Ministro ordenó a auditoría investigar pago a exministros
Auditoria determinó que ninguno de los dos presentó los títulos universitarios que ampararon el reconocimiento
Ministerio de Vivienda. Foto archivo.
Rosendo Pujol, Ministro de Vivienda, ordenó al departamento de Auditoria Interna de dicho ministerio que realizara una investigación del pago por concepto de compensación del 65% por el no ejercicio liberal de la profesión (prohibición) de los exministros Ángelo Altamura Carriero y Fernando Zumbado Jiménez.
La solicitud la hizo mediante el oficio MIVAH-DMVAH-1020-2017, del 17 de noviembre de 2017 esto por orden del Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, a quien luego se le remitió el resultado de la investigación.
El estudio ordenado por Pujol y Alfaro se da en medio de serios cuestionamientos ya que el Gobierno no ha sentado responsabilidades por el pago de sobresueldos en su propia administración.
Entre los salvados por esta situación están la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, que devolvió alrededor de ¢21 millones de los poco más de ¢27 millones que debe reintegrar, pero fue salvada de toda responsabilidad por parte del gobierno y continuó en su cargo. De igual forma salvó de toda responsabilidad a quien fuera directora de Recursos Humanos de Casa Presidencial, Ligia Vargas, por haber aprobado el pago a la Viceministra.
Además, se mantiene una investigación que lleva más de 9 meses en los casos de los ministros de Comercio Exterior, Alexander Mora y Planificación, Olga Marta Sánchez.
De igual forma el Gobierno anunció en mayo pasado que tenía una investigación contra 30 exministros y exviceministros que habrían recibido también el pago de prohibición de manera ilegal.
Vivienda investigó a Zumbado y Altamura
La Auditoria interna del Ministerio de Vivienda definió como objetivo del estudio "revisar que los pagos realizados a los exministros señor Ángelo Altamura Carnero del 28 de junio del 2005 al 07 de mayo del 2006 y Fernando Zumbado Jiménez del 09 de mayo de 1986 hasta el O8 de mayo de 1990 y del 08 de mayo de 2006 hasta el 16 de julio de 2008, se ajustaron a la normativa aplicable".
El estudio MIVAH-Al-161-2017 determinó que de la revisión efectuada a los expedientes de personal de ambos exministros no constan los documentos requeridos para el reconocimiento de la compensación por prohibición.
- No se observan copias de los títulos universitarios que ampararon el reconocimiento; por lo tanto, no se puede determinar el grado académico alcanzado por los exministros.
- Las acciones de personal no indican el fundamento legal bajo el cual se otorgó el reconomiento del pago de prohibición.
- En el expediente de los exministros no existe el documento de incorporación a algún colegio profesional.
Ángelo Altamura fue ministro de Vivienda en la administración del Expresidente Abel Pacheco, mientras que Fernando Zumbado ocupó el puesto en los dos gobiernos de Óscar Arias Sánchez.
En las conclusiones del estudio de la Auditoria interna de
l Ministerio de Vivienda se determinó que a Altamura Dse le canceló por concepto del 65% de prohibición durante el período 28 de junio del 2005 hasta el 7 de mayo del 2006, un monto ¢5.416.092.00 y a Fernando Zumbado Jiménez, por ese mismo concepto, durante el período de 8 de mayo del 2006 hasta el 16 de julio del 2008, la suma de ¢16.475.193.00.
Instrucción de Ministro de Presidencia
CRHoy.com consultó a Pujol sobre quién o quiénes en Casa Presidencial solicitaron la información. En una respuesta enviada por correo electrónico, por medio de la Oficina de Prensa, explicó que la solicitud se realizó por instrucción del Ministro de la Presidencia, en atención a lo indicado en el oficio GCR/DJ-0495 y DFOE-DI-0660 de la Contraloría General de la República, "referentes a la competencia prevalente y vinculante de la Contraloría General de la República para emitir criterio en cuanto a los pagos de prohibición de los servidores del Estado".
"Cabe indicar que mediante oficio DM-515-2017 del 23 de mayo de 2017, el Ministerio de la Presidencia remitió a la Contraloría General de la República un listado de casos de diferentes Administraciones, de los cuales no consta en los respectivos expedientes personales información que permita acreditar que los pagos de compensación por prohibición se apegan a los parámetros establecidos por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. Después de recibido el informe de la auditoría interna AI-161-2017, éste se remitió el 14 de diciembre al Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, respondiendo al oficio DM-860-2017", comentó Pujol.