MOPT planea -de nuevo- concesionar la ampliación de ruta a San Ramón
BCIE rediseñará propuesta que planteó IDOM para fideicomiso Ruta Uno
(CRHoy.com).- Tal y como pasó en la administración de Laura Chinchilla, el plan del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) vuelve a ser entregar en concesión la ampliación de la vía a San Ramón, con el respectivo cobro de peajes para circular.
El tema de la concesión con la empresa brasileña OAS, fue uno de los mayores escándalos en la administración Chinchilla Miranda, tanto así que el Gobierno tuvo que echar para atrás y cancelarla, con las implicaciones que eso provocó.
En la administración de Luis Guillermo Solís, el proyecto se entregó al Fideicomiso Ruta 1, con el Banco de Costa Rica y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pero el avance fue casi nulo.
Ahora que se aprobó el Acuerdo de Finiquito Anticipado (ATA) entre el Conavi y el BCR, el MOPT procurará concesionar la modernización vial como nueva alternativa a partir de diciembre del 2024, cuando finalice oficialmente el nexo con la entidad bancaria.
El MOPT está a la espera de un rediseño del plan propuesto por el fideicomiso del BCR, conocido como Ruta Uno. Según la entidad, esta optimización, a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mediante una cooperación no reembolsable por $1 millón, estaría concluida en enero de 2024.
Con el rediseño, uno de los objetivos es reducir la cantidad de expropiaciones que estaban requeridas según la propuesta inicial de Ruta Uno.
Meses atrás se propuso un plan para obtener financiamiento con el BCIE por entre $400 millones y $500 millones, con lo cual se contrataría una empresa que construya la obra y la opere bajo la figura de la concesión. Los peajes servirían para pagar el crédito.
El ministro del MOPT Luis Amador, dijo que los ajustes del diseño estarán para enero y están preparando los términos de referencia para sacar a concesión, con el cobro de peajes, tal y como ocurre actualmente en la ruta 27.
El Gobierno había prometido, desde finales de junio de 2022, cerrar el fideicomiso. Sin embargo, más de 1 año después, no se había tomado un acuerdo formal.
Por ley, el fideicomiso asumió el control del cobro y la recaudación de los 2 peajes que existen en el corredor vial (Naranjo y Río Segundo) y los planes para mejorar las estaciones quedaron varados en medio de las pugnas por el finiquito contractual.
El plan del gobierno es continuar con el programa de obras impostergables (obis), heredado de la administración anterior, que configuran la etapa previa a la modernización del tronco principal, como la mejora del intercambio a la altura de El Coyol de Alajuela.
Ya está en operación el primer lote de "obis": la ampliación de los puentes sobre los ríos Alajuela, Segundo y Ciruelas. Así como la construcción del conector Barreal-Castella y la ampliación del intercambio de la Firestone.
De momento, hay que tener claro que las características del financiamiento aún no se han conversado y tendrán que ver la tasa que fijará el BCIE. En ese sentido, el crédito se pagará con las tarifas de peaje que estarán instaladas en el corredor vial.
Por ahora, se desconocen montos posibles o si se requerirán más estaciones de cobro a las ya existentes (en Río Segundo de Alajuela y Naranjo). El cobro será administrado por el Estado.
A partir de los resultados que arroje este análisis de reingeniería contratado por el BCIE, entre 2024 y 2025 se empezaría a ejecutar el nuevo plan. Una vez que se tenga lista la reingeniería y el análisis de los anteproyectos, se procederá con la licitación del diseño y la construcción de la carretera bajo una concesión gestionada desde el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
La gestión del proyecto recaería en el MOPT y el Conavi. El ATA prevé una fase de transición que incluye la continuidad de las "obis" y el análisis de reingeniería sobre la propuesta de ampliación que procuró Ruta Uno.
Según los planes iniciales, la intención es que el acuerdo contractual fenezca a más tardar diciembre de 2024. Las 4 "obis" pendientes serán desarrolladas por el MOPT y el Conavi.
Por ejemplo, el lote 2 (ampliación del puente sobre el río Torres y el intercambio a la altura del Monumento al Agua), cuya fase de diseño y construcción fue adjudicada al consorcio H.Solís TPF-Getinsa, se limitará únicamente a la entrega de diseño.
El lote 3 (intercambio de El Coyol) tendría el inicio de la fase de diseño para este 2023 y la fase constructiva para 2024. El lote 4 (intercambios de Grecia, Naranjo y San Ramón) podrían iniciar en 2024. El plan de "obis" estaba estimado en un monto aproximado a los $116 millones, de los cuales $65.75 millones serían financiados por el Estado y $50 millones por un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ser utilizados en los lotes 3 y 4.
Además, la Unidad Ejecutora San José-San Ramón (UERS) en el Conavi solicitó a Ruta Uno la corrección de 435 aspectos en los estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y financieros contratados a la consultora española IDOM por y que fueron presentados en diciembre de 2020.
El fideicomiso planteó que la ruta se ampliaría en 4 etapas: La Sabana-Circunvalación (1.6 kilómetros a 3 carriles por sentido), Circunvalación-Aeropuerto (12.6 kilómetros a 4 carriles por sentido), Aeropuerto-San Antonio del Tejar (5.2 kilómetros a 3 carriles por sentido) y San Antonio del Tejar-San Ramón (34.8 kilómetros a 2 carriles por sentido).
Para conseguir el dinero requerido ($610 millones) que permitiría honrar el crédito bancario para el proyecto integral, el análisis de factibilidad estipuló 4 estaciones de peaje en la carretera principal y otras 2 en puntos de conexión. Esta infraestructura se ubicaría en Los Arcos, Coyol de Alajuela, Grecia y Río Grande de Naranjo. También se contemplaban puntos de cobro en Barreal de Heredia y la radial de Río Segundo de Alajuela.
El estudio de factibilidad, elaborado por la firma IDOM y presentado en diciembre de 2020, estimó la tarifa óptima de peaje para recorrer todo el corredor vial en automóvil ronda los ₡1.800 por sentido (estimación referencial que depende de evaluación económica financiera final). Es decir, ₡3.600 en un viaje ida y vuelta.