Mientras empresas recortan jornadas y salarios, gobierno se resiste a sacrificios por COVID-19

(CRHoy.com) Este sábado, el Presidente de la República, Carlos Alvarado, sentenció la ley de Reducción de Jornada Laboral para mitigar el impacto económico y prevenir el desempleo debido a la crisis por el COVID-19, pero esto solo loa aplicará el sector privado.

La ley le otorga a los patronos la posibilidad de reducir hasta en un 50% las jornadas de sus empleados, siempre que logren demostrar que sus ingresos disminuyeron en un 20% y por consiguiente, podrán ajustar los salarios. Esta es una medida temporal, inicialmente por tres meses.

Pero, ¿podría aplicarse la misma medida en el sector público? La respuesta es que se necesitaría de voluntad política para hacer modificaciones de ley; y parece que de momento no eso es algo que esté valorando el Poder Ejecutivo.

Consultada por este medio, Geannina Dinarte, Ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dijo que “este planteamiento requeriría de reformas de ley, de reformas que además no son sencillas y creo que definitivamente tenemos un reto como país de generar alternativas para que el Estado siga funcionado”.

>-->

La jerarca enumeró las medidas que han venido aplicando en el aparato estatal, entre ellas, el teletrabajo, goce de vacaciones y la posibilidad de reasignar funciones para aquellos, que por su dinámica laboral, no puedan trabajar desde sus hogares. Sin embargo, a ninguno de los empleados públicos del país le tocarán sus salarios ni los pluses. El sacrificio lo hará solamente el sector privado.

Dinarte dice, eso sí, que si la crisis se prolonga deberán hacer otras valoraciones para el sector, pero no adelantó de qué tipo.

“Los empleados públicos no pueden seguir actuando como si la cosa no fuera con ellos”

Consultado en la misma línea, el economista Eli Feinzaig sostiene que la reducción de jornadas en el sector público no solo es posible, sino que también es necesaria, pero dependerá de la voluntad política por parte del Ejecutivo.

“La iniciativa tiene que salir del Poder Ejecutivo. Estoy seguro que la Asamblea legislativa lo aprobaría”, agregó el economista.

Reiteró que para el Poder Ejecutivo es “obligatorio mitigar el impacto al sector privado y la reducción de jornadas para aquellos trabajadores que no cumplen funciones esenciales no solo es una forma de reducir gasto, también es una forma de reducir el riesgo de que ellos se contagien”.

Según el experto, el escenario es complejo para la economía mundial y nacional, y en nuestro caso, se prevé un crecimiento del gasto público por la compra de insumos y equipos para la atención de los pacientes y por las eventuales transferencias económicas para quienes queden desempleados o en vulnerabilidad social.

El experto llama a un sacrificio colectivo, no solo para las empresas, por lo que “los empleados públicos no pueden seguir actuando como si la cosa no fuera con ellos”.

“Si la crisis se prolonga, estos tres meses de moratoria en pago de impuestos y a la seguridad social se tendrán que entender y eso representará un aumento en el gato y disminución en la recaudación por impuesto”, puntualizó Feinzaig.