Ministro de Justicia anuncia investigación por nueva cárcel en Alajuela

(CRHoy.com) El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, anunció este lunes la apertura de una investigación por la construcción de la segunda etapa del Centro de Atención Institucional (CAI) Terrazas, en San Rafael de Alajuela.

La pesquisa es de carácter preliminar y está a cargo de la Asesoría Jurídica de la cartera, de acuerdo con la viceministra administrativa Carolina Castro Del Castillo.

"Aquí no estamos investigando a nadie en concreto. Estamos por el momento investigando los hechos: ¿cómo se propuso? ¿Quién hizo los diseños? ¿Quién dio el aval? ¿Quién dio el visto bueno a nivel de jerarquía? Porque humildemente con la experiencia que tenemos aquí en el área policial, este edificio no lo vemos viable como un área para mantener privados de libertad.

"Ese es nuestro criterio, pero para tenerlo claro, como esto ya fue adjudicado, queremos revisar hacia atrás y si hay algo irregular, nosotros lo vamos a trasladar a las instancias para que sean estas las que señalen si hay delitos o no, o si hay responsabilidad civil o no, porque hablamos de ¢5.800 millones que todos los costarricenses están poniendo en algo que no está sirviendo para el sistema penitenciario", indicó Campos Valverde ante una consulta de CRHoy.com.

Al penal -adjudicado en firme el 6 de mayo pasado, en la administración de Carlos Alvarado Quesada- se le identificaron como riesgos, por ejemplo, que sus paredes tendrán en su interior estereofón, lo que posibilita que los privados de libertad introduzcan -entre otros- dispositivos electrónicos o drogas.

De igual manera, se identificaron problemas con un ducto cerrado de escaleras para policías, pues el ancho no es suficiente en caso de que los oficiales porten su equipo de protección para intervenciones. A ello se suma que el espacio no tiene ventilación, a pesar de que la cárcel estará en una zona caliente.

Uso distinto bajo estudio

Los problemas antes mencionados hacen que el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) se debata sobre el futuro del edificio, sin posibilidad alguna de dar marcha atrás con la contratación o sus planos, de acuerdo con Gerald Campos Valverde.

"El proyecto tiene que ir de la forma en que está, no lo podemos variar. Tratamos de ver todos los mecanismos legales para hacerlo, pero es más el costo que se puede llevar la empresa por no hacerlo. Sabemos que el sistema penitenciario y los compañeros policías también tienen necesidades de infraestructura, entonces estamos viendo viable tomar el edificio y utilizarlo para el área administrativa y la Policía Penitenciaria", indicó el jerarca.

Otros aspectos detallados por la viceministra Carolina Castro Del Castillo tienen que ver con la limitada el área de lavado y secado de ropa de los reclusos, así como las ventanas de vidrio que constituyen un peligro en el tanto que, al quebrarse, pueden constituirse en un arma. También se tiene que el proyecto prevé la instalación de camas de madera, en vez de metal o concreto, aún cuando el primero de los materiales es combustible.

Asimismo, se temen riesgos con los sistemas electromecánicos y de distribución de agua, ya que el edificio es vertical, lo que incrementa las posibilidades de que estas sean blanco de de vandalismo.

Sumado a todo lo anterior la viceministra indicó que la nueva cárcel no prevé un espacio para visitas íntimas, cocina, área de monitoreo electrónico ni las plazas de la Policía Penitenciaria -y su alojamiento- para la vigilancia del penitenciario.

El centro penal inició su construcción a inicios de mes y se espera que esté culminado en marzo de 2023. El costo de la obra es de ¢5.800 millones, a cancelar a la empresa Navarro y Avilés. La estructura se compone de dos torres con capacidad para albergar a 312 privados de libertad cada una.

Nota del redactor: Esta publicación fue ampliada a la 1:10 p.m. del 11 de julio de 2022.