Miguel Ángel Rodríguez afronta hoy juicio por caso que data de hace 24 años
Caso “Reaseguros”, investigado desde 2001 por supuestos pagos irregulares de compañías extranjeras para vincularse al INS
Este lunes inició el juicio contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) por el caso denominado "Reaseguros", que se remonta a hace 24 años. El debate oral y público se lleva a cabo en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública en Goicoechea.
El exmandatario y otras seis personas, de apellidos Zawadzki, Acuña, Cordero, Bonilla, Corrales y Lara, son acusados por el Ministerio Público del delito de peculado.
El caso se origina en 2001, cuando, aparentemente, empresas reaseguradoras del Reino Unido habrían realizado pagos a funcionarios de la administración para convertirse en las compañías reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Una empresa reaseguradora es una compañía que ofrece seguros a otras aseguradoras, asumiendo parte de los riesgos que estas han cubierto a sus clientes.
De esta manera, las reaseguradoras permiten a las aseguradoras reducir su exposición a pérdidas financieras cuantiosas, aumentar su capacidad para ofrecer pólizas más amplias y mantener su estabilidad económica frente a siniestros de gran magnitud.
El peculado es el delito que comete un funcionario público cuando sustrae o desvía dineros o bienes del erario cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo. También aplica cuando un funcionario utiliza, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración pública o bienes que le pertenecen.
En este caso específico, se investiga un supuesto pago de la compañía inglesa PWS a diversos funcionarios por $2,1 millones. Un segundo hecho está vinculado con presuntas comisiones y pagos de las empresas Guy Carpenter y Willis Re durante 2001.
Incluso, en 2006 medios de comunicación denunciaron que, presuntamente, dinero de la compañía mexicana Guy Carpenter se habría utilizado para pagar la tarjeta de crédito del expresidente Rodríguez por más de $47.000.
En febrero de 2014 se dictó un sobreseimiento definitivo; sin embargo, en agosto de ese mismo año se ordenó una audiencia preliminar para determinar si el caso iría a juicio. Entre procesos que se suspendían y reanudaban, el debate nunca se celebró hasta casi dos décadas y media después.
En el juicio participan tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República, además de la representación legal del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Tropiezos
El arranque del juicio no se pudo realizar de inmediato y estuvo cargado de tropiezos, entre ellos una solicitud para apartar a una jueza y la separación de varios imputados en un expediente.
Una de las primeras en ser separada fue la imputada Roxana Cordero, quien por motivos psicológicos no puede ejercer su defensa y en lo que queda del año no existen espacios disponibles en Psiquiatría Forense para valorarla, por lo cual será juzgada por aparte.
En el mismo sentido, por una incapacidad médica fue separado el acusado Cristobal Zawadzki. Los jueces también eliminaron del expediente a Gilda Montes de Oca, quien falleció.
Posterior a resolver este incidente, el Ministerio Público presentó una recusación contra la jueza Mercedes Muñoz Campos, quien preside el Tribunal, porque al parecer participó en un acto previo al juicio de este caso, generando dudas sobre la imparcialidad.
La juzgadora rechazó la petición para hacerla a un lado, argumentando que no se pronunció por el fondo ni hizo valoración de prueba.
