Corte Interamericana responsabiliza a Perú por esterilización forzada y muerte de campesina
Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en San José, Costa Rica. Archivo CRH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este jueves responsable a Perú por la esterilización forzada y muerte de una campesina en 1997, una práctica que afectó a unas 300.000 mujeres en la década de 1990.
Estas intervenciones formaron parte de un programa de planificación familiar implementado por el fallecido expresidente Alberto Fujimori durante los últimos cuatro años de su mandato, que terminó en 2000 después de una década en el poder marcada por graves violaciones de derechos humanos y escándalos de corrupción.
La Corte IDH "declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte" de Celia Edith Ramos Durand, indica la sentencia leída por Rodrigo Mudrovitsch, presidente de la Corte IDH, con sede en San José.
Asimismo, el tribunal ordenó que el Estado avance con la investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Ramos Durand y, de ser necesario, procese y sancione a los responsables.
Ramos Durand, quien falleció tras el procedimiento, habría recibido constantes visitas de profesionales de la salud con la finalidad de convencerla de someterse a una ligadura de trompas, según la denuncia presentada ante la justicia interamericana.
La mujer sufrió complicaciones médicas durante la operación, por lo que fue trasladada a una clínica de la ciudad de Piura, donde fue internada en estado de coma.
Su esposo presentó en la época una denuncia contra el personal médico que participó en la cirugía, pero el caso fue archivado. Desde entonces, el proceso penal se ha reabierto y archivado, al menos, en dos oportunidades.
"Crimen de lesa humanidad"
En 2024, un comité de la ONU aseguró que esta política de esterilización forzada podría constituir "un crimen de lesa humanidad" que vulneró de forma "sistemática" los derechos de más de 300.000 mujeres, principalmente campesinas e indígenas.
"Fueron esterilizadas forzosamente, en comparación con aproximadamente 25.000 hombres", añadió la comisión de la ONU.
Las víctimas aseguran que fueron engañadas o presionadas para someterse a las esterilizaciones en clínicas sin infraestructura adecuada ni personal capacitado. Incluso, algunas no sabían leer ni hablar español o no comprendían la naturaleza del procedimiento.
El caso de Ramos llegó en 2010 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, pero ante el incumplimiento de las recomendaciones fue derivado a la Corte IDH en junio de 2023.
Otra de las víctimas fue Mamérita Mestanza, una campesina que también falleció pocos días después de la cirugía, en 1998. El Estado peruano llegó a un acuerdo de solución con la familia de Mestanza, según la CIDH, que trató el caso.
Fujimori, fallecido en 2024, siempre tildó de "falsas" las acusaciones, pero en un fallo de 2023 la justicia peruana reconoció que las "esterilizaciones involuntarias fueron una política pública". También ordenó al Estado indemnizar a las víctimas y garantizar su acceso a la salud.
Más de 7.000 mujeres están inscritas hasta ahora en el registro estatal que identifica a las víctimas. Según la fiscalía, todavía no hay condenados y sólo 3.000 casos están en investigación preliminar.
Tres oenegés que acompañaron la demanda de la familia de Ramos celebraron el fallo como un "verdadero acto de justicia y reparación" para ella y miles de mujeres peruanas.
La Corte IDH reconoció que la política de esterilizaciones forzadas estuvo "dirigida de manera discriminatoria" a mujeres rurales, indígenas y en situación de pobreza, lo que constituyó "graves violaciones de derechos humanos", señalaron las organizaciones Centro de Derechos Reproductivos, DEMUS y CEJIL en una declaración conjunta.