Minae investiga a empleados de Setena para sancionarlos por atrasos
SETENA tiene alrededor de mil expedientes atrasados
El ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) abrió una investigación contra todos los funcionarios que componen la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) con el objetivo de determinar si algunos están entorpeciendo el proceso de trámites ambientales en esa entidad y con ello contribuyendo al cuello de botella que mantiene cerca de 1000 expedientes atrasados en esa entidad.
La investigación pretende determinar si es posible abrir procedimientos administrativos contra los empleados, y eventualmente aplicarles sanciones.
La medida se reseña en una carta bajo oficio DVGA-016-2018 del 20 de junio enviada por la viceministra de Ambiente María Celeste López, al diputado de la Unidad Social Cristiana Pedro Muñoz.
En ella la funcionaria hace un resumen de las medidas adoptadas hasta ahora para tratar de reducir la presa de expedientes y señala que como parte de las medidas de la presente administración se encuentra "el investigar y aplicar los procedimientos que correspondan para la identificación y eventual sanción de aquellos funcionarios responsables de la problemática señalada en SETENA, así como de cualquier otra irregularidad que logre detectarse durante el proceso".
Según López se establecerán los procedimientos administrativos que estipule la ley y en los casos que corresponda, e incluso se podrían elevar casos a instancias judiciales:
Se debe cumplir con el respectivo procedimiento contra aquellos funcionarios sobre los que se logre determinar algún tipo de responsabilidad por acciones u omisiones que afecten la gestión de SETENA. Lo anterior sin perjuicio de que se determine que existan conductas que por su naturaleza podrían ser tramitadas en sede judicial y por lo tanto se presenten las denuncias correspondientes.
La Viceministra no señaló un plazo en el cual esta investigación podría concluir.
De acuerdo a la normativa, SETENA está obligada por ley a resolver en plazos prudenciales los trámites ambientales que le competen; sin embargo esto no ocurre, además de que los usuarios tampoco exigen cumplir la ley por temor a no recibir un trato adecuado con futuros proyectos.
Así lo afirmó en un foro realizado en el Congreso la semana anterior el consultor ambiental Carlos Dengo Garrón, al afirmar que "los tiempos de respuesta quedan sin sanción… hay miedo del administrado a usar los mecanismos legales sobre los plazos de entrega".
SETENA logró aumentar su planilla al pasar de 79 plazas en 2014 a 92 en abril de 2018.
Plan remedial
El plan remedial que se aplica en SETENA para tratar de reducir la presa incluye el destinar más personal para tratar de sacar 185 de 300 expedientes considerados prioritarios antes de los primeros 100 días del gobierno de Carlos Alvarado.
Como parte de estas medidas se trabaja en la implementación de una plataforma digital para la atención de trámites la cual se encuentra en etapa de pruebas y se espera se encuentre en operación y disponible al público a partir de agosto.
Asimismo se trabaja en otros aspectos tales la revisión de la normativa vigente, reglamentación en proceso de elaboración, procedimientos actualmente en aplicación, entre otros.
Los proyectos empantanados en SETENA representan unos $2.783 millones en inversiones que no se pueden ejecutar hasta que se otorguen los permisos.