MEP no da abasto para atender casos de abusos y violencia a estudiantes

El Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene pocos de funcionarios que puedan atender los casos de maltratos físicos, emocional, abuso sexual o trato de corruptor en centros educativos.

Solo en 2023 se tramitaron 265 casos, de los cuales se resolvieron solamente 87 y quedaron pendientes 178, según informó la Defensoría, situación que pone en riesgo a cientos de menores en las escuelas y colegios.

Esto equivale, según datos de Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, a que a noviembre del año anterior, de esos 265 casos, al menos el 67 % esta pendiente de resolver.

En una reciente investigación que llevó a cabo la Defensoría de los Habitantes, se constató que para el trámite de todos los expedientes de este tipo de casos que se tramitan con la ley N°9999, son solo 7 asesores legales quienes atienden las denuncias que llegan de todas las instituciones.

Cuando ocurre un caso de este tipo, los orientadores son quienes inicialmente activan el protocolo e inician un proceso para no revictimizar al estudiante.

Según explicó el presidente del Colegio de Profesionales en Orientación (CPO), Osvaldo Trejos, la idea con esta ley (9999) siempre es resguardar al estudiante.

Esta ley que es un punto como más concreto para que el estudiante al haber sido víctima de alguna de estas situaciones pueda realmente canalizarse su situación, entonces el profesional de orientación si es a quien el estudiante le hace la revelación, inmediatamente hacer todo el proceso, el profesional de orientación también le toca capacitar al personal por si la revelación se la hace a cualquiera de los profesores o maestros, porque todo mundo está en la responsabilidad de responder a la necesidad de un estudiante ante una revelación de este tipo (denuncia por abuso, maltrato etc), explicó Trejos.

Pero, ¿cuál es la ley 9999 y por qué es tan importante? La misma indica lo siguiente:

"Esta ley tiene por objetivo reconocer la condición de sujeto de derecho de los menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo que cobija a la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), que tengan por objeto determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de denuncia por daños a la propiedad, maltrato físico, emocional, trato corruptor, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual o cualquier otra conducta tipificada como delito sexual por el capítulo de delitos sexuales del Código Penal, que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas", detalla el artículo 2 de la ley costarricense.

De acuerdo con el presidente de CPO, el protocolo se activa; no obstante, el vacío está en las plazas y cantidad de funcionarios que atienden estos casos; es decir, los asesores y abogados que toman los casos para analizar.

Ese faltante de plazas son de abogados que llevan todos estos procesos, porque en realidad sí se están haciendo los trámites, lo único es que la denuncia se hace, pero la resolución de todo el proceso es de un personal en la parte de derecho.

Nosotros (los orientadores) como entes denunciadores, hasta ahí llega nuestro rol, en la parte de denunciar, de no revictimizar, en que si usted me lo dijo a mí como estudiante yo le creo lo que usted está diciendo y es a otro ente que le tocaría hacer toda esta verificación, explicó Trejos.

Por esta situación de falta de funcionarios para atender los casos de violencia a los menores, se consultó al MEP; sin embargo, al cierre de esta nota no se ha obtenido una respuesta.

El MEP incumple

Según señala la Defensoría, el MEP incumple algunos aspectos en la Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de los menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense, normativa que empezó a regir en el 2021.

Por este tema, giraron varias recomendaciones para proteger los derechos de la niñez y adolescencia estudiantil.

Al MEP, se le recomienda realizar un estudio de cargas de trabajo, ya que, hasta agosto del 2023, se contaba con siete asesores para todo el país.

Además, solicitarle a la autoridad presupuestaria las plazas necesarias para hacerle frente a la responsabilidad que exige la Ley y mientras esto se resuelve, se sugiere gestionar el traslado de plazas para poder tramitar los expedientes que quedaron pendientes del 2023, ya que según datos de Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, a noviembre del año anterior se habían tramitado 265 casos, de los cuales el 67 % estaba pendiente de resolver, señaló el órgano defensor

Asimismo, solicitó a la cartera educativa indicar las acciones de la instalación de espacios adecuados que puedan garantizar la integridad emocional de los menores, así como los resultados de las inspecciones realizadas a las Direcciones Regionales para verificar si reúnen las condiciones mínimas para las audiencias, según establecido en la Ley.