Ministerio Público gestionó prórroga de detención de Celso Gamboa, Pecho de Rata y tercer extraditable

La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público fue la autoridad que solicitó la ampliación de la detención del exministro Celso Gamboa Sánchez, el exconvicto por narcotráfico Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, y el presunto lavador Jonathan Álvarez Alfaro, los primeros tres costarricenses con procesos de extradición en curso.

Documentación a la que CR Hoy tuvo acceso este jueves demuestra que ese despacho de la fiscalía se encargó de pedir al Tribunal Penal de San José extender de forma indefinida la detención provisional de estos tres supuestos narcotraficantes, requeridos por Estados Unidos.

Tal como reveló este medio en horas de la mañana, ya se coordinó la solicitud para ampliar la medida cautelar que mantiene a los tres privados de libertad mientras se resuelve la petición de extradición.

El juez a cargo del trámite concedió audiencia a los abogados defensores, otorgándoles un plazo de tres días para manifestar su postura, ya sea oponiéndose a que permanezcan recluidos o bien sin objetar la detención.

El trámite fue gestionado por la OATRI, oficina adscrita a la Fiscalía General, encargada de promover y coordinar la cooperación jurídica internacional en materia penal.

Entre sus funciones está tramitar y dar seguimiento a solicitudes de extradición, solicitudes de asistencia penal internacional y cartas rogatorias. Según la normativa del MP (Circular 22-ADM-2020), la coordinación de las extradiciones le corresponde a esta entidad.

Otra circular (13-ADM-2018) establece que la OATRI está plenamente autorizada para gestionar trámites internacionales, incluidas las solicitudes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que investigó a Gamboa, López y Álvarez.

El Tribunal Penal de San José, encargado de tramitar la petición de extradición y eventualmente autorizarla o rechazarla, aceptó la participación de esta oficina de la Fiscalía, según confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

De acuerdo con el expediente de extradición —cuyos detalles CR Hoy publicó en primicia 24 horas después de la captura—, los tres enfrentan acusaciones por dos cargos relacionados con el tráfico ilegal de estupefacientes.

La justicia estadounidense les imputa los delitos de conspiración para traficar drogas, así como fabricación y distribución de cocaína con la intención de importarla ilegalmente a EE. UU.

Por esta razón, el Tribunal para el Distrito Este de Texas, con sede en Dallas, emitió una orden de captura internacional luego de investigaciones de la DEA, en colaboración con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Entre el 23 y el 24 de junio, agentes del OIJ detuvieron a los tres extraditables. En esa ocasión, la Embajada pidió dos meses de detención, plazo que vence a finales de la próxima semana.

Según la solicitud de prórroga en poder de CR Hoy, la razón para pedir la ampliación es que persisten los posibles riesgos de fuga:

"(…) esta representación fiscal solicita a este Honorable Tribunal Penal prorrogar la medida cautelar de detención provisional de los requeridos, por considerar que esta medida cautelar resulta necesaria, útil y proporcional para garantizar la sujeción de los extraditables al procedimiento de extradición, así como la obligación que como Estado nuestro país adquirió con el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Tratado de Extradición Bilateral entre ambos países.", cita el documento.

Según el juez a cargo y el documento, al día de hoy la Embajada estadounidense no ha presentado la documentación; no obstante, está corriendo el plazo —que aún no vence— para que ese gobierno formalice la solicitud de extradición contra los acusados.

Por ello se solicita ampliar el plazo de detención, dado que el Ministerio Público reconoce que el procedimiento apenas está comenzando.

La petición de que la detención sea indefinida, es decir, sin plazo de vencimiento, se fundamenta en el artículo 12 del Tratado de Extradición entre los Gobiernos de Costa Rica y EE. UU., que dispone:

"ARTÍCULO 12: Detención y Libertad 

Una persona que haya sido detenida de acuerdo con este Tratado, no será puesta en libertad hasta que la solicitud de extradición haya sido resuelta definitivamente, a menos que la ley de extradición del Estado Requerido lo estipule o este Tratado disponga la libertad de la persona reclamada."

En años anteriores, la Sala Constitucional ya ha autorizado que la detención provisional por extradición se mantenga hasta que se decida si el sospechoso será remitido o no a otro país.

"…Como se indicó, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido reiteradamente que la medida cautelar de la detención provisional en este tipo de procesos es legítima y no tiene otro término que el fijado en el Convenio (…) la libertad de un individuo sujeto a la extradición no sería posible hasta que finalicen las diligencias, ya sea cuando la autoridad jurisdiccional resuelva finalmente la petición en divergencia con los principios y parámetros establecidos en el propio acuerdo internacional…", dictó la Sala IV en el voto 8261-2008.

El Tribunal Constitucional ha sido claro al mantener el criterio de que no se violentan las garantías de las personas sometidas a este tipo de procedimientos cuando se ordena su detención hasta que se resuelva de manera definitiva la solicitud de extradición.

Defensa refuta intervención de Fiscalía

Michael Castillo, uno de los abogados del exmagistrado y exministro, explicó que, según el criterio del equipo legal de Celso Gamboa, el Ministerio Público no debería realizar este tipo de solicitudes.

Los defensores ya presentaron su respuesta a la solicitud de prórroga de la detención, en la que cuestionaron la legitimidad de la OATRI para promover la permanencia de Gamboa en prisión.

"Nosotros dentro de los alegatos que ya hemos extendido al Tribunal de manera escrita, le hemos indicado que que la Oficina carece de competencia para realizar ese tipo de gestiones, por cuanto el mismo tribunal a la hora de que ordena la la detención de Celso, deja claro que las partes procesales dentro de este proceso son el país requerido, que en este caso es el gobierno de los Estados Unidos, la parte extraditable, que en este caso seríamos nosotros en representación de Celso y en representación del Estado sería la Procuraduría General de la República.

El Ministerio Público como tal, que en este caso representado por la OATRI que es una extensión de la Fiscalía General, que es una oficina que simplemente brinda asesoría a temas internacionales. No que no tienen competencia para actuar.

Recordemos que días atrás incluso el señor fiscal general Don Carlo Díaz ante entrevistas en prensa se ha manifestado diciendo que ellos como ente no van a participar de este procedimiento,  que ellos estén ellos no tienen jurisdicción, no tienen persecución penal en este procedimiento y que únicamente estaban como observadores en caso de que se requiriera actuar de alguna forma estaría nombrando un fiscal", indicó Castillo en entrevista con este medio.

Según Castillo, el Ministerio Público no puede representar los intereses de un Estado extranjero, ya que Estados Unidos cuenta con Embajada en el país.

Además, agregó que, aun si existiera una petición de tribunales estadounidenses para ampliar la detención, el documento presentado por la OATRI carece de respaldo que acredite una solicitud formal del Gobierno norteamericano.

"A hoy, no hay un pronunciamiento por parte del gobierno de Estados Unidos, no hay un requerimiento formal ni siquiera de prórroga de atención provisional y tampoco una solicitud de la modificación o cese de algún tipo de modalidad de atención", añadió el jurista.

Este medio intentó conocer la postura del Ministerio Público; sin embargo, al cierre de esta publicación, la consulta seguía en trámite.

Los extraditables

De acuerdo con el expediente de extradición —cuyos detalles CR Hoy reveló en primicia apenas 24 horas después de la captura—, la DEA perfila a Gamboa como coordinador regional del Cártel del Golfo, con conexiones en Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras y México.

También lo vincula con el Cártel de Sinaloa (México) y con el Clan del Golfo (Colombia), con los que presuntamente coordinaba la adquisición de cocaína para almacenarla en Costa Rica y posteriormente enviarla hacia el norte.

Según reveló también este medio, en septiembre de 2023 Gamboa aseguró a dos de sus supuestos socios —quienes en realidad eran informantes confidenciales de la DEA— que el gobierno actual le permitía introducir cocaína al país.

Alias Pecho de Rata, exconvicto por narcotráfico, fue el primero en ser detenido y podría convertirse en el primer ciudadano costarricense extraditado desde el país. Fue capturado por el OIJ en una de sus propiedades en Cahuita, Limón.

En diciembre de 2023 salió de prisión tras cumplir una condena de ocho años por narcotráfico, luego de ser vinculado con el decomiso de más de 300 kilogramos de cocaína.

Según el informe de la DEA que respalda la solicitud de extradición, López —también identificado como Diosito o Rey de Cahuita— utilizaba una propiedad en Sixaola para recibir aviones cargados de cocaína.

Se trataba de dos fincas con salidas directas a playa Gandoca y al río Sixaola, en la frontera con Panamá, ubicadas a tan solo diez minutos de tránsito. Estos puntos, identificados por las autoridades como rutas de ingreso de droga, quedaron más vulnerables desde 2023 ante la ausencia de Guardacostas.

Las propiedades no estaban a nombre de López Vega, sino arrendadas por la sociedad anónima Hermanos López Tyndall, integrada por sus hijos y en la que él figuró como fiscal. La DEA señala que en esa sociedad aún participan sus hijos y su exesposa, y que las fincas abarcan unas 95 hectáreas.

Una fuente confidencial (CS-1, por confidential source) declaró que López Vega había adquirido una propiedad en Sixaola para recibir aeronaves con cocaína y que mantenía una estrecha colaboración con Gamboa Sánchez, incluso lavando dinero a través de un equipo de fútbol profesional en Limón.

El tercer extraditable, Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, de 46 años, es señalado por la DEA como líder de una organización narcotraficante que opera en Norte, Centro y Sudamérica desde al menos 2008.

El ganadero figura como uno de los principales responsables de coordinar envíos de cocaína desde Costa Rica hacia territorio estadounidense desde al menos 2014. Según el expediente, su organización habría generado al menos 1,2 millones de dólares en ganancias ilícitas.

Con base en el testimonio de testigos colaboradores y en comunicaciones interceptadas legalmente a asociados de Álvarez Alfaro, las autoridades determinaron su participación en el envío de un cargamento de 328 kilos de cocaína, incautado en San José el 21 de julio de 2016.

Ese día, gracias a inteligencia obtenida de las interceptaciones y otras fuentes, la policía vigiló a dos de sus asociados que conducían una camioneta Toyota Hilux supuestamente cargada con cocaína. Al detener y registrar el vehículo, hallaron unos 149 kilos de la droga ocultos y arrestaron a los ocupantes.