Ministra cita delito que nunca dijo Fiscalía tras allanamientos en caso Barrenador
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, citó un presunto delito del cual nunca dijo el Ministerio Público que se está investigando tras los allanamientos ocurridos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otros 27 puntos más por la adjudicación de EBAIS a cooperativas.
Fernández comentó en el video enviado por Casa Presidencial durante este lunes que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga un supuesto prevaricato, es decir, un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
"¿Cómo es posible que la Fiscalía argumente que hay prevaricato si la adjudicación ni está en firme? ¿Cómo podría haber prevaricato si ningún Tribunal Contencioso Administrativo ha declarado algún acto ilegal en lo decidido por la Junta Directiva de la Caja?", indicó Fernández.
El artículo 357 del Código Penal, tipifica esta práctica delictiva con penas entre 2 a 6 años de cárcel.
Sin embargo, en el comunicado que emitió el Ministerio Público nunca señaló al prevaricato como un posible delito dentro de la investigación que se sigue.
"La FAPTA dirige 28 allanamientos como parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024", fue el comunicado que se envió a los medios, sin que se indicara que el caso fuera por prevaricato.
De acuerdo con las autoridades judiciales, se investigan contratos adjudicados a cooperativas por sobreprecios de 12.400 millones colones anuales, mientras que los miembros de Junta Directiva habrían sostenido encuentros con oferentes.