¿Menos salario? Estas son las razones por las que los jueces se oponen al plan fiscal

"Estamos claros en que debe haber una reforma fiscal por la situación. Es una cuestión que meridiana y responsablemente cualquier costarricense está seguro que debe pasar. Sin embargo, esta reforma no debe ser tal que afecte a un poder de la República", con estas palabras Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de Jueces (Acojud), reafirma que ese gremio -contenido en el Poder Judicial- está opuesto al actual proyecto para sanear las finanzas públicas.

Esa agrupación, una de las varias asociaciones gremiales de ese poder de la República, alzó la voz para insistir en que el actual texto en discusión (el 20.580) debe regresar a comisión para solventar algunas 'inconsistencias' que –según ellos- rayarían en la inconstitucionalidad.

"En la materialización de efectos que va a tener, se exponen una serie de cambios regulatorios en las condiciones salariales y el equilibrio de la estabilidad del Poder Judicial. Esto lo debilita completamente. Por eso, ponemos los ejemplos en el pago de los incentivos. Por ejemplo, el incentivo de disponibilidad con respecto a los jueces que deben salir en la noche a atender femicidios o casos de violencia doméstica se acaba", expresó Orocú.

El gremio reclama que:

• El proyecto fiscal cambia "políticamente" la estructura salarial de los jueces sin –supuestamente- un criterio técnico.
• Se reduce el pago de la prohibición de un 65% a un 30% máximo.
• Habrá jueces de un mismo nivel con una estructura salarial distinta y apuntan que el tope de cesantía es rebajado de 12 a 8 años.
• Se pasa el pago de anualidades a un monto nominal y las congela.
• Que el texto nunca fue consultado con el Poder Judicial.

"El pago de prohibición que es el que inhibe a cualquier funcionario judicial de trabajar liberalmente (de manera privada) y que eventualmente tenga un ingreso mucho mayor. Pero, nosotros optamos por trabajar aquí. Ese incentivo de prohibición se reduce de un 65% a un 30% para debilitar el régimen salarial del Poder Judicial. Eso, eventualmente, puede atentar a favor de la corrupción.

Y, segundo: habría funcionarios de 2 categorías. Por ejemplo, un juez 3 que esté iniciando, que ya haya pasado todo el proceso de carrera judicial, tendría un salario de 1.5 millones menos que un juez 3 que tenga 10 años de trabajo. Será una gran desigualdad salarial y funcionarial con esta ley", dijo la representante.

¿Qué piden?

Orocú dijo que no están opuestos a la evaluación del desempeño y a que las anualidades se paguen con respecto a eso. Sin embargo, piden que ese pago responda a un mantenimiento de las condiciones adquisitivas del salario. "Esto implica independencia de las personas que ejercen la judicatura. Esto viene en  estabilidad y que el Poder Judicial sea menos vulnerable a la corrupción. ¿Imaginate un Poder Judicial debilitado salarialmente ante un crecimiento exponencial del lavado de dinero o el narcotráfico?", alegó la dirigente.

Según Acojud, constitucionalmente los diputados tuvieron que poner el proyecto en consulta a la Corte Suprema de Justicia porque, de lo contrario, según su óptica, podría traerse abajo "toda la propuesta" en caso de ser aprobada.

"Queremos un proyecto que regule las finanzas del país, pero que sea más justo y que no ponga en riesgo la institucionalidad del Poder Judicial (…) El bloque inicial contra todo el plan fiscal fue del grupo sindical del Poder Judicial que tiene prácticamente a todos los funcionarios de la entidad en el país. Nosotros tuvimos acompañamiento de los sindicatos, pero como jueces mal haríamos en no alzar la voz cuando eventualmente puede haber un atropello de la institucionalidad en esta situación", finalizó Orocú.

Para los jueces, en un eventual proceso de diálogo para reconstruir la propuesta, deben contar con un representante que traslade las preocupaciones propias de la institución.