Mitad de teléfonos públicos que aún sobreviven están en cárceles

¿Se acuerda usted cuando iba al parque a realizar una llamada por teléfono público? Esos sistemas para muchos fueron un salvatandas para comunicarse con el mundo exterior, usando el sistema 110, tarjetas con un monto económico definido o utilizando sistemas de monedas.

La demanda de teléfonos públicos en Costa Rica va en caída libre. Cada vez existen menos unidades de este tipo en el territorio nacional.

Aunque estos dispositivos de comunicación bajaron en los últimos 5 años a nivel nacional, la mayoría de ellos se encuentran en cárceles.

Con corte a 2023, hay 2.443 teléfonos públicos a nivel nacional. De ellos, 1.190 se localizan en centros penitenciarios, según datos de la Gerencia de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

CRHoy.com consultó a la empresa estatal sobre si están valorando remover todas las unidades telefónicas de este tipo, tal y como sucede en otras latitudes en el mundo.

"La telefonía pública es un servicio de acceso universal que el ICE continúa manteniendo para todos sus clientes, bajo el enfoque de responsabilidad social. Así se garantiza la comunicación de los sectores más desprotegidos de la población y se evita aumentar la brecha tecnológica.

"Con el paso del tiempo y la apertura a nuevas tecnologías, los costarricenses han optado por utilizar otros medios. No obstante, el ICE tiene en funcionamiento 2.443 teléfonos públicos en todo el país. La mayor cantidad (1.190) en centros penales", sostuvieron desde el ICE.

La estadística que facilitó el ICE sobre la cobertura de teléfonos públicos en estos tipos de centros para el año 2016 fue de 623, por lo que en los últimos 8 años, el número se incrementó al doble.

Dentro de los principales motivos de remoción se encuentran el vandalismo, efectos de la naturaleza y accidentes de tránsito. De acuerdo con estadísticas del ICE, desde estos equipos se realizan cerca de 48.000 llamadas al día.

Al consultársele sobre el costo del ICE por año el mantener los teléfonos públicos, indicó que el servicio de telefonía fija basado en cobre provocó un déficit entre ₡525.096 millones entre 2015 y 2021 y alegó una supuesta conducta omisa del regulador.

Citaron que por esa razón existe un proceso abierto del instituto contra la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

"El costo de operación de la telefonía pública forma parte de los costos asociados al mantenimiento preventivo y correctivo de la toda la red de telecomunicaciones", detalló la empresa estatal.

Preocupación ciudadana

Gustavo Mata Vega, exministro de Seguridad y exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dijo a CRHoy.com que existe una preocupación ciudadana vinculada con la situación de seguridad que se vive en territorio nacional

Mata Vega afirmó que el uso de teléfonos públicos en centros penitenciarios debería darse para realizar cierto número de llamadas para tener un contacto con el mundo exterior como un asunto de humanidad.

Sin embargo, detalló que su utilización se está haciendo para tener contacto con organizaciones criminales con el fin de perpetrar estafas y hasta homicidios, luego de que los privados de libertad alquilan esos minutos a dichas estructuras en sitios penitenciarios.

Consideró que pese a las problemáticas, es muy poco probable que se retiren los teléfonos públicos de ahí porque hay una cuestión de garantía desde el punto de vista de los derechos humanos de estas poblaciones.

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Gerardo Castaing, especialista en criminalidad, indicó que se deben originar los lineamientos para la rehabilitación del privado de libertad con el propósito de mantener el vínculo diario con la familia.

Castaing aseguró que en teoría ese tipo de decisiones surgen para mejorar los patrones de comportamientos positivos.

El experto detalló que hay una disposición en cuanto al teléfono público en las cárceles que le dan garantía y seguridad a quien está recibiendo la llamada.

Según indicó, hay personas que atienden llamadas, las cuales son informadas mediante la tecnología de que la misma surge desde un centro penitenciario.

Afirmó que el usuario que está como recepción las llamadas telefónicas pueden tomar la decisión de aceptar o no la llamada.

Consideró el experto que debe darse una reforma para evitar que este tipo de incidentes no afecten a personas con algún tipo de estafas o que surjan algunos casos de homicidios.