Cinco claves para entender la polémica por el registro de tierras en Cisjordania
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- Israel reanudó el registro de tierras en Cisjordania tras casi 60 años de congelamiento y trasladó su gestión a una autoridad civil, un cambio que para el gobierno ordena la propiedad, pero para los palestinos supone un paso hacia la anexión.
- La medida se concentra en el Área C —cerca del 60% del territorio y bajo control israelí— donde se ubican la mayoría de los asentamientos y la continuidad territorial clave para un eventual Estado palestino.
- El nuevo proceso exige a los palestinos probar la titularidad de sus tierras, si no lo logran, podrían inscribirse como estatales, lo que intensificó críticas internacionales y reavivó el debate sobre una anexión de facto.
A primera vista, parece un trámite administrativo: actualizar un catastro. Sin embargo, la decisión del gobierno de Israel de reanudar el registro de tierras en Cisjordania, congelado durante casi seis décadas, desató una fuerte reacción política y diplomática en Medio Oriente.
Para el Ejecutivo israelí, la medida ordena la propiedad y resuelve disputas legales. Para los palestinos y buena parte de la comunidad internacional, representa un paso hacia la anexión permanente de un territorio ocupado. El debate trasciende lo técnico y golpea el núcleo del conflicto.
Estas son cinco claves para entender el alcance de la decisión.
1. El fin de un congelamiento de casi 60 años en Cisjordania
En 1967, después de la Guerra de los Seis Días, Israel tomó el control de Cisjordania, territorio que hasta ese momento administraba Jordania. Poco después, las autoridades militares israelíes suspendieron el registro oficial de tierras en la zona.
El derecho internacional establece que una potencia ocupante no ejerce soberanía sobre el territorio que controla de forma temporal. Por tanto, no puede adjudicar tierras ni alterar su estatus permanente.
Durante décadas, el territorio operó bajo una mezcla de leyes otomanas y jordanas, junto con órdenes militares israelíes. Ese esquema mantuvo a Cisjordania en un limbo jurídico.
Ahora, el gobierno israelí reactivó el proceso. Además, trasladó la supervisión desde la Administración Civil, un órgano militar, hacia una nueva oficina dependiente del Ministerio de Justicia. El cambio implica que una autoridad civil israelí gestionará registros de propiedad en territorio ocupado.
2. El Área C, el núcleo de la disputa
La reforma no cubre toda Cisjordania. Se concentra en el Área C, definida en los Acuerdos de Oslo.
Esos acuerdos dividieron el territorio en áreas A, B y C. Las zonas A y B cuentan con distintos grados de administración palestina. El Área C, que representa cerca del 60% de Cisjordania, permanece bajo control civil y militar de Israel.
En esa zona se ubica la mayoría de los asentamientos israelíes. También viven miles de palestinos.
El gobierno israelí plantea regularizar como "tierras estatales" una parte significativa del territorio no registrado antes de 2030. La medida afecta la única área con continuidad territorial suficiente para un eventual Estado palestino viable.
3. La carga de la prueba
El punto más controvertido radica en el procedimiento. El nuevo registro exige que los palestinos demuestren la titularidad de sus tierras.
En una región con siglos de cambios administrativos —imperio otomano, mandato británico, control jordano y ocupación israelí— muchas familias conservan documentos antiguos o derechos de costumbre. Las autoridades israelíes podrían no reconocerlos bajo los nuevos criterios.
Si una persona no logra acreditar la propiedad según los estándares exigidos, el terreno podría inscribirse como propiedad estatal.
En Jerusalén Este, Israel aplicó un proceso similar en 2018. Organizaciones de derechos humanos sostienen que un porcentaje mínimo de las tierras revisadas quedó registrado a nombre de palestinos. Ese antecedente alimenta el temor a una transferencia masiva de titularidades hacia el Estado.
4. ¿Anexión administrativa de Cisjordania?
La medida también tiene un componente ideológico. Dirigentes del actual gobierno israelí defienden un mayor control sobre el territorio.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, promueve una expansión de los asentamientos y rechaza la creación de un Estado palestino. El ministro de Justicia, Yariv Levin, respalda el fortalecimiento del control israelí en la zona.
La Autoridad Palestina y varias ONG describen la medida como una anexión de facto. Argumentan que Israel trata administrativamente a Cisjordania como parte de su territorio, sin una declaración formal.
El debate gira en torno a si el registro constituye un acto técnico de gestión o un paso concreto hacia la soberanía plena.
5. El impacto regional y el derecho internacional
La decisión generó condenas en distintos frentes. En 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la ocupación israelí viola el derecho internacional. El nuevo registro intensifica ese cuestionamiento.
La Unión Europea y varios países de la región pidieron revertir la medida.
La reacción de Jordania reviste especial importancia. El reino firmó un tratado de paz con Israel en 1994 y observa con preocupación cualquier cambio en el estatus de Cisjordania. Las autoridades jordanas advierten que nuevas tensiones podrían desestabilizar la región.