MOPT analiza concretar fideicomisos con el Banco Popular para ampliaciones viales

(CRHoy.com). El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) estudia la posibilidad de concretar fideicomisos con el Banco Popular (BP) para ejecutar ampliaciones en rutas nacionales.

Esta alternativa la reveló Luis Amador, titular de esa cartera, el 13 de abril durante una audiencia sostenida ante la comisión legislativa de la provincia de Cartago.

Ese día mencionaron las opciones viables para modernizar el corredor vial entre San José y Cartago, pues la propuesta para hacerlo por la vía de la concesión (ante un planteamiento de Constructora MECO S.A.) ha perdido fuerza ante dudas con el costo en los peajes y el requerimiento de un viaducto que enlazaría Zapote con Curridabat.

Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio (FA) por la provincia de Cartago, le consultó al ministro sobre la posibilidad de aprovechar la ley que se firmó en 2016 para ampliar la ruta San José-Cartago bajo un fideicomiso.

"Le contesto en el sentido amplio de esa propuesta y no refiriéndose en específico a este proyecto. Como ustedes han visto ha habido problemas con el único fideicomiso que ha estado ahí presente (suscrito con el Banco de Costa Rica, BCR) porque los bancos son un ente de captación de recursos, pero no son un ente técnico de ingeniería o fiscalización de construcción. Se ha estado trabajando, y vamos a cometer un poquito de infidelidad (sic) aquí, con el BP para tratar de ver si se puede dar algún tipo de fideicomiso donde ellos tengan algún tipo de asocio con otro ente que los refuerce desde el punto de vista ingenieril", comentó Amador.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el BCR conformaron desde 2017 el fideicomiso Ruta Uno para ampliar la ruta San José-San Ramón. Sin embargo, la actual Administración (Chaves Robles, 2022-2026) decidió acordar con la entidad financiera una adenda contractual para limitar el alcance de Ruta Uno, implementar un plan de transición y romper el fideicomiso a partir de diciembre de 2024.

Las autoridades consideran que este fideicomiso fracasó y criticaron los costos mensuales que demanda. En concreto, la ampliación integral de la vía San José-San Ramón estaba en el limbo y únicamente se había concluido el primer paquete de 5 "obras impostergables" (obis) que configuraban la fase previa a la modernización global.

"El fideicomiso de Ruta Uno, tal y como lo conocemos hoy en día, ha sido un fracaso. Entonces, si vamos a llegar a un fideicomiso, tiene que ser el banco como el que recauda, pero tiene que haber un ente competente técnico que es el que lo está manejando", citó Amador.

En el caso de la vía a San Ramón, la apuesta del gobierno es gestionar un crédito por $500 millones para financiar la ampliación integral. El proyecto sería ejecutado a través de una unidad ejecutora que se situaría en el Conavi. El MOPT espera concretar el financiamiento en 2024 e iniciar la ampliación en 2025.

Otra de las opciones para ampliar la ruta entre la capital y Cartago es el "reciclaje de activos viales", el cual en esencia consiste en financiar obras nuevas a través de la recolección de peajes en carreteras ya existentes.

"Hemos estado valorando aquellas carreteras en las que ya existen peajes. Se pueden tomar esos peajes y los recaudos de esos peajes para reasignar recursos y financiar expansiones futuras", añadió el jerarca.

La propuesta de MECO para modernizar la carretera San José-Cartago mediante una concesión estimaba una inversión requerida de $416 millones y un aporte estatal de aproximadamente $50 millones. Bajo los cálculos preliminares, el costo del peaje (ida y vuelta) sería de ₡1.000.

MECO planteó la iniciativa en 2019 en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022). Como ya se mencionó, se trata de un tramo de 20 kilómetros que incluiría un viaducto entre las Garantías Sociales y el sector de José María Zeledón/Hacienda Vieja (Curridabat) donde la carretera continúa a nivel. Entre Hacienda Vieja y Taras, la carretera existente se amplía a 3 carriles por sentido.

Para las autoridades actuales, la inclusión del viaducto preocupa debido a que consumiría más del 60% de la inversión requerida para la obra.

El mecanismo para desarrollar obras por concesión en Costa Rica estipula que si el postulante (en este caso MECO) no resulta adjudicado en el proceso de licitación, el Estado deberá cancelarle los gastos incurridos en la etapa de estudios.

La junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) tiene previsto discutir en próximos días el plan, el cual podría ser rechazado.