97% de los jueces pasan periodo de prueba pese a que solo el 14% cumplen requisitos
Uno de los grandes retos que afronta el Poder Judicial es encontrar y contar con personal idóneo y de calidad, especialmente cuando se trata de nuevos jueces y juezas.
Tan solo un 14 % de los aspirantes a la judicatura cumple con los requisitos para ocupar el cargo; sin embargo, prácticamente todos superan el período de prueba.
Esta es una de las revelaciones que muestra el informe Estado de la Justicia 2025, un estudio elaborado por el Programa Estado de la Nación y publicado este miércoles.
De acuerdo con el informe, y con base en datos aportados por el propio Poder Judicial, en el año 2023 se observó una disminución en la preparación de quienes participaron en los procesos de reclutamiento y selección.
Solo el 13,9 % de los concursantes cumplía con los requisitos para la judicatura, y apenas un tercio (33,7 %) los cumplía para otros tipos de puestos. Esta cifra es sumamente inferior al 93 % registrado en el año 2020.
No obstante, una vez completado el proceso de selección y en el ejercicio del cargo, el porcentaje de personas que aprueban el período de prueba es elevado: al menos un 97 % en la judicatura y un 98 % en otros puestos. Esta cifra corresponde al acumulado desde que se iniciaron los registros en 2016.
El análisis llama la atención sobre este aspecto, ya que, aunque el sistema de justicia posea un componente discrecional en la decisión final, los atestados y las cualificaciones profesionales de quienes imparten justicia juegan un rol decisivo, pues la calidad del servicio público prestado y las decisiones tomadas dependen de ello.
De acuerdo con la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, unas 700 personas habían renunciado a principios de 2024.
Paralelamente, en los años 2023 y 2024 se realizaron 906 y 458 nuevos nombramientos, respectivamente, para un total de 1.364.
100 % nombrados, aun con falencias
Las cifras oficiales del Poder Judicial indican que se cumplió al 100 % la planificación del recurso humano en ambos años, al ocuparse todas las plazas disponibles, pese a los incumplimientos de requisitos.
La falta de idoneidad es una de las principales dificultades que se han agravado en el Poder Judicial en materia de gestión del talento humano, junto con otros desafíos como mejorar el perfil de los nombramientos, reducir los costos del proceso de selección, ampliar la oferta, cobertura y calidad de las actividades de capacitación, y fortalecer la aplicación del régimen disciplinario.
Desde 2016, los indicadores de reclutamiento y selección se basaban en el cumplimiento de requisitos mínimos (primera fase) para representar los datos, lo cual se consideraba adecuado tanto para la carrera judicial como para el subproceso de reclutamiento y selección.
Sin embargo, en 2021 se modificó el indicador, según lo acordado con la Dirección de Planificación y la Dirección de Gestión Humana, lo que provocó una diferencia en los porcentajes reportados.
Anteriormente, el cálculo se hacía dividiendo la cantidad de candidatos en la lista de elegibles entre el total de postulantes que cumplían con los requisitos mínimos, lo cual siempre arrojaba un porcentaje alto.
Por ejemplo, en carrera judicial el requisito para ser elegible era tener la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas. A partir de 2022, el cálculo se ajustó dividiendo la cantidad de personas inscritas en los concursos entre el total de personas candidatas elegibles.
Es decir, se decidió incluir todas las fases selectivas, con el fin de reflejar de manera más precisa la preparación de quienes presentaron su postulación.
Esto permitió obtener datos de todas las personas desestimadas, al ofrecer una información más objetiva para la toma de decisiones sobre quienes conforman la nómina final, según la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos del perfil.
Entre 2018 y 2024, el promedio de ejecución presupuestaria fue del 92,3 % en judicatura y del 82,6 % en otros puestos, mientras que para 2024 alcanzó el 98 % y 99 %, respectivamente. En este tipo de actividades, se contó con un presupuesto planeado de ₡91,3 millones y un presupuesto ejecutado de ₡90,5 millones.
Una mayor eficiencia en las actividades de reclutamiento y selección provocó que, entre 2022 y 2023, el costo por candidato en otros puestos disminuyera de ₡239.735,70 a ₡134.552,30. En cambio, en la judicatura se observó un efecto contrario, con un incremento en el costo que pasó de ₡165.882,70 a ₡482.124,30.
Otros hallazgos del Estado de la Justicia señalan que podría estarse incrementando la rotación del personal judicial debido a la desmotivación y al deterioro de las condiciones laborales. Esta situación ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de los gremios internos.
Finalmente, la gestión del recurso humano en el Poder Judicial parece contar con mecanismos poco efectivos para corregir eventuales transgresiones de su personal. Los informes anteriores ya habían identificado debilidades y una baja capacidad de sanción.
Este nuevo informe revela que dicha capacidad sigue disminuyendo: solo el 7 % de los casos reportados culmina en sanción. A ello se suma que aún no se terminan de aplicar las reformas aprobadas por la Corte, muchas de las cuales requieren cambios legislativos.
En un contexto de alta criminalidad organizada e intentos documentados de cooptar al personal judicial, un régimen disciplinario eficaz es crucial para protegerse de la corrupción y el crimen organizado.
La falta de mecanismos sancionatorios también afecta la aplicación de políticas de acceso para las poblaciones vulnerables, pues el incumplimiento de estos estándares no conlleva consecuencias, lo que impacta en la atención a estos grupos prioritarios, dada su condición de vulnerabilidad y la urgencia de respuestas.
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