Cornell: la cronología del caso reabierto por violación grupal contra una joven
Instalaciones de la Univesidad Cornell. Matt Burkhartt/Getty Images/AFP (Photo by Matt Burkhartt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- La Fiscalía del condado de Tompkins reabrirá la investigación por una presunta agresión sexual ocurrida en 2024 en una fraternidad de Cornell.
- El caso será presentado ante un gran jurado, que deberá determinar si existen elementos para formular cargos penales.
- La revisión surge después de que la joven presentara una demanda civil de 101 páginas contra Cornell y siete integrantes de la fraternidad Chi Phi.
La investigación por una denuncia de agresión sexual ocurrida en 2024 en una fraternidad de la Universidad de Cornell, en Nueva York, será reabierta por la Fiscalía del condado de Tompkins, luego de que la joven que denunció los hechos presentara una demanda civil contra la institución y siete integrantes de la fraternidad Chi Phi.
El fiscal de distrito, Matthew Van Houten, anunció que el caso será presentado ante un gran jurado, que deberá valorar la evidencia disponible y determinar si existen elementos suficientes para formular posibles cargos penales.
¿Qué ocurrió en 2024?
Los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando una estudiante de 20 años acudió a la casa de la fraternidad Chi Phi, ubicada en el campus de Cornell.
De acuerdo con la demanda presentada posteriormente, la joven, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, fue presionada para consumir ketamina y posteriormente sufrió una presunta agresión sexual grupal que se prolongó durante varias horas.
La estudiante denunció lo ocurrido ante el Departamento de Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024.
Tras conocer la denuncia, la universidad suspendió temporalmente a la sección local de Chi Phi y a los estudiantes señalados, además de iniciar un proceso interno bajo el Título IX, normativa federal que regula la respuesta de las instituciones educativas ante denuncias de discriminación y violencia sexual.
Sin embargo, en ese momento la Fiscalía del condado de Tompkins no presentó cargos penales. Según la explicación ofrecida posteriormente por el fiscal, la información recopilada inicialmente por la policía del campus no aportaba suficientes elementos para llevar el caso ante esa instancia.
¿Por qué decidieron reabrir la investigación?
El caso volvió a tomar relevancia después de que Jane Doe presentara, en septiembre de 2026, una demanda civil de 101 páginas contra Cornell y otras personas vinculadas con los hechos.
A partir de la nueva información incorporada en ese proceso, la Fiscalía decidió revisar nuevamente la investigación penal y llevarla ante un gran jurado.
La decisión no significa que ya existan nuevos cargos contra los señalados. El objetivo de esta etapa es determinar si la evidencia disponible permite avanzar hacia una acusación penal.
¿Qué se investiga ahora?
La investigación tiene dos vías distintas.
Por un lado, está el proceso penal, en el que la Fiscalía revisará la denuncia de la joven, su testimonio y otras evidencias para determinar si corresponde presentar cargos por delitos relacionados con agresión sexual.
Por otro, está la demanda civil, mediante la cual la víctima reclama una compensación económica y responsabiliza a Cornell y a otras entidades por presuntas fallas en la forma en que atendieron el caso.
La Fiscalía busca presentar ante el gran jurado el testimonio de Jane Doe y elementos incluidos en la demanda civil, con el fin de determinar si existen bases suficientes para continuar con el proceso penal.
Uno de los puntos que deberá revisarse es la declaración que la joven brindó inicialmente a la policía universitaria.
El fiscal sostiene que, en 2024, la versión entregada describía el consumo de sustancias como voluntario y no indicaba que la estudiante hubiera quedado incapacitada. Con base en esa información, las autoridades no presentaron cargos.
La representación legal de la joven sostiene una versión distinta. Según la demanda, la policía universitaria no contaba con la preparación necesaria para entrevistar a sobrevivientes de trauma y la declaración de la estudiante no cambió sustancialmente.
La nueva revisión deberá determinar qué ocurrió con esa información y qué valor tienen las pruebas incorporadas posteriormente.
También forman parte de la evidencia elementos digitales, entre ellos capturas de conversaciones de Snapchat que, según la demanda, mostrarían a uno de los señalados invitando a otros integrantes de la fraternidad a participar en la presunta agresión.
¿Qué se cuestiona a Cornell?
La demanda civil acusa a la Universidad de Cornell de haber fallado en su responsabilidad de proteger a la estudiante y cuestiona la manera en que se desarrolló la investigación inicial.
La joven también sostiene que la institución actuó de manera deficiente al abordar las denuncias y que posteriormente protegió a los estudiantes señalados.
Otro de los puntos en disputa son las sanciones aplicadas por Cornell mediante el proceso del Título IX.
La demanda sostiene que algunos de los estudiantes recibieron castigos considerados leves, como asistir a talleres o escribir ensayos. La universidad rechaza esa versión y afirma que entre las medidas adoptadas hubo expulsiones y suspensiones severas.
Cornell tampoco ha revelado públicamente los nombres ni el número exacto de estudiantes sancionados, al argumentar que las leyes federales de privacidad estudiantil le impiden divulgar expedientes disciplinarios individuales.
Además, la demanda señala a la fraternidad Chi Phi y a la sororidad Tri-Delta en relación con presuntas responsabilidades civiles por lo ocurrido en instalaciones vinculadas con la vida estudiantil.
¿Quiénes aparecen vinculados en el caso?
La demanda identifica a siete integrantes actuales o antiguos alumnos de Chi Phi como presuntos responsables de la agresión sexual y de otros actos señalados en el proceso civil:
- Matthew Ingalls
- Jonathan Newell
- Winston Lee
- Gillio Lopes
- Diego Sarabia
- Scott Norris
- Scott Kretzschmar
No todos los señalados han reconocido las acusaciones.
El abogado de Gillio Lopes, Andrew Miltenberg, ha declarado públicamente que su cliente niega categóricamente los señalamientos.
En el caso de Scott Kretzschmar, su abogado, Jeremy Saland, ha afirmado que las acusaciones son falsas. También señaló que, aunque su cliente envió un comentario que calificó de inmaduro a través de Snapchat, no participó en ningún contacto físico ni en la agresión.
¿Qué ha dicho Cornell?
La Universidad de Cornell ha defendido su actuación y rechazado las acusaciones de que no tomó medidas contra los estudiantes involucrados.
Kyle Kimball, vicepresidente de relaciones universitarias de Cornell, afirmó que es falsa la idea de que la universidad no impuso sanciones importantes a quienes estuvieron involucrados.
La institución también ha explicado que no puede revelar detalles individuales de los procesos disciplinarios debido a las normas federales de privacidad estudiantil.
¿Qué pasa ahora?
La investigación penal entra nuevamente en una etapa de revisión ante un gran jurado.
Ahora corresponderá a los fiscales presentar la evidencia que consideren pertinente para que el panel determine si existen elementos suficientes para formular acusaciones penales contra alguno de los señalados.
Mientras tanto, la demanda civil presentada por Jane Doe continuará su propio proceso judicial, en el que se determinarán las eventuales responsabilidades de Cornell, las organizaciones estudiantiles y las personas incluidas en el expediente.
Ambos procesos avanzan por vías distintas: el penal busca establecer si existe base para presentar cargos por delitos, mientras que el civil determinará eventuales responsabilidades y compensaciones económicas.