Ministro sobre Crucitas: “el oro no se va para Nicaragua, sale por el aeropuerto”

(CRHoy.com). Sin pruebas concretas, Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, aseguró que el oro que los oreros y coligalleros ilegales extraen de Crucitas, en Cutris de San Carlos, "no se va para Nicaragua".

Según el jerarca, la mayoría del oro que se saca de esa región "sale por el aeropuerto internacional Juan Santamaría" con destino a países de Norteamérica (a ciudades como Miami) o Europa.

Esta explicación del titular contradice lo expuesto en otras ocasiones por el mismo Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP). Ambas entidades indicaron en el pasado que la tierra y el material eran sacados en vehículos hacia Nicaragua para desarrollar ahí el proceso de extracción.

Rodríguez indicó que el metal es adquirido en el mercado local en joyas que son fruto de un proceso previo de extracción y fundición, para luego –según sus palabras- ser sacado del país a través de la terminal aérea.

El ministro insistió ante el plenario de la Asamblea Legislativa que no hay un mecanismo de trazabilidad para seguir el material que es extraído en Crucitas y apuntó que este factor dificulta las investigaciones de los grupos delictivos organizados que estarían tras la actividad.

Al ser cuestionado por el diputado Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), Rodríguez insistió en que las actividades mineras ilegales "están contenidas" y a "un mínimo". No obstante, no supo dar datos concretos sobre la cantidad de oro o de material decomisado en los operativos conjuntos con el MSP.

Diferencias internas

Rodríguez dejó palpables diferencias de criterio y de ideología la Dirección General de Geología y Minas (DMG) adscrita al Minae. De hecho, no comparte las estimaciones hechas por esa dependencia al cifrar en $197 millones el monto económico del oro que habría sido extraído entre 2017 y 2018.

Incluso, dijo que con otra metodología contenida en un expediente de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el monto económico de lo extraído ronda entre $60 millones y $90 millones.

De igual manera, el jerarca confirmó diferencias ideológicas con el Colegio de Geólogos de Costa Rica, el cual ha hecho planteamientos para desarrollar proyectos de minería en Crucitas.

En Crucitas hay más de 20 fincas vulnerables a la extracción ilegal de oro. La principal se llama Vivoyet, en la cual precisamente se pretendió desarrollar el proyecto a cargo de la empresa canadiense Infinito Gold Mining.

El 7 de marzo pasado CRHoy.com informó que entre 2017 y 2018 los oreros clandestinos y coligalleros que operan en Crucitas saquearon cantidades de oro con un valor de mercado superior a los $197 millones (más de ₡112 mil millones, según el tipo de cambio actual).

Ese monto se traduce en 149.243 onzas troy extraídas en terrenos contenidos en 19 fincas ubicadas en esa localidad de Cutris de San Carlos.

La onza troy (ozt) es una unidad de medida británica que se utiliza para medir el peso y el valor de los metales preciosos.

Estos datos figuran en el informe DM-0154-2020, del 30 de enero de 2020, elaborado por el Minae. En ese mismo documento se señala que Costa Rica habría dejado de percibir ingresos directos por el canon de extracción de oro (2%, según normativa actual) por aproximadamente $4 millones (más de ₡2.2 mil millones, según el tipo de cambio actual) durante el período bajo análisis.

Los estudios de la DMG  estimaron a diciembre de 2018 que el área intervenida para la explotación de oro superaba las 45.11 hectáreas: 34.04 en sistemas coluvio-aluviales y 11.07 en sistemas subterráneos.

En 2019 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) realizó un estudio de la finca Vivoyet. Se analizaron más de 720 hectáreas, se identificaron 5 núcleos con afectación minera de 11.5.7 hectáreas y se determinaron 13.14 hectáreas con impactos por minería.

Entre 2001 y 2010 la empresa minera canadiense intentó desarrollar un proyecto de extracción de oro. Sin embargo, tras un pulso social y legal, la intención topó con pared en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ante irregularidades en el decreto de conveniencia nacional otorgado en 2008 que sustentó el proyecto. Esa gestión fue avalada por la administración Arias Sánchez (2006-2010).