Modelo de red 5G del ICE no aprovecharía núcleo de 4G en el país

El modelo de red 5G propuesto en la licitación que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) publicó la semana pasada, no aprovecharía la infraestructura del núcleo de la actual red 4G.

El ICE propone una red "stand alone", es decir, se construye nueva infraestructura sin necesariamente aprovechar la base instalada ya existente del "core" (núcleo del sistema).

En el pliego de condiciones para la adquisición de bienes y servicios para la implementación de la red 5G entrega según demanda, se establece que la misma operará bajo una arquitectura SA (Stand Alone – opción 2).

Este principio se contrapone al "non-stand alone", el cual plantea que se puede reutilizar parte de la tecnología central con la que se cuenta en la actualidad, lo cual reduciría costos y tiempos de desarrollo de redes de quinta generación.

Al respecto, GSMA Latin America explica que las decisiones de los operadores a la hora de iniciar un despliegue de 5G "stand alone" (SA) pasan precisamente por la posibilidad de aprovechar las capacidades de 5G al máximo y el horizonte temporal en que se lo plantean.

"Un relevamiento de GSMA Intelligence revela que, en los primeros dos años desde el lanzamiento, menos del 20% de los operadores opta por una red SA, pero más allá del tercer año, prácticamente el 100% inicia un despliegue SA.

Este dato demuestra dos cosas: que 5G genera suficiente atractivo para generar un caso de negocio rentable y que la curva de aprendizaje que inicia con un rápido lanzamiento del servicio a través de redes "non-stand alone" (NSA) da sus frutos en un plazo no muy lejano", dice la organización sobre la estrategia de los operadores en el diseño de redes.

Consecuencias

Antes de que saliera el proceso licitatorio público, ya varios sectores habían advertido sobre las consecuencias de aplicar el modelo "stand alone", derivado de la imposibilidad de usar tecnología del mayor proveedor de la red 4G del ICE: la compañía asiática Huawei.

Con la inclusión del Convenio de Budapest en el Decreto Ejecutivo 44196-MSP-MICITT, empresas basadas en naciones que no firmaron el tratado internacional, no pueden ofrecer soluciones de infraestructura de telecomunicaciones en el territorio nacional.

Una de las perjudicadas es Huawei, transnacional que se ve impedida de participar como proveedor de equipos para redes de quinta generación, ya que su país de origen, China, no firmó el acuerdo que nada tiene que ver con ciberseguridad.

Acerca de los cálculos de la afectación, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe-UNA) de Universidad Nacional (UNA) estima que los operadores se verían obligados a hacer inversiones adicionales por 1.474 millones de dólares en un periodo de cinco años, lo que se traduce en un aumento de un 44% en los costos de inversión.

Esa fue una de las conclusiones a las que llegó su estudio Evaluación del impacto económico de la exclusión de proveedores de las inversiones de la red 5G en Costa Rica, de aplicarse el Reglamento sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores.

Por su parte, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) señaló en el oficio 06900-SUTEL-CS-2023 que la propuesta reglamentaria no cumple con el principio de neutralidad tecnológica, ya que está direccionada únicamente a un tipo de tecnología, incluso dejando de lado que las redes 5G pueden operar de forma interconectada con otras tecnologías como lo es el modo "non-stand alone", dada la facultad que ostentan los operadores de desarrollar y diseñar sus propias redes.

De igual manera, para el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (Siice) esta normativa compromete el rédito del ICE sobre una tecnología que resulta ser muy onerosa en su operacionalización.

"El decreto también omite la situación actual de los operadores de telecomunicaciones que hoy tienen equipos (inversiones) que se requieren para el despliegue de 5G, pero no cumplen con lo especificado en el decreto.

En el caso del ICE, ha invertido millones de dólares, como por ejemplo, en la actualización del Core 4G y las facilidades para voz sobre LTE (VoLTE), de cara a lo que sería una red 5G-NSA, pero bajo el marco del nuevo decreto esta inversión estaría comprometida por lo establecido en el mismo", manifestó el gremio sobre las nuevas inversiones que tendría que hacer el instituto para desarrollar una red IMT 2020 sin poder aprovechar los recursos con los que ya cuenta en la red de cuarta generación.

La discusión sobre el tema incluso llegó a la Asamblea Legislativa, donde se generó un acalorado debate en el Plenario durante el espacio de control político.

Una de las legisladoras que se refirió directamente al asunto fue Melina Ajoy.

"Los países que actualmente han desplegado esta tecnología lo han realizado por etapas y esto por el alto costo que representa la inversión en un mercado que demanda más conectividad y que no es tan rentable porque el mercado es competente, tal es así que los países que ya han implementado 5G lo han hecho utilizando tecnología ya instalada, por ejemplo, una primera etapa consiste en la conservación del núcleo donde está la mayor capacidad de la red y cambian la radiobase para adaptarse a 5G, es decir, lo hacen de manera paulatina y siendo concordante con la estrategia de inversión.

En el caso específico de nuestro país y bajo el escenario actual, deberán los operadores realizar la sustitución de equipos, productos y servicios y esos incrementos no se van a traducir a mejores tarifas para los usuarios", detalló la congresista socialcristiana durante la discusión parlamentaria, que enfatizó que el Convenio de Budapest no tiene relación con la ciberseguridad.