Artículo por artículo: ¿Qué establece la ley de amnistía de Venezuela?

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía que busca liberar a cientos de presos políticos, anular causas judiciales y facilitar el regreso de exiliados.
• La norma fija un marco temporal y eventos específicos, exige que los beneficiarios estén "a derecho" (con excepción para exiliados representados por abogados) y establece un proceso judicial exprés para cerrar casos y borrar antecedentes.
• Quedan fuera delitos como crímenes de lesa humanidad, homicidio, corrupción y narcotráfico, así como militares acusados de rebelión.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad, esta semana, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

La norma surge tras décadas de conflicto político marcadas por hiperinflación, una crisis migratoria sin precedentes y acusaciones sistemáticas de represión contra la disidencia.

Su principal objetivo es liberar a cientos de presos políticos detenidos desde 1999, anular causas judiciales y facilitar el retorno de exiliados.

La ley se gestó tras la salida de Nicolás Maduro del poder y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

El propósito y los principios rectores (artículos 1 al 5)

El andamiaje de la legislación arranca con el artículo 1, que establece su objeto fundamental: conceder una amnistía general y plena por delitos cometidos en un marco temporal específico, con el fin de promover la paz social.

El artículo 2 detalla las finalidades de la norma, que incluyen la reconciliación nacional y, en un punto clave para la oposición, la reintegración a la actividad pública de los beneficiados. En la práctica, esto supone la restitución de sus derechos políticos.

El artículo 3 consagra los principios rectores, entre ellos la vida, la libertad, el pluralismo político y la preeminencia de los derechos humanos.

Para blindar su aplicación, el artículo 4 declara estas disposiciones de orden público e interés general.

En ese bloque de artículos destaca especialmente el 5, que introduce un principio de interpretación favorable: ante cualquier duda, deberá adoptarse la postura que más proteja los derechos humanos del acusado. Para organizaciones de derechos humanos, esta cláusula puede convertirse en una "rendija" legal para ampliar el alcance de la amnistía.

El marco histórico: a quiénes abarca y por qué hechos (artículos 6 y 8)

El artículo 6 delimita el ámbito temporal: la amnistía cubre acciones u omisiones ocurridas desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley en 2026.

El 8 desarrolla una lista taxativa de 13 momentos históricos de alta conflictividad social. Entre ellos se incluyen:

• El golpe de Estado de 2002.
• Las protestas de 2014 y 2017.
• La crisis presidencial de 2019 vinculada a Juan Guaidó.
• Las primarias opositoras de 2023.
• Las elecciones presidenciales de julio de 2024.

También incorpora el periodo de actuación de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021, etapa en la que el Parlamento fue desconocido por otros poderes del Estado.

La delimitación cerrada ha generado inquietud, ya que algunos casos podrían quedar fuera si no encajan exactamente en esos eventos.

El polémico sometimiento a la justicia (artículo 7)

El artículo 7 fue uno de los puntos más controvertidos. Establece que la persona procesada debe "estar a derecho" o ponerse a disposición de los tribunales tras la entrada en vigor de la ley para acceder al beneficio.

Para sectores opositores y familiares de detenidos, esta exigencia supone obligar a las víctimas de persecución a someterse ante el mismo sistema judicial que consideran responsable de su encarcelamiento.

Tras intensas negociaciones, se introdujo una excepción crucial: quienes estén en el exilio podrán ser representados por un abogado mediante poder, sin necesidad de regresar físicamente al país. Además, una vez solicitada la amnistía, no podrán ser privados de libertad por los hechos cubiertos.

Las líneas rojas y los delitos imperdonables (artículo 9)

El artículo 9 fija límites expresos. Quedan excluidos de la amnistía quienes hayan cometido:

• Violaciones graves a los derechos humanos.
• Crímenes de lesa humanidad o de guerra.
• Homicidio intencional.
• Tráfico de drogas.
• Delitos de corrupción.

Tampoco aplica a quienes promovieron o financiaron acciones armadas contra la soberanía nacional con apoyo extranjero.

La exclusión más sensible es la de militares acusados de rebelión. Esta decisión afecta a cerca de 174 uniformados de los casi 600 presos políticos que permanecen en prisión.

Asimismo, no se incluyeron explícitamente los llamados "delitos de odio", utilizados en los últimos años para procesar a ciudadanos por expresiones críticas en redes sociales.

Un proceso judicial exprés y sin rastro (artículos 10 al 14)

Para evitar demoras, la ley diseña un procedimiento acelerado.

El artículo 10 decreta la extinción automática de acciones penales, disciplinarias y civiles relacionadas con los hechos amnistiados, ordenando el cese de medidas de coerción y la anulación de solicitudes de extradición.

El 11 establece un plazo máximo de 15 días continuos para que los tribunales decreten el sobreseimiento o anulen sentencias.

El 12 permite la apelación de estas decisiones por parte de víctimas acreditadas, el Ministerio Público o el procesado, pero únicamente con efecto devolutivo, es decir, sin suspender la ejecución del beneficio.

El artículo 13 obliga a órganos policiales y militares a cerrar todas las investigaciones vinculadas a los hechos amnistiados.

El artículo 14 ordena la eliminación total de antecedentes policiales y penales, incluyendo la notificación a instancias internacionales para dejar sin efecto órdenes de captura en el extranjero.

Vigilancia, futuro y entrada en vigor (artículos 15, 16 y Disposición Final)

El artículo 15 crea una Comisión Especial integrada por 23 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, encargada de supervisar la correcta aplicación de la ley y recomendar medidas adicionales si fuera necesario.

El artículo 16 aclara que la amnistía no cubre delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigor: cualquier nueva conducta delictiva será juzgada bajo la legislación ordinaria.

Finalmente, la Disposición Final Única establece que la ley entrará en vigor en el momento de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.