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MOPT: conservación vial básica se retomará entre febrero y marzo de 2023

Ente contralor no autorízó aplicar figura de "extrema urgencia"

Por Pablo Rojas | 22 de Sep. 2022 | 9:10 am

(CRHoy.com). El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no tuvieron éxito en solicitar a la Contraloría General de la República (CGR) una autorización para promover, de forma expedita, contratos de conservación vial bajo la figura de la "extrema urgencia".

La cartera intentó este camino al considerar el grado de deterioro en que está la red vial nacional y el riesgo que esto representa para la integridad de los usuarios.

Casi la totalidad de contrataciones para mantenimiento y conservación de vías están inactivas desde febrero de 2021 por dificultades administrativas a lo interno del Conavi. Esa institución procuró prorrogar por 2 años más los contratos (vigentes en el período 2016-2021), pero el ente contralor advirtió la ausencia de los adecuados mecanismos de gestión para garantizar el buen uso de los recursos públicos destinados para ese fin.

Luis Amador, ministro del MOPT, indicó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que únicamente se mantiene vigente un contrato con H.Solís y es para atender un fragmento del área central de San José.

¿Qué harán? Existen unas órdenes previas, avaladas por la autoridad contralora, que permitirían reactivar contratos para colocar mezcla asfáltica. Este mecanismo estará en funcionamiento entre febrero y marzo de 2023.

"Yo fui a CGR con el presidente (Chaves) a pedir extrema urgencia, demostrándoles el pésimo estado de las carreteras, la CGR nos dijo: todavía tienen unas autorizaciones que nos había dado que están activas, úsenlas. Y eso es lo que estamos tratando de activar en este momento. Sin embargo, esas contrataciones solo permiten colocar asfalto y no controlar los drenajes. Si yo pongo asfalto sin drenajes, se me deteriora rápidamente y yo no tengo fiscalización para asegurarme que la colocación es adecuada", indicó el ministro.

Estas autorizaciones, por montos de entre $3 millones y $10 millones, regirán hasta por 2 años y la cantidad de recursos a atender se asignarían según la zona.

"Cuando yo llegué no había contratos. Los contratos son plurianuales de hasta 5 años. Hay que pedirlos 2 años antes por el proceso que llevan de adjudicación, apelación, etc. En este momento está la orden para que los preparen, porque ni siquiera estaban preparados. El gobierno anterior (Alvarado Quesada, 2018-2022) había pedido una extensión de 2 años, creo, de los contratos previos. Una mala práctica que se venía manteniendo y la CGR se los denegó. Vinieron los casos de corrupción (Cochinilla) y se quedaron sin contratos", describió el ministro.

En tanto, las licitaciones que permitirían atender las carreteras a largo plazo estarían listas para ser licitadas entre mayo y junio de 2023. Mientras, el mantenimiento se efectuará con las autorizaciones vigentes.

Costa Rica posee casi 8 mil kilómetros de rutas nacionales, de los cuales más de 5 mil kilómetros son en asfalto y más de 2 mil kilómetros corresponden a lastre.

¿Por qué llegamos a este nivel de deterioro? Desde febrero de 2021 están inactivos los contratos que mantuvo, desde 2015, el Conavi con distintas empresas para la atención de las 22 líneas en las que está distribuida la red vial nacional.

Desde 2019, el Conavi y el MOPT procuraron extender los contratos que vencían en 2021. No obstante, la CGR no avaló la solicitud al considerar que existían vacíos por atender para brindar una adecuada fiscalización en el uso de recursos.

En ese ínterin, en junio de 2021, se destapó el caso "Cochinilla", donde Constructora MECO S.A. y H.Solís, las 2 principales compañías encargadas del mantenimiento y la conservación vial, figuraron entre las implicadas.

Esta situación agravó la realidad administrativa y presupuestaria para licitar los nuevos contratos.

En paralelo, el Poder Ejecutivo también estudia la posibilidad de gestionar un crédito por $400 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para contratar mantenimiento vial.

Ese financiamiento también facilitaría recursos para sustituir puentes.

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