muchas bajo control de la editorial estatal china Sino United Publishing.

El ambiente en el sector es de cautela constante. La librería Mount Zero cerró a inicios de 2024, tras reiteradas visitas de autoridades motivadas por denuncias anónimas en redes sociales.

Hunter Bookstore, otra tienda independiente, reportó inspecciones frecuentes de distintas entidades y revisiones fiscales.

El propio Pong Yat-ming ya enfrentaba problemas legales: en enero se declaró inocente en un proceso por operar una "escuela no registrada", luego de organizar clases de español en su local.

La arquitectura legal de la represión en Hong Kong

Las detenciones se apoyan en la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, conocida como Artículo 23, aprobada en marzo de 2024 sin oposición, tras años de bloqueo político.

La norma incluye delitos como traición, sabotaje y sedición. Este último contempla penas de hasta siete años de prisión, o diez si se prueba colusión con "fuerzas externas". También permite retener a sospechosos hasta 16 días sin cargos formales y limita el acceso a asistencia legal.

Esta legislación se suma a la ley de seguridad nacional que Pekín impuso en 2020, tras las protestas prodemocráticas de 2019.

Además, el gobierno amplió sus alcances con nuevas enmiendas, esta semana. Los agentes de aduanas ahora pueden confiscar artículos que consideren con "intención sediciosa". Además, la policía puede exigir, con orden judicial, contraseñas de dispositivos electrónicos. Negarse implica hasta un año de cárcel y multas.

En paralelo, el Ejecutivo ordenó disolver tres empresas ligadas a Apple Daily y las declaró "organizaciones prohibidas". Cualquier colaboración con ellas expone a penas de hasta 14 años de prisión.

De "un país, dos sistemas" al control total

La rapidez de estos cambios ha encendido alertas fuera de Hong Kong. Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch, describió el entorno como cada vez más "distópico" y advirtió sobre el impacto en la población.

Organizaciones de derechos humanos, críticos y gobiernos occidentales sostienen que estas medidas rompen los compromisos de autonomía y libertades establecidos en el modelo de "un país, dos sistemas", pactado entre China y Reino Unido antes de la devolución de Hong Kong en 1997.

Las autoridades locales y chinas rechazan esa lectura. Insisten en que las leyes buscan cerrar vacíos legales y garantizar estabilidad tras las protestas de 2019. También reiteran que los procesos judiciales no afectan la libertad de expresión.